Escribe Sebastián Chirino
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El municipio de Pilar presentó, entre gallos y medianoche, en una audiencia pública que se convocó de espaldas a la población del distrito el lunes 10 abril., el anteproyecto para un nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial de Pilar (COUTP). Según informaron, se viene trabajando desde hace año y medio y cuenta con el asesoramiento técnico de la subsecretaría de Territorio de la Provincia de Buenos Aires y financiamiento del Consejo Federal de Inversiones.
Entre las modificaciones se destacan “la promoción, conservación y restauración de los ecosistemas (…) y respetar el arbolado existente sea público o privado”. Otro punto es la intención de agrupar todas las actividades industriales en la zona del parque industrial actual, ampliándolo hacia la ruta 6.
Desde el municipio pretenden instalar la reforma del COUTP cómo una modificación progresiva con respecto a la actual, vigente desde 2015, que tendría como propósito principal un reordenamiento centrado en el acceso a la tierra y la vivienda desde una perspectiva ecológica. La punta de lanza para esto es la creación de un Banco Municipal de Tierras, que se financiará por la percepción de la Contribución sobre las Valorizaciones Inmobiliarias (COVI). Esos aportes serán “de carácter obligatorio y adicional a otras exigencias urbanísticas” para los desarrolladores inmobiliarios, que podrán pagarlos en tierras, en unidades edificadas o bien en dinero en efectivo. Esos recursos alimentarán el Banco Municipal de Tierras y, cuando sean en dinero, al Fondo de Desarrollo Urbano (FDU). Este último tiene por objeto financiar, entre otras cosas, la compra y/o expropiación de tierras; la ejecución de planes de loteo social y mejoramiento barrial; la ejecución de espacios verdes y recreativos; la ejecución de redes de infraestructura de servicios básicos en sectores de escasos recursos; la ejecución de equipamiento; la implementación de operatorias de vivienda por esfuerzo propio y ayuda mutua” (Fuente: Pilar a Diario).
No está claro de ninguna manera el carácter y los montos de las contribuciones de los desarrollos inmobiliarios privados que financiarán el BMT y el FDU, es decir el porcentaje, monto o donación de tierras que los desarrollos tendrán que aportar. Todo indica que, a cambio de un módico aporte ´social´, tendrán carta blanca para sus negocios. Por el momento, por ejemplo, lo único que establece el proyecto en relación con el “acceso a la vivienda” es “una zona de Uso Exclusiva de una fracción de 9 hectáreas en el barrio de San Alejo, donde se proyectarán 182 casas como parte del Plan Federal de Vivienda”. En un distrito que aumentó su población un 32% en los últimos 10 años, que hoy cuenta con casi 400 mil habitantes, donde sólo en 2022 se redujo a más de la mitad la oferta de viviendas para alquilar, a precios que superan los salarios promedios, se cae de maduro que con la promesa, a futuro, de 182 casas, no se mueve el amperímetro de las necesidades reales de vivienda. No hay en el proyecto del nuevo COUT del gobierno de Achával ni asomo de un plan de viviendas, ni de loteos de tierras con una financiación acorde a los salarios de las familias trabajadoras, o alguna medida que tienda a saldar lo que desde el municipio caracterizan como una “deuda histórica”.
En las últimas décadas, Pilar se consolidó como la meca de la especulación inmobiliaria, orientada principalmente a los countrys y clubes de campo; la inversión en infraestructura estuvo destinada a las necesidades de estos proyectos.
El proyecto del nuevo COUT rezonifica las zonas donde se podrán construir torres en altura. El código vigente fue aprobado por la administración macrista de Ducoté en 2019, hace menos de 4 años. Permitía, entre otras cuestiones, las construcciones de hasta 12 pisos en centro urbano; en el actual, se elimina esta posibilidad, pero tampoco, hasta la actualidad, se han construido torres de esas características en el centro de Pilar. Con el nuevo código se permiten las construcciones de alturas (torres de hasta 35 metros de altura) en la zona lindante a la panamericana. Tenemos con el proyecto del nuevo COUT un redireccionamiento geográfico para la especulación inmobiliaria.
Otro punto que verifica el carácter del COUT de Achával es la continuidad en la zonificación industrial que benefician a empresas contaminantes en zonas rurales del distrito. La Organización Ambientalistas Autoconvocados de Pilar denunció, en un comunicado “la falta de medidas concretas para proteger a la comunidad de Parada el Gallo de la contaminación industrial. Parada el Gallo es una localidad rural del partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, en la cual desde el año 2000 han venido instalándose en forma ilegal diversas empresas industriales altamente peligrosas y contaminantes, clasificadas como Categoría III. Entre ellas destaca el caso de Verasur, una destilería de hidrocarburos, y Tradec, una empresa de tratamiento de residuos industriales. Además, se instaló en las inmediaciones un depósito judicial de chatarra que empeoró la ya crítica situación ambiental de la localidad. Entre los daños ambientales registrados se encuentran contaminación de suelos por hidrocarburos y residuos peligrosos, contaminación de acuíferos, y grave afectación a la salud de los y las vecinas de la comunidad” (https://ambientalistas.org.ar). Esta organización también denunció las irregularidades en la convocatoria a la audiencia pública.
Desde la oposición de Juntos por el Cambio se centraron en atacar el proyecto porque “viene por la propiedad privada” para “regalar tierra de forma arbitraria”. Estos burdos argumentos hacen referencia a las facultades de expropiación, ya contempladas en la legislación vigente. Por el contrario, en el proyecto actual, los tiempos para las expropiaciones son alargados. Es decir, el PRO y los radicales no tienen nada para cuestionar a un proyecto que genera mejores condiciones para los negociados inmobiliarios de los cuales ellos son lobbistas fundamentales. Aprovechan el debate para hablarle a su base electoral y agitar la “grieta”.
El nuevo proyecto para el COUT de Achával, solo impulsará la especulación inmobiliaria; los beneficios y concesiones a empresas contaminantes, la construcción de torres lindantes a Panamericana, que funcionarán como reserva de valor, mientras se mantienen altísimos los alquileres. Cualquier solución al problema del habitad y de la vivienda obrera tiene que enfrentar esos intereses.
La población trabajadora de Pilar debe intervenir con un programa propio. Por un plan de viviendas financiado por los grandes capitales del distrito.