Salario mínimo: Massa ajusta más a los trabajadores más pobres

Escribe Pablo Busch

Complicidad absoluta de la CGT.

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El Consejo del Salario aprobó ayer una suba semestral del salario mínimo del 26 % en tres cuotas. El plenario, realizado en forma virtual, aprobó la propuesta con 30 votos positivos, una abstención y un voto negativo. Con base en los valores de marzo 2023, los aumentos serán en tres cuotas no acumulativas: un 15,6 % para abril, 6 % en mayo y 5 % para junio. Las partes también acordaron una nueva convocatoria para julio de 2023 para revisar los valores y volver a actualizarlos.

El acuerdo, que recogió el apoyo de la inmensa mayoría de la CGT, está todavía por debajo de la pauta salarial establecida por el gobierno para las paritarias –un 60 % anual en dos tramos semestrales del 30 %. Esto cuando después de que los números de la inflación de febrero, la pauta de Massa se ha vuelto indefendible incluso para los capitostes de la CGT.

Con los aumentos incluidos, el salario mínimo vital y móvil (SMVM) llegará a $87.987 recién en junio. El valor del salario mínimo es relevante, porque repercute inmediatamente en unos 400 mil trabajadores en relación de dependencia y también en los valores de los planes sociales. El gobierno y la CGT acordaron dejar el salario mínimo bajo la línea de indigencia, ajustando a los sectores más empobrecidos de la clase obrera.

Los medios especializados en cuestiones gremiales han recogido la abstencion de la CTA Yasky, y el voto en contra de la CTA Autónoma como "un resquebrajamiento del esquema de alianzas sindicales del gobierno". Nada más alejado de la realidad: tanto la CTA Yasky cómo la Autónoma se abstienen sólo para no quedar pegadas al ajuste, pero ambas se mantienen en el campo de apoyo al gobierno. Aprovechan la oportunidad para diferenciarse de Alberto y colocar el reclamo de un aumento de suma fija. El comunicado de la CTA Autónoma avisa que «ante los montos acordados entre el gobierno, la CGT y los representantes empresariales» en los próximos días «se convocará a la Conducción Nacional para resolver una medida de fuerza para mediados de abril».

También "dispararon" contra el salario mínimo Pablo Moyano y Roberto Baradel. Al camionero dijo darle “vergüenza” que se discuta un aumento de 18 mil pesos, pero adelantó que no se va a ir de la CGT. Según versiones, el secretario general de la CGT "cerró la ventana de su navegador enfurecido, como quien da un portazo virtual". La impotencia de los dirigentes sindicales afines al gobierno es total. «No me voy a ir de la CGT, tenemos diferencias: yo creo que es urgente que el gobierno saque una suma fija, pero como está todo dividido, pasan los meses y los empresarios se la siguen llevando en pala». Para dejar clara su posición de pertenencia al gobierno, Moyano declaró «Si la ministra de Trabajo era Patricia Bullrich bueno, pero en un gobierno nuestro hagan un esfuerzo más».

El aumento del SMVyM, lejísimos de la inflación y por debajo incluso de la pauta del gobierno, repercute directamente en el cobro de los planes sociales, el fondo de desempleo y las becas de estudio, y hasta subsidios por situaciones de violencia de género, que son porcentajes del salario mínimo. El acuerdo suscripto significa entonces un alivio presupuestario para el gobierno que se suma a las miles de bajas y al recorte de asignaciones familiares.

Las declaraciones de los dirigentes sindicales del gobierno reclamando un mínimo igual a la canasta básica no son ni cantos de sirenas, ni plantean una lucha. Las expectativas sembradas por el FITU y la Unidad Piquetera de una ruptura de la CGT con el gobierno ha quedado sepultada por la historia.

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