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El gobierno dio marcha atrás en el propósito de centralizar el sistema salud público y privado. Los popes de las prepagas rechazaron una interferencia en el uso de su capacidad hospitalaria. El estatista Ginés García, sin embargo, había tomado como referencia a connotados “modelos” del primer mundo. Es el caso de Inglaterra, Francia y España. En Inglaterra, las empresas privadas de salud aceptaron la “centralización” que les impuso el derechista Boris Johnson, bajo la égida del servicio nacional de salud (NHS). Temieron que, de otro modo, los profesionales que trabajan en uno y otro en forma simultánea fueran completamente absorbidos por el sistema público. Como contrapartida, Johnson les impuso una auditoría para que la facturación de servicios excluya el beneficio empresario.
Al revés del inglés, recluido por un contagio, la centralización de Ginés aseguraba “aportes extraordinarios para pagar estas prestaciones excepcionales, tanto públicas como privadas”. Sin confianza en las cuentas deficitarias del Tesoro, las prepagas rehusaron la centralización, a cambio de una difusa “coordinación de esfuerzos”. Todos saben, sin embargo, que la “centralización” podría imponerse bajo la emergencia de un colapso sanitario. La centralización trazada por Ginés constituye un subsidio financiero de las prepagas, un alquiler a precio elevado de sus instalaciones.
Una explosión de la pandemia podría aportarles a las privadas otro argumento para aceptar la centralización. Actualmente, “el 80% de la capacidad de las clínicas está ocupada por pacientes” (Clarín, 30/3). Pero sólo el Estado está expandiendo actualmente la capacidad de camas, a través de hospitales de campaña o ampliaciones de los centros sanitarios ya existentes. En ese caso, son los privados los que van a necesitar de las instalaciones públicas, pero para usarlas los dueños deberán invocar la causa de “fuerza mayor”, como sería una saturación completa, para que los afiliados no les inicien un juicio por violación de contrato. En suma, las prepagas pretenden arrancar una tajada importante de una eventual “centralización”, lo que está haciendo todo el capital con la pandemia cuando logra el jubileo de sus pagos previsionales y otras prebendas.
Los sistemas públicos y privados tienen en común la sobreexplotación de sus trabajadores, muchos de los cuales, para poder vivir, tienen que distribuir jornadas de 12 o 15 horas entre el hospital público y los sanatorios privados. En los dos casos, se verifica la misma falta de insumos sanitarios y protocolos de cuidado a los trabajadores, en perjuicio los médicos, enfermeras y personal de tareas varias.
Una coordinación urgente de trabajadores de la salud, públicos, privados y de todas las especialidades -una tarea eminentemente sindical- es lo último que les pasa por la cabeza a la burocracia de los sindicatos. Pero es lo que se necesita para imponer una jornada laboral reducida y cuarto turno, con salario básico igual al costo de la canasta familiar y sin afectar la escala de salarios; y duplicación del presupuesto de salud para asegurar la compra de insumos y contratación urgente de trabajadores con salario y convenio. La “centralización” plantea también un protocolo integral de seguridad sanitaria para todos los trabajadores de la salud, que tiene como reivindicación central al reconocimiento del coronavirus como enfermedad profesional.
