Córdoba-La Cumbre: cómo enfrentar la catástrofe que se nos avecina

El día 2 de abril, el intendente interino de La Cumbre, Pablo Alicio informó vía Facebook el quinto caso por coronavirus en nuestra localidad, luego de conocerse el primer fallecimiento por Coronavirus (COVID-19) en la provincia de Córdoba. Se trató de una señora de 87 años oriunda de La Cumbre, derivada al hospital provincial Domingo Funes. Si bien los cinco casos están relacionados, en realidad, la responsabilidad política del contagio masivo recae en el gobierno municipal.

En primer lugar, porque nunca se le aplicó a la persona contagiada el test sanitario, y fue derivada al Domingo Funes como un caso de gripe común y corriente. Fueron los trabajadores de dicha dependencia quienes decidieron aplicarles los estudios correspondientes para saber si estaba contagiada o no de COVID-19.

En segundo lugar, lejos de colocar a la familia de la víctima en aislamiento, se permitió que una de ellas fuera a trabajar a un hotel perteneciente al sindicato de Luz y Fuerza. Allí estuvo en contacto con 30 trabajadores aproximadamente. Esto refleja a las claras que el gobierno municipal no aplicó correctamente la cuarentena decretada por el gobierno nacional, permitiendo que un servicio “no esencial” continúe funcionando.

¿Cuál es la situación?

Producto del excesivo endeudamiento, las finanzas en La Cumbre están en default. El municipio se sostiene económicamente con los adelantos de la coparticipación que llegan que desde el gobierno provincial. A tal punto que la decisión de remover de su cargo al anterior intendente, Rubén Ovelar, fue tomada en la Casa de Gobierno de Córdoba.

En la actualidad, el hospital público carece de servicios básicos y sus trabajadores son en su casi totalidad monotributistas. Las quejas de los trabajadores por la ausencia de material de protección y un protocolo de seguridad son constantes. Frente a este vaciamiento del sistema público de salud, La Cumbre cuenta una clínica privada considerablemente mejor equipada, pero a las que sólo accede un determinado sector de la población que cuenta con cobertura social y con los ingresos para afrontar los altos costos del servicio.

El gobierno municipal intentó ocultar el tema declarando a la ciudad como una suerte de “ghetto” donde no se dejaba ingresar ni salir a nadie. Así y todo, fracasó a tal punto de ser una de las localidades con mayor cantidad de contagios en el corredor de Punilla, y sigue sin contar con un informe preciso sobre la cantidad de test y los estudios realizados. Lejos de concentrar los recursos públicos y privados para afrontar la crisis sanitaria, el Intendente echó más leña al fuego al paralizar el reparto de alimentos a través de las escuelas públicas. Esta medida está perjudicando gravemente a un importante sector de las barriadas más humildes que a su vez trabajan en negro y/o son precarizados. Al mismo tiempo, restringió drásticamente los horarios de atención de comercios autorizados. Esto llevó a una mayor congestión de personas en los cajeros, despensas y farmacias generando mayores posibilidades de contagio del virus.

Nuestra propuesta

En una localidad que tiene una importante población longeva y vulnerable al coronavirus, debemos rechazar las medidas del gobierno municipal que nos conduce a convertirnos en una nueva Lombardía, es decir, que nos conducen a una masacre social.

Planteamos la conformación de un comité de salubridad compuesto por los trabajadores municipales, de la salud y el activismo de la localidad, que posee la experiencia en las luchas ambientales y desastres como los incendios en las sierras. Este comité debe afrontar la tarea de reunir los recursos y organizar la salud bajo un comando único, controlar el reparto de los alimentos y garantizar la esencialidad de los servicios sin reducción del salario. Asimismo, creemos que es urgente incorporar más personal (en blanco y dentro del convenio) al sector de salud para atender esta emergencia. Se debe impulsar la reconversión del hotel sindical de Luz y Fuerza y otros hospedajes, para transformarlos en campamentos destinados al personal de salud y a los afectados por la enfermedad. Es necesaria la aplicación de un protocolo discutido y elaborado por los trabajadores.