Camioneros: la elevación del piso de ganancias y el impuesto al salario

El proyecto de presupuesto 2023 presentado por el gobierno establece, en su artículo 104, la elevación del piso del mínimo no imponible para los choferes de larga distancia, en base a eximir del cálculo los conceptos de viáticos que perciben por convenio.

De este modo, según la oposición patronal y algunos medios, unos 130.000 trabajadores recibirían un beneficio adicional cercano a los $350.000 anuales per capita. Beneficio que no sería tal ya que, en realidad, de aprobarse la nueva norma, los trabajadores no harían más que cobrar su salario sin la confiscación anterior. Mientras tanto, fuentes de las cámaras patronales del sector aseguran que la medida solo alcanzará a unos 75.000 trabajadores. De nuevo, la oposición salió a atacar el proyecto, denunciando que se trata de una prenda de cambio en el marco de la alianza política entre Pablo Moyano y Máximo Kirchner y que la medida contrasta con la que se pretendía afectar a los jueces y trabajadores judiciales que continúan exentos, es decir, ingresantes al Poder Judicial anteriores a 2017.

En la disputa, sin embargo, ningún sector expresa los verdaderos intereses de los trabajadores. Todo indica que la modificación impulsada por el gobierno apunta a calmar los ánimos en medio de un reclamo salarial del 131 %, que consideran desmedido, y darle así a la burocracia una soga de donde agarrarse en un eventual cierre de paritarias no tan auspicioso.

Párrafo aparte merece el papel de la burocracia. Los Moyano han contribuido definitivamente al descuartizamiento del reclamo contra el impuesto al salario, no solo estableciendo una división interna del gremio, separando choferes de larga distancia del resto de los convencionados, sino además llevando adelante un reclamo sectorizado, corporativo y divisionista, que cobra mayor gravedad dado que Pablo Moyano es parte de la dirección tripartita de la CGT. Lejos de impulsar un reclamo general que involucre a todos los afectados, la burocracia divide el reclamo para preservar la quinta propia, mientras alrededor de 1 millón de trabajadores siguen siendo confiscados por el impuesto.

Sin embargo, la medida puso al desnudo una realidad que se vive hoy en el gremio: que la inmensa mayoría de los trabajadores camioneros, enrolados en las distintas ramas, no llega ni a la mitad del mínimo no imponible de $330.000, que regirá a partir de noviembre. Miles de trabajadores necesitarían reunir más de tres sueldos para superarlo. Con salarios conformados iniciales que rondan los $110.000, la gran mayoría de los trabajadores del gremio están más preocupados por no caer debajo de la línea de pobreza que en tributar ganancias.

Una verdadera lucha contra el impuesto al salario no saldrá de una ley de un gobierno atado al acuerdo con el FMI, ni de los acuerdos de cúpula de la burocracia; por el contrario, esta debe partir de una deliberación y una acción de lucha de los trabajadores, impulsada desde las bases por sus elementos más conscientes e independientes.