Crisis de la vivienda en CABA: movilicémonos por el derecho a vivir en la Ciudad

“Caos y preocupación” son las dos palabras más usadas por los medios para definir la situación inmobiliaria desde que el gobierno anunció que suspendería la Ley de Alquileres. Para medir el estado de ánimo de las familias trabajadoras, alcanza con saber que, en Buenos Aires, más del 34 % de los hogares son alquilados.

No es que la Ley sea ninguna joyita. Los aumentos, que se actualizan una vez al año, ya acumulan 250 % desde el comienzo de la pandemia. Con contratos trianuales, el aumento anual se calcula a partir de un índice que combina la evolución de los salarios registrados y la inflación medida por el INDEC. Este fin de año, superó el 90 % de incremento.

Una trampa habitual de los dueños que alquilaron antes de esta ley es prorrogar los viejos contratos y fijar los aumentos que se les canta. Los inquilinos son rehenes de esta alternativa ilegal: de no aceptar, el dueño da por finalizado el contrato y van a la calle.

La situación es desesperante. En los contratos firmados en enero y febrero de este año, hubo aumentos de un 163 % en promedio. Para cubrirse de la inflación, los propietarios suben el valor del inmueble hasta montos impagables.

Si se relaciona la evolución de los alquileres (80.000 pesos un monoambiente) y la del salario mínimo vital y móvil (69.500 pesos), en marzo el salario mínimo apenas llegó a cubrir el 86,9 % de un monoambiente.

Un departamento sencillo con dos dormitorios -para una familia tipo- no baja de los 150.000 pesos. Según el informe de febrero del INDEC, un trabajador efectivo bajo convenio gana un promedio de 102.246 pesos.

Pero, además, en Buenos Aires y el conurbano, el 77,1 % de los avisos de casas en alquiler y el 34,5 de los departamentos son en dólares, según los monitoreos de la Universidad de San Andrés y Mercado Libre.

El anuncio de que iban a cambiar la ley volvió más catastrófico el panorama porque entonces las inmobiliarias decidieron suspender todas las operaciones. Esto produjo “una retracción violenta de la oferta, combinado con la postura de múltiples propietarios de cancelar reservas y preacuerdos”.

Según el Colegio Inmobiliario Profesional, la oferta retrocedió a 1.100 departamentos y casas, cuando el promedio habitual es de 6.500. Miles de propietarios ya se venían retirando del mercado a largo plazo para sumarse a la red de alquileres temporarios a través de apps como Airbnb. En diciembre pasado ya eran 17.823 propiedades.

"Los alquileres se están dolarizando, no hay contratos registrados y cerraron el área de alquileres del Ministerio de Hábitat de Nación", indicó Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados. Tampoco existe ningún organismo donde los inquilinos puedan denunciar abusos de propietarios o inmobiliarias.

Muñoz cargó directamente contra Massa: "Es un empleado de las corporaciones inmobiliarias y de la construcción. Dice que la ley de alquileres no funciona, cuando en realidad lo que no funciona es el plan económico de Massa y el FMI, el cual pidió no regular el precio de los alquileres", disparó.

La nueva ley, según Clarín, otorgaría beneficios impositivos a los propietarios y aceleraría los plazos de los desalojos. Los ajustes “libremente pactados” serían semestrales.

En la ciudad de Buenos Aires desde 1947 la población ronda los 3 millones de habitantes. El censo 2020 registró 1 millón y medio de viviendas en la Ciudad, lo que significa que existe una cada dos habitantes. No debería existir ninguna crisis habitacional.

Pero lo que sucedió fue lo contrario: entre el año 2000 y el año 2020 el porcentaje de inquilinos subió del 20 al 38 %. Y el 10 % de los habitantes de la Ciudad vive en villas y de forma muy precaria.

La otra cara de la moneda es que más de 180.000 viviendas están vacías, en general departamentos de alta gama situados en los barrios de Puerto Madero, Recoleta y Palermo.

La especulación inmobiliaria, la construcción de departamentos lujosos como reserva de valor, los alquileres estratosféricos expulsa a los trabajadores de la Ciudad. Cualquier solución al problema de la vivienda obrera tiene que enfrentar esos intereses.

Hay que abrir al alquiler las viviendas desocupadas, establecer impuestos confiscatorios para la gran propiedad urbana. Que los alquileres no superen el 15 % del salario obrero.

Por un plan de viviendas populares financiado por el gran capital.