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El gobierno está evaluando un bono para los sectores de la población que se encuentran en la indigencia. Hace una semana, a través de su cuenta de Twitter, CFK envió un mensaje al ´superministro´ Massa diciendo que “es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia”. Algunos medios unieron esto con las afirmaciones de Máximo Kirchner en un acto en Morón, donde sostuvo que “el país fue puesto de rodillas” por las cerealeras con el dólar-soja y lo contrastó con la actitud del gobierno hacia las tomas de escuelas y la lucha de los trabajadores del neumático. Atando estos cabos, se apresuraron a anunciar un “fin de la luna de miel” entre el kirchernismo y Sergio Massa.
Desde hace un tiempo, Massa se encuentra en negociaciones con la titular del Anses, Fernanda Raverta, y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, en relación al bono. La ´prioridad´ del gobierno con este bono serían las personas que se encuentran con ingresos por debajo de la línea de indigencia. Según las últimas cifras del INDEC, este sector subió a 4,2 millones de personas durante el primer semestre de este año. La demora con el bono se debe a que el gobierno analiza las formas de reducir el alcance del bono a sólo 2 millones de personas, la mitad de los indigentes. Juan Grabois, quien planteaba un ingreso de miseria que sea “universal” y de manera permanente, se contentaría con este bono reducido en su alcance y por sólo 3 meses. Es lo que acordó con CFK para no romper el FdT.
Grabois había amenazado con romper el Frente de Todos y habló de que estaban dispuestos a “dejar la sangre en las calles”. Luego de asegurar su permanencia en el FdT, se mantuvo en un discreto silencio durante los últimos meses. El Frente Patria Grande, que Grabois dirige, decidió romper el mutismo y lanzó la campaña “El hambre no puede esperar”, para acelerar las negociaciones por el bono de indigencia para fin de año. En las redes sociales, señalaron que “hace pocos días, el INDEC publicó nuevas cifras sobre pobreza que confirman el aumento de indigencia que venimos alertando” y reclamaron que es urgente un ingreso para aquellos que viven en la indigencia.
Según Clarín, el gobierno se encuentra trabajando en “el entrecruzamiento de datos que ya realiza la ANSeS para determinar quienes ya reciben un plan social se planea reducir ese universo: de lo contrario, lo recaudado cubriría apenas un único pago de $16 mil pesos, menos de la mitad de lo que se llegó a hablar inicialmente cuando el Gobierno confirmó que tendría un gesto con los sectores más vulnerables”. El problema es que la 'depuración' de aquellos que reciben planes sociales no alcanza para reducir la cantidad suficiente de personas que requiere el gobierno, ya que apenas poco más de un millón de personas recibe un plan social.
El bono se pagaría con lo recaudado por el sólar-soja, es decir, con el mencionado 'privilegio' a las cerealeras. Según Página/12, “si se concretara en estos términos de tres meses para dos millones de personas, insumiría alrededor del 9 por ciento de lo recaudado con el dólar soja”. Los economistas llevan tranquilidad, asegurando que se trata sólo del 0,09 % del PBI. Con tan poco, la luna de miel del kirchnerismo con Massa podría llegar a las bodas de plata.
La Unidad Piquetera, por su parte, anunció con un comunicado el levantamiento de las medidas de lucha previstas para esta semana. En él explican las razones que llevaron a levantar las medidas. Además de la entrega de mercadería y herramientas, señalan que “el ministro [Zabaleta] ratificó que en el presupuesto de este año está contemplado el bono de fin de año. Y que para los sectores en situación de indigencia se está definiendo un refuerzo de ingresos.”
El sector de Grabois y compañía, que ya abdicó de su lucha por el 'ingreso universal', va ahora por un nuevo proyecto legislativo que fue presentado por la senadora Juliana Di Tullio. “Según la iniciativa ingresada este lunes en el Senado, la prestación sería equivalente a la canasta básica alimentaria -hoy en $15.057-, se actualizará cada 3 meses, será de carácter temporal y estima un costo fiscal de 0,44% para 2023 y un 0,09% para este año” (InfoGremiales 04/10). El proyecto, se prevé, será cajoneado en el Congreso por el propio oficialismo. Pero a Grabois le servirá para no sacar los pies del plato con la excusa de una 'lucha interna' por el proyecto de Di Tullio. Este ingreso no está contemplado en el proyecto de Presupuesto 2023.
El problema de las cifras de pobreza e indigencia se ha convertido en un problema político para el kirchernismo, en la medida en que esas cifras se concentran en gran medida en la provincia de Buenos Aires; es decir, en el terreno donde el kirchnerismo apuntaría a competir en las próximas elecciones. Por otra parte, al lado de estas cifras se encuentras las cifras de los piquetes y las luchas de los desocupados, que, según La Nación, podrían alcanzar un nuevo récord este año: “con las actuales proyecciones, 2022 podría llegar a superar la inédita cifra de 10 mil piquetes anuales”.
Frente a esta ola de piquetes y protestas, el bono de miseria que discute el gobierno será una hoja en medio del huracán.
