Escribe Elena Florín
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El banderazo del domingo 2 de octubre convocado por “Consenso Bariloche” -agrupamiento racista tutelado por Patricia Bullrich-, reunió unas doscientas personas. Sin embargo, apenas dos días después el gobierno nacional conformó el Comando Unificado a cargo del ministro de Seguridad Anibal Fernández, en colaboración con el gobierno de la provincia de Río Negro. Esa misma madrugada, 250 miembros de las fuerzas federales entraron al predio en que se encontraban miembros de la agrupación mapuche armados de palos, gases y balas de goma, y detuvieron a mujeres y niños.
A las 16 horas, Anibal Fernández dio por concluído el desalojo. Pero el Comando Unificado llegó para quedarse. La ruta 40 sigue rigurosamente vigilada. Pululan policías, gendarmes, prefectos y aeroportuarios, revisan vehículos e incursionan por la montaña a la caza de mapuches.
Detuvieron a siete mujeres, una de ellas embarazada a término. Fue llevada al hospital a parir con esposas, presa y aislada. Otras dos permanecen en la comisaría del aeropuerto de Bariloche y las otras cuatro fueron separadas de sus pequeños hijos y trasladadas, en principio, a la cárcel de Ezeiza. Los niños fueron alojados en la Senaf (Secretaria de la niñez, Adolescencia y Familia). Recién por la noche fueron entregados a sus abuelos. En estas horas se conoció la renuncia de Elizabeth Gomez Alcorta del Ministerio de la Mujer, acusando “graves violaciones a los derechos humanos”.
La ´cuestión mapuche´ se presenta como estratégica para el desarrollo capitalista en la Patagonia. Los intereses inmobiliarios, del turismo, la minería e incluso la frontera agropecuaria han ido acaparando y usurpando la propiedad territorial, condenando a los trabajadores, no solamente a los mapuches, a la precariedad laboral y habitacional. En los cerros de Bariloche se amontonan los trabajdores sin vivienda; lo mismo vale para El Bolsón y otros espacios, al igual que lo que ocurre en Chubut, Neuquén y Santa Cruz.
Las comunidades mapuches en Bariloche no son un conjunto homogéneo. Gran parte de la población mapuche no está organizada como comunidad. Otra parte tiene inscripción en los registros provinciales y tiene asignados terrenos. Existe la comunidad Wiritray que maneja el camping de Lago Mascardi, cercano a la toma, muy hostiles a la Lof Lafken Winkul Mapu. La división de los trabajadores es parte de la política de usurpación capitalista de la Patagonia
Los propietarios de Mascardi, entre ellos el presidente de la Junta Vecinal Villa Mascardi, Diego Frutos, quieren liquidar a balazos a quienes se instalan en espacios fiscales o vacíos Es lo que hicieron los asesinos de Elías Garay en Quemquemtrew a principio de año. Esos vecinos son los fundadores de “Consenso Bariloche”, alrededor del cual giran las visitas de la plana mayor del PRO. Recalan en Bariloche Eugenio Burzaco, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, e incluso el ex carapintada Gómez Centurión, del partido NOS, con una discreta presencia en Bariloche. Ninguno cuestiona la usurpación de kilómetros de terrenos y ríos por los Benneton o Lewis – el amigo de Macri.
El gobierno nacional y popular muestra, con la decisión de constituir el Comando Unificado, que es incapaz de solucionar la crisis habitacional y la asignación de tierras productivas, y que defiende a rajatablas la ocupación capitalista de la última frontera económica de Argentina. En el conglomerado patagónico hay una enorme disputa acerca de apertura de la frontera minera, muy avanzada en Neuquén y Santa Cruz. Como ocurre en la Araucanía chilena, la cuestión mapuche es la usurpación de tierra por parte de los monopolios de la madera, la celulosa y el papel.
En el 2017, la ex ministra de seguridad Bullrich ideó el Comando Unificado contra la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). En un informe, aseguraba lo siguiente: “Actúan en la clandestinidad, con rostros cubiertos y portando armas de fuego, facas, hondas, bombas molotov, palos y piedras. Incendian propiedades, dañan instalaciones, roban ganado, cortan rutas y el suministro servicio eléctrico, amenazan a vecinos, intimidan y apedrean transeúntes, no permiten la libre circulación, balean, incluso matan. …Y reivindican los atentados con panfletos con inscripciones alusivas al RAM y pintadas”. Ni una palabra acerca de la avanzada de la gran propiedad en la región.
La pelea entre el estado y las comunidades mapuche obedece al acaparamiento capitalista de los territorios. El estado defiende la propiedad privada para uso inmobiliario, turístico, minero, agrario y todo o aquello que ofrezca lucro al capital.