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Ante la total disgregación y fracturas de los partidos políticos del oficialismo y la oposición, Boric encabeza la tarea de reunificarlos en un proyecto común de derecha.
El oficialismo, que actualmente lo compone el Frente Amplio y parte de la ex Concertación, ha negociado con la oposición 12 bases políticas sobre las cuales se redactaría una nueva constitución, otra vez. Aunque este acuerdo se ha anunciado durante los últimos días, las negociaciones entre el gobierno y la oposición anteceden al plebiscito en el que ganó el Rechazo.
Estas ‘12 bases’ para una nueva constitución, son tan o más reaccionarias que la constitución de Pinochet. En ella se establece que la soberanía tiene como límite los DDHH, y que cualquier acto considerado terrorista atenta contra los DDHH y esa soberanía. Este punto busca perseguir y criminalizar la protesta social en nombre de los DDHH, puesto que cualquier manifestante (que son comunmente procesados por cargos de terrorismo) pueda arriesgar penas de cárcel correspondientes a las de un violador de DDHH, y ya no sólo por ‘desorden público’ o ‘maltrato a carabineros’.
En la misma línea represiva, oficialismo y oposición acordaron que la nueva constitución debe ratificar las atribuciones de las fuerzas armadas y las fuerzas de orden y seguridad, con expresa mención a Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI). También deben ser ratificados los cuatro estados de excepción existentes en la actual constitución: estado de asamblea, de sitio, de catástrofe y de emergencia. Estos últimos tres son los que vienen rigiendo para el territorio mapuche en la Araucanía.
Respecto de la situación de los pueblos indígenas, los abanderados de la plurinacionalidad del oficialismo acordaron con la derecha ratificar el carácter unitario del Estado de Chile y el carácter indivisible de la nación. También los oficialistas simpatizantes de un ‘parlamento unicameral’ acordaron sin embargo ratificar las cámaras de diputados y senadores, donde oficialismo y oposición son mayoría, respectivamente.
Sobre los derechos sociales de esta supuesta nueva constitución, sólo se estableció que quedan bajo sujeción de ‘responsabilidad fiscal’, y que pueden ser otorgados a través de medios privados. Es decir, que las pensiones o la salud pueden seguir siendo negocio de las AFP y las ISAPRES (prestaciones privadas de salud).
Los derechos que sí quedarían expresamente garantizados según esta negociación, serían la libertad (objeción) de conciencia y culto; la libertad de enseñanza (y no el derecho al acceso a la educación), que ratifica el negocio de la educación privada, contra la cual los estudiantes chilenos se han movilizado desde hace décadas. Sobre la educación sexual y el derecho al aborto, oficialismo y oposición acordaron ratificar la libertad preferente de las familias a educar a sus hijos bajo sus preferencias de culto, así como también ratificar el derecho preferente de los ‘no nacidos’.
Sin embargo, según la prensa chilena, las negociaciones ahora estarían empantanadas en torno a los órganos que redactarían esta supuesta nueva constitución. Tanto el gobierno como la oposición son partidarios de distintos órganos redactores. El sector más pinochetista de la derecha exige que la nueva constitución sea redactada por el Congreso, preferentemente por el Senado. La derecha que dirigía Piñera propone que la redacten diputados y senadores, o una convención de 50 miembros supervisada por una comisión parlamentaria que vele por el cumplimiento de las 12 bases acordadas. Esta preferencia es compartida por el Partido Socialista, miembros dirigentes del oficialismo.
El resto del oficialismo preferiría una convención similar a la que ya fracasó (paritaria y con escaños reservados para los indígenas), con una comisión de ‘expertos’ designados por el Congreso o la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, que vele por el cumplimiento de las 12 bases negociadas.
Frente a la falta de acuerdo de cómo se repartirán la torta con este segundo proceso constitucional, el oficialismo amenaza a la oposición con plebiscitar todas estas opciones. El empantanamiento de este nuevo proceso de redacción constitucional es total, aunque todo el arco de los partidos patronales acuerdan que el valor de esta nueva constitución no deben ser los cambios estructurales, sino que ‘sea escrita en democracia’, aún cuando sea idéntica a la que se escribió en dictadura.
La derechización del joven mandato de Boric es absoluta. Esto se refleja en las negociaciones que ha llevado adelante con la derecha para una nueva constitución, pero también en su giro antiinmigrantes y en la extensión de la militarización del wallmapu.
Detrás de la fraseología derechohumanista dirigida a su clientela, Boric ha condenado categórica y sistemáticamente la violencia organizada de los manifestantes de la rebelión y de las últimas movilizaciones estudiantiles. Y durante el tercer aniversario de la rebelión, respaldó desde La Moneda la represión de Carabineros, de los cuales, 25 mil de ellos fueron desplegados para reprimir durante esa jornada sólo en Santiago.
En este tercer aniversario de la rebelión, aprovechó para señalar que “el estallido no fue una revolución anticapitalista”; pero también desaprobó a ‘las fuerzas políticas en dispersión’ porque las demandas que provocaron la ‘dolorosa fractura social’ durante el estallido de octubre del 2019 seguían siendo parte del malestar de la población. Fue un llamado a no demorar este segundo proceso constitucional.
Boric tiene claro que este segundo intento de renovar la constitución, tanto o más trucho que el anterior, debe ser rápido y acompañado de una cierta atención de las demandas sociales. La sobrevivencia de las familias trabajadoras se agrava aceleradamente. La inflación de la canasta básica acumulada durante los últimos doce meses llega al 20,6%. El propio Banco Mundial ha llamado a Boric a atender el problema de la pobreza de manera prioritaria para su presupuesto del 2023. En pocas palabras, el Banco Mundial está invitando a Boric a no perder la gobernabilidad. Según la encuesta Cadem, la misma que alertó sobre la impopularidad de Piñera previa a la rebelión del 2019, sólo el 27% de la población aprueba al gobierno de Boric.
En efecto, las demandas de la rebelión siguen vigentes. También las reservas de lucha de la población. Así quedó demostrado durante las movilizaciones del tercer aniversario del 18O, donde miles de manifestantes salieron a reivindicar el levantamiento popular.
