Los limites insuperables de la prohibición de suspensiones y despidos

En un reciente artículo de Política Obrera, Pablo Viñas desmenuza el decreto oficial que impide durante 60 días los despidos y suspensiones en las empresas. En rigor, el decreto ni siquiera prohíbe las suspensiones, ya que las admite cuando fueran “pactadas individual o colectivamente”, que es lo que establece la ley de contratos de trabajo. Ello explica por qué, en simultáneo con el decreto, grandes empresas -como General Motors o Acindar- han avanzado en suspensiones con el acuerdo de la burocracia sindical.

Con el propósito de que esos límites no profundicen reclamos, movilizaciones y luchas, el gobierno anunció, junto con el decreto antidespidos, un paquete de rescate a empresas que traslada el pago de la plantilla de sueldos al Anses, el Banco Central y, en definitiva, el Tesoro.

En efecto: las empresas “pequeñas y medianas” recibirán del Estado hasta el monto de un salario mínimo para el pago de sueldos, y habrá “Repros” para aquellas empresas que superen los 100 trabajadores. Pero, además, eximirán a las patronales del 95% de los aportes previsionales. Es fácil calcular que, para las actuales remuneraciones en blanco, todo este subsidio puede llegar al 50% del salario, casi lo mismo que surge de los acuerdos de suspensiones que ha firmado la burocracia sindical.

El gobierno también dispuso un régimen de préstamos blandos para las empresas. Los bancos, sin embargo, no lo quieren aplicar con el argumento de que no tienen garantía de devolución (Cronista, 2.4). Consideran, en suma, que las empresas no devolverán el dinero. El gobierno propuso resolver esta cuestión ofreciendo un fondo de garantía ¡a los bancos! de u$s500 millones, pero éstos reclamaron una suma tres veces mayor.

Estamos ante un régimen ampliado de Repros, como se llama al pago de la mitad de los salarios por parte del Estado cuando se producen suspensiones. Las empresas no esenciales mandarán a los trabajadores a sus casas con una parte menor del salario, pagada por los contribuyentes con impuestos o créditos a pérdida del Banco Central.

Para poner en marcha esta salida ultraprecaria, el gobierno dispuso un paquete de 380.000 millones de pesos, el 15% de la base monetaria del país –circulación de moneda más depósitos. A esta altura, está claro que el virtual corralito bancario impuesto por la cuarentena no tiene funciones sanitarias, sino que apunta a contener el efecto hiperinflacionario, evitando la multiplicación de esa emisión por parte de los bancos. La apertura del sistema de compensación de cheques, el viernes pasado, puso de manifiesto una cadena de insolvencias en la industria y el comercio.

En conclusión, el decreto de suspensiones y despidos forma parte de una “cuarentena económica” que el gobierno sostiene a costa de un rescate gigantesco al capital, el cual será trasladado a la población trabajadora bajo la forma de una mayor carestía y desorganización económica.

La defensa del derecho al trabajo tendrá que ser asegurada por la clase obrera y sus métodos de lucha, no por los inestables decretos oficiales.