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La conclusión del procurador de justicia del Estado del Vaticano, en su alegato en el juicio por el último escándalo de corrupción que estalló en la Curia Romana, es que existe allí “un sistema podrido de saqueo y lucro” favorecido por la “complicidad y connivencia interna”. El megajuicio llevado adelante tiene un carácter histórico, por la cantidad de implicados y por el nivel jerárquico de algunos acusados, como es el caso de Giovanni Angelo Becciu, quien ocupara hasta hace poco el tercer cargo más importante en la jerarquía eclesiástica. Becciu está acusado de corrupción, estafa, malversación de fondos (provenientes de donaciones de creyentes de todo el mundo), abuso de oficio, apropiación indebida, blanqueo de capitales, extorsión, falsedad documental y asociación ilícita. El escándalo revela que la crisis en el Vaticano ha llegado a su punto más alto.
Un edificio londinense
El juicio contra Becciu y otros nueve acusados surgió a raíz de la utilización de paraísos fiscales por parte del Vaticano con el objetivo de realizar inversiones inmobiliarias de lujo en la capital del Reino Unido. Según la investigación en curso, el Vaticano tomó un préstamo del Credit Suisse en 2013 por 242 millones de dólares. La garantía para semejante préstamo fue el Óbolo de San Pedro, el fondo en el que se recaudan las donaciones de todo el mundo para obras de caridad. La Secretaría de Estado del Vaticano cuenta con una tesorería de 650 millones de euros, cuyos dos tercios provienen del Óbolo (cerca de unos 400 millones de euros). Este fondo, al tener como destino la caridad, es manejado directamente por el Papa y sus allegados más cercanos, sin pasar por el Banco del Vaticano.
La investigación ha reconstruido una historia muy larga con los manejos especulativos de este fondo. Uno de los acusados es Enrico Crasso, quien durante más de 20 años fue administrador de fondos externos de la Secretaría de Estado y economista de referencia del Vaticano. En 2013, Becciu lo contrató para realizar una inversión especulativa en el sector petrolero en Angola, por 200 millones de dólares. Becciu en ese entonces tenía el cargo suplente de la Secretaría de Estado, el tercer puesto más alto en la jerarquía del Vaticano. La contratación de Crasso tenía el objetivo de encubrir que los fondos utilizados provenían de las donaciones destinadas a obras de caridad.
En el entramado de corrupción aparecieron diversos monjes negros de las finanzas especulativas internacionales. Uno de ellos es Rafaele Mincione, un especialista en paraísos fiscales que fue contratado por Crasso para la inversión petrolera en Angola. Mincione contaba en su prontuario con decenas de denuncias por estafas financieras. En julio de 2014 la Secretaría de Estado del Vaticano abandonó la idea de invertir en el pozo petrolero africano, pero ya se había realizado una transferencia bancaria a Mincione por 200 millones de euros. Por inspiración de éste, se decide utilizar el fondo para la compra de un edificio que pertenecía a los almacenes Harrods en Londres, una construcción de 17000 metros cuadrados. El objetivo era convertir los viejos almacenes en departamentos de lujo y venderlos, embolsándose una ganancia millonaria, especulando con la suba de su valor.
El Vaticano entró en una disputa con Mincione por el destino de los montos invertidos, los cuales el financista había depositado en su propio fondo, el Athena Capital, y en el que ya había hecho perder 18 millones de euros al Vaticano. El entramado financiero creció, involucrando a otros funcionarios de la Santa Sede. Para resolver la disputa con Mincione, la Curia Romana contrató a un nuevo financiero, Gianluigi Torzi. Éste resolvió el litigio con Miccione y logró que los fondos vayan a la compra de las acciones del edificio londinense. Sin embargo, Torzi se quedó para sí con todas las acciones que tenían derecho a voto. El Vaticano se convirtió en el dueño del edificio, pero las decisiones las tomaba Torzi. Finalmente, el edificio fue vendido en enero pasado, generando una pérdida para el Vaticano por una cifra cercana a los 150 millones de euros.
El prelado Alberto Perlasca, jefe de la oficina de inversiones en la secretaría de Estado durante diez años, no se encuentra entre los acusados porque los fiscales le concedieron la figura de “arrepentido”. De la investigación surge también que el funcionario de la Santa Sede Fabrizio Tirabassi, junto con Mincione y Crasso, “habían intentado desarrollar un negocio vinculado a la construcción de un sistema de transporte fluvial de petróleo en Colombia y Miami”. A medida que avanza, la causa amenaza con abrir decenas de puertas de nuevas acusaciones, como es el caso del prelado Mauro Carlino, del cual se reveló que estaba en contacto con firmas que estarían realizando tareas de espionaje interno en el Vaticano. Hasta ahora, la acusación consta de 500 páginas de expediente.
La crisis del Vaticano
La llegada de Jorge Bergoglio al cargo de Sumo Pontífice se realizó en medio de la mayor crisis de la Iglesia Católica de los últimos tiempos. La renuncia de su antecesor, el alemán Joseph Ratzinger, fue la primera en casi 600 años. Su salida de la Santa Sede se dio en medio de una gigantesca crisis por corrupción y por el entramado de encubrimiento de la red de pedofilia asociada a la Iglesia en todo el mundo. El detonante fue un “informe secreto” con numerosos registros cuyo contenido representaba una bomba de tiempo. Fue el punto cúlmine de una escalada vertiginosa de hechos criminales de la jerarquía eclesiástica fuera de control acontecidos en las últimas décadas.
En 1998 tres cadáveres fueron hallados en el Vaticano, entre ellos el comandante de la Guardia Suiza y su esposa, todos asesinados a balazos; el hecho nunca se esclareció. La abogada de la familia de las víctimas era también abogada de la familia de Emanuela Orlandi, la joven ciudadana vaticana desaparecida en 1983, quien nunca volvió a aparecer y cuyo caso tampoco llegó a esclarecerse. A principios de 2002, el Boston Globe publicó una investigación que no sólo sacaba a la luz numerosos abusos sexuales por parte de los clérigos, sino que además revelaba la práctica sistemática de la jerarquía católica de reasignar a los acusados a otras parroquias como método de encubrimiento de los abusadores. En el año 2009 estalló el escándalo de abuso de menores discapacitados: 67 alumnos sordomudos del Instituto Provolo de Verona denunciaron haber sido abusados por clérigos. Por mencionar sólo los casos más resonantes.
A partir del 2012, un año antes de la renuncia de Ratzinger, la crisis se precipita. En ese año estalló el escándalo conocido como los Vatileaks: documentos que involucraban al Vaticano en una serie de delitos como chantaje a obispos homosexuales, malversacion de fondos, sobornos, pedofilia y encubrimientos. Luego de la partida de Ratizinger, ya con Bergoglio fungiendo como 'salvador' del Vaticano, en 2015 se dieron a conocer los “Vatileaks 2” y, en 2019, los “Vatileaks 3”; todos revelando crímenes de diverso tipo y color cometidos por los jerarcas de la Iglesia. En 2021 condenaron a 9 años de prisión a Angelo Caloia, el ex presidente del Banco del Vaticano, por malversación de fondos y lavado de dinero. Se trató de la primera sentencia emitida por la justicia del Vaticano por un delito financiero.
Al momento de definir su designación, Bergoglio afirmó que fueron a buscarlo “al final de mundo” para ocupar el trono de San Pedro. Una metáfora adecuada para una jerarquía eclesiástica sumida en una brutal impasse, acusaciones cruzadas y luchas intestinas. Por esos tiempos, el Banco de Italia le había suspendido el crédito al Banco del Vaticano por los manejos corruptos de dinero.
Diversos comentaristas han señalado que la salida a la luz de toda la podredumbre del Vaticano es producto de una batalla por la 'transparencia' en que se ha comprometido Bergoglio desde su asunción. Destacan las llamadas 'purgas' (expulsiones de miembros de la jerarquía esclesiástica salpicados por diversos delitos), así como los juicios y condenas por corrupción en el Vaticano (los primeros en la historia). Estos últimos, sin embargo, se han limitado a un puñado reducido de personas, dejando intacta toda la estructura del entramado corrupto. Aparecen, más bien, como una echada de lastre para salvar el barco que se hunde.
El propio Becciu, hoy principal acusado en la causa del edificio de Londres, no sólo sobrerivió a las 'purgas' de Bergoglio, sino que incluso fue ascendido por el propio Papa hasta lo más alto de la jerarquía católica. Luego de sucesivas promociones desde 2013, Becciu fue ascendido por Bergoglio al rango de cardenal en el año 2018 y lo nombró prefecto de congregación para las Causas de los Santos, el dicasterio que se ocupa de las beatificaciones y canonizaciones (Beccio también está acusado de cobros ilegales para desbloquear canonizaciones). El cardenal blanqueaba sus capitales a través de Cáritas, enviando dinero con la descripción “obras de caridad del Santo Padre”.
En el caso actual, consta en el expediente que el propio el Papa mantuvo una audiencia privada con el mencionado financista de paraísos fiscales Gianluigi Torzi en 2018 (hoy también entre los acusados), de la cual nadie sabe de qué hablaron. Los fondos utilizados para pagar a Torzi fueron extraídos de la cuenta personal del Papa, que no está en el banco del Vaticano sino en el del Suiza. La defensa del cardenal Becciu presentó en el juicio como prueba una conversación con Bergoglio, que grabó en secreto, donde se habla de la autorización por parte del Sumo Pontífice de la entrega de una suma abultada de dinero para el supuesto rescate de un misioneros secuestrados en África. Para reproducir la grabación debieron salir del recinto los periodistas y todas las personas que no sean los abogados de ambas partes. Beccio ha dicho en los últimos días que “Francisco me quiere muerto”.
Entre los diez acusados, la mitad estaba al servicio del Papa Francisco durante la compra del edificio londinense. La causa podría recaer también sobre medios de comunicación y periodistas con vínculos aceitados con el Vaticano. En 2020, Beccio le escribió a Crasso que “en el momento adecuado tenemos que hacer una buena campaña de prensa. De hecho, podría hacerlo de inmediato. ¡Pregúntele a su abogado si es conveniente calumniar inmediatamente a nuestros magistrados!”. Diversos medios señalaron que el juicio debería haberse llevado a cabo en los tribunales de Italia, en lugar de realizarse bajo las reglas del código penal vaticano como se está haciendo, lo cual, señalan, presenta un conflicto de intereses.
Al momento de asumir Bergoglio, toda la dirigencia política argentina se unió en un festejo común, cerrando la grieta. Esa semana, invitado a TN junto a otras figuras políticas, Altamira señaló las causas y las circunstancias de crisis que explicaban la llegada de Bergoglio al Vaticano y anticipó que la profunda crisis de la Iglesia Católica no la puede resolver un Papa. Esta llegada no sólo se explicaba por la crisis interna de la jerarquía eclesiástica, sino también por la profunda crisis social en que se estaban sumiendo los países de la Unión Europea. En ese sentido fue la orientación que tomó Bergoglio apenas asumido, incluyendo la elección del nombre pontifical de Francisco, en referencia a San Francisco de Asís, quien predicaba la austeridad de la Iglesia. Bergoglio asumió pregonando sobre la pobreza y la misericordia, pero la corrupción ha desatado la crisis más grande del Vaticano del último período, en un contexto internacional en que la población europea se encuentra sacudida por la inflación y la escasez de energía producto de la guerra. La agudización de las contradicciones capitalistas combina el estallido social por abajo con una crisis descomunal por arriba, que afecta a la cúpula de la institución más antigua de Europa.
