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Los siete ex policías de la brigada de Lanús acusados de asesinar a cuatro personas hace 29 años, en lo que fue una verdadera cacería humana denominada Masacre de Wilde, fueron condenados a 25 años de prisión. La sentencia fue caracterizada como un hecho histórico, según los propios familiares de las víctimas. El Tribunal tuvo en cuenta la solicitud de la querella de que, por el carácter histórico del caso, se preservara el expediente para ser entregado al Archivo Nacional de la Memoria.
El Tribunal Oral Criminal 3 de Lomas de Zamora sentenció penalmente responsables por los delitos de “homicidio simple reiterado en cuatro ocasiones y homicidio en grado de tentativa” a los ex comisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez, los ex oficiales Osvaldo Lorenzón, el ex subteniente Pablo Dudek, los ex oficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga, y el ex cabo Marcos Rodríguez. Cabe señalar que entre los autores de la masacre también estuvieron César Córdoba, Carlos Saladino y Hugo Reyes, que ya fallecieron. También el ex subteniente Marciano González, que quedó fuera del proceso por incapacidad mental, luego de sufrir un ACV.
La cacería humana perpetrada por la bonaerense, aquel 10 de enero de 1994 en Wilde, tenía el objetivo claro de interceptar una banda de delincuentes, socios en el delito de la maldita bonaerense. La “equivocación” de los agentes de la brigada de Lanús llevó al fusilamiento de 4 personas que conducían autos similares a los que estaban buscando, disparando hasta 250 balas. En el hecho fallecieron Norberto Corbo (conductor del Peugeot 505), quien llevaba a Claudio Mendoza y Héctor Bielsa. En el Dodge 1500 viajaba el vendedor de libros Edgardo Cicutín junto con el conductor del auto y único sobreviviente, Claudio Antonio Díaz. Desde aquel entonces, todos los policías gozaban de libertad pese a las pruebas contundentes, el resultado de las pericias y los propios testigos del caso. Las detenciones se produjeron recién la semana pasada luego de la lectura del fallo del Tribunal.
El desarrollo del juicio durante estos dos meses dejó una importante conclusión: el accionar de la bonaerense en los casos de gatillo fácil tiene como único objetivo preservar el negocio callejero de un régimen en descomposición, que tiene como víctima en todos los casos a la población que vive de su trabajo.
No hay ninguna “prevención del delito” de la mano de bandas mafiosas institucionalizadas en las brigadas distritales de la bonaerense, ya que son ellas mismas las que liberan las zonas para la actuación de sus socios en el delito y, de ser necesario, tomar en sus propias manos el fusilamiento de trabajadores para llevar adelante sus negocios.
Lo que a priori hay que señalar es que, luego de 29 años, “no existe ninguna justicia”. El solo hecho de que la condena sea la máxima aplicable a estos siete ex policías de la bonaerense merece un cambio de óptica: el juicio y castigo a esta banda de delincuentes tiene que servir como un punto de apoyo para todos los familiares y amigos de las víctimas de gatillo fácil, que hoy se encuentran luchando por la justicia para sus familiares y por la lucha para el desmantelamiento del aparato represivo.
Como señalaron los familiares luego del veredicto en los Tribunales de Lomas de Zamora: “ahora solo resta que la sociedad nos preste los ojos para que los condenados respeten la obligación de: no se ausentarse de sus domicilios por más de 24 horas, no salir de la Provincia de Buenos Aires, no salir del país, no acercarse a los familiares ni a sus abogados, no participar de eventos públicos”. No es, ni más ni menos, que avanzar sobre un control de la sentencia a manos de los propios trabajadores.
