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El fiscal mendocino Fernando Giunta, quien abrió la causa contra Martín Rodríguez y Lorena Torres, logró convertir una causa inicial por la que detuvo a cuatro militantes de la Unidad Piquetera en un delito reiterado. "Entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte público" es el delito que se les imputa y por realizarlo en "reiteradas" oportunidades -una variante de la reincidencia-, ordenó el traslado de los dos militantes del Polo Obrero a penales ubicados en el Gran Mendoza.
Giunta pidió el traslado de Rodríguez a la penitenciaria de Boulogne Sur Mer y a Torres la envió a la cárcel del Borbollón. La decisión la tomó durante una movilización que exigía la libertad de los dos compañeros y para justificarla se basó en 5 y 10 antecedentes de la misma índole, respectivamente. El objetivo de trasladar a penales a dos detenidos por cortar una calle es amedrentar cualquier movilización en la provincia y dar una señal de que el ajuste lo van a imponer con represión.
Días antes de la represión a la jornada nacional de la UP, la policía de Suárez había reprimido un escrache de trabajadores estatales y de la salud en la Fiesta de la Vendimia. El gobierno presenta ambos atropellos como una demostración de que en Mendoza "se respetan las leyes".
En la semana del 24 de Marzo exigimos la libertad de Rodríguez y Torres y denunciamos al gobierno nacional y provinciales que están embarcados en imponer las políticas de hambre y ajuste del FMI. Pongamos en pie una gran columna que no sólo luche por la justicia contra los responsables y cómplices de la dictadura militar y por la apertura de los archivos, sino que sea un canal de organización por el desprocesamiento y la libertad de los presos y por todas las reivindicaciones actuales.
