Paritarias, reforma laboral y autoconvocatorias

Escribe Pablo Busch

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La situación general de las paritarias se resume a lo siguiente: una decena de sindicatos firmó revisiones por arriba del 100% de aumento; el resto quedó abrochado en los adelantos de paritarias de abril-mayo, que cerraron acuerdos del 60/70%, en algunos casos incluso por debajo. Como se señala en Clarín, "el calendario y el mapa de las paritarias quedó alterado por la disparada inflacionaria y los convenios firmados fueron ´corriendo por detrás de la inflación´. Y lo que inicialmente fue presentado como un ´buen convenio´, tan solo 2 o 3 meses después pasaron a ser acuerdos salariales ´perdedores´ ante el rápido aumento de los precios y sin recuperar el ingreso salarial perdido en los meses anteriores" (31/10).

Para los trabajadores en negro y fuera de convenio, el ´disengagement´ (desenganche) entre salarios e inflación es todavía mayor. Las cláusulas de revisión prometen un escenario caliente para los próximos meses.

La política del gobierno está en línea con la reforma laboral planteada en el coloquio de IDEA, empezando por la brecha de 30 puntos entre salarios e inflación ´lograda´ de la mano de la burocracia de los sindicatos y sus acuerdos en cuotas. La pauta de esta política está fijada por el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que en noviembre pasará de $32.000 a $57.900, un incremento del 80,9%, 20 puntos o más por debajo de la inflación interanual. El monto del salario mínimo de la inflación repercute directamente en las asignaciones sociales y planes.

Desde la salida de Guzmán, en julio, se viene debatiendo entre los sectores del gobierno intervenir con un aumento de suma fija o un bono a cuenta de futuras paritarias. Esta danza de varios meses le ha servido al oficialismo para agrandar todavía más la distancia entre salarios e inflación. La posibilidad de un bono, según las últimas informaciones, no sería para todos los trabajadores, sino para un segmento. La suma que se está discutiendo es insignificante –30 mil pesos.

El aumento de suma fija fue agitado en su momento por el kirchnerismo. Tiene como objetivo principal desmantelar cualquier atisbo de lucha salarial que pudiera gestarse y postergar por un tiempo las revisiones salariales. La oposición a este tipo de medida proviene principalmente de la CGT, que perdería el control de las negociaciones salariales y de sus jugosas comisiones.

La cuestión de los porcentajes de aumento es engañosa, por supuesto, ya que la base salarial de la inmensa mayoría de los convenios ronda la canasta de pobreza o se ubica debajo de ella. Por ejemplo, en el Sindicato del Vidrio, un aumento de arriba del 100% significó que los trabajadores lleguen a un salario de 130 mil pesos. Incluso el acuerdo de Camioneros, que fue tomado como récord por muchos medios, es en verdad un acuerdo a la baja, con un anualizado del 80% –es decir unos 20 puntos por debajo de la inflación.

La política de la CGT es defender la discusión salarial estatizada, las paritarias, y su curso de aumentos en cuota y revisiones salariales. Con una inflación arriba del 100%, no se trata de un tema de tiempos, es obvio, sino de una política de desindexación del salario. La única presión que ejercen ´los gordos´ sobre el Gobierno es en defensa de su caja: de la última reunión, se llevaron el compromiso de Massa de que en los próximos días se saldará una deuda de 16 mil millones de pesos con las obras sociales sindicales. Esto explica el apoyo de la CGT al Presupuesto, un ajuste antiobrero y antipopular, por el cual se crea un fondo de 148 mil millones de pesos a disposición del sector sanitario -obras sociales incluidas- para atender crisis financieras. Atendiendo la bancarrota general de las obras sociales sindicales, sin embargo, el "fondo de rescate" del presupuesto quedará corto.

Esta política antisalarial del gobierno, en la que coinciden la oposición patronal y los burócratas de los sindicatos, es la razón por la que las autoconvocatorias se han convertido en un fenómeno en ascenso. Las medidas de fuerza convocadas por algunos sindicatos -la carne, Luz y Fuerza, Sanidad, etc.- expresan la presión de las bases, pero no salen del marco de la negociación en el Ministerio de Trabajo. En muchos casos son aplazadas o desmanteladas por medio de ´conciliaciones obligatorias´. Las huelgas autoconvocadas de la docencia, de enfermería, de residentes y concurrente; en gremios industriales y hasta rurales, como SOEVA, UATRE y hasta en la UTA, muestran que la lucha en defensa del salario y contra la política de desenganchar los salarios de la inflación, queda en manos de los trabajadores y del activismo. Debemos intervenir con un programa: salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, jubilaciones al 82%, actualización mensual de los salarios por inflación, el rechazo a la reforma laboral.

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