Docentes bonaerenses: necesitamos continuar la lucha por nuestro salario

Escribe Mariano Hermida

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El gobierno de Kicillof y los sindicatos docentes bonaerenses que integran el FUDB (SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP y AMET), están debatiendo los términos de un nuevo acuerdo salarial. Esto ocurre -como de costumbre- de espaldas al conjunto de la docencia que no tiene ni voz ni voto en los ámbitos sindicales.

Hasta el mes de junio, la docencia recibió un ajuste salarial nominal del 40,5% en cómodas cuotas por detrás de la inflación, provocando la pérdida de poder adquisitivo real de los salarios. El gobierno se vio obligado a adelantar a mayo el último tramo por una serie de paros autoconvocados que tuvieron un impacto provincial. Pero, además, porque la mayor parte de ese porcentaje se aplica sobre cifras por fuera del salario básico que ronda números de indigencia. Según el Calculador de Haberes de SUTEBA, en el caso del cargo de una maestra de escuela primaria que recién se inicia, el salario básico es de $69.000, llegando a $164.000 de bolsillo, sumando todas las cifras en negro. Un docente que trabaja en el nivel secundario y que recién inicia y tiene diez módulos tiene a su salario básico en los $63.000, llegando a los $115.000 con las cifras por fuera del salario inicial. Se trata de salarios de pobreza que obligan a una super explotación laboral sin precedentes, ya que para orillar una canasta familiar que ronda los $350.000, la docencia tiene que acumular decenas de módulos y trabajar hasta tres cargos. Teniendo en cuenta el trabajo que la docencia realiza en su hogar y que incluso la mayor parte son mujeres, la vida familiar y social queda absolutamente relegada. De yapa, ha trascendido la intención del gobierno de Kicillof de aplicar descuentos por los días de huelga.

En una reunión que mantuvieron los sindicatos provinciales con el gobierno bonaerense, dejaron trascender en un comunicado que reclamaron “la urgente necesidad de un incremento salarial” (SUTEBA 26/6), pero se cuidaron de no poner cifras concretas. Según Página 12 (26/6), “el pedido para esta nueva paritaria es de un 30% extra”, pero tampoco se dice sobre que salario básico se aplicaría y si sería de una sola vez o en cuotas como viene siendo hasta ahora. En el mejor de los casos, con ese 30% la docencia seguirá perdiendo poder adquisitivo, como ocurre desde hace ocho años. Es el mecanismo que aplica el gobierno para confiscar los salarios y las jubilaciones para cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional. En cambio, ofrece a los tenedores de la deuda pública bonos que se indexan por inflación o por dólar, un beneficio del que no goza ningún trabajador de la República Argentina. La candidatura a presidente de Sergio Massa por el Frente “Unión por la patria” fue saludada por los mercados financieros y por la Bolsa, pero también Hugo Yasky, de la CTA T: "Es muy potente que hayamos logrado una lista de unidad, más allá de los nombres y candidatos" (Infonews 28/6). La visita a la embajada norteamericana el año pasado junto con Roberto Baradel (SUTEBA) no fue en vano.

La docencia bonaerense viene de realizar paros parciales de 48 hs. que contaron con una adhesión masiva en las escuelas. Empalmó en el último paro nacional docente con la huelga indefinida de la docencia de Jujuy, que continúa reclamando aumento salarial, pese a las maniobras del gobierno y los sindicatos afines para aplastarla. La docencia de Santa Cruz también sigue de huelga indefinida contra el ajuste de Alicia Kirchner. Las seccionales multicolores de SUTEBA, sin embargo, no han aprovechado ese ímpetu de lucha para que la docencia bonaerense se una al camino de la huelga indefinida, sino que los paros se han utilizado para presionar a la burocracia sindical para que “rompa con el gobierno” y llame a un “plan de lucha”.

Es necesario reconstituir el movimiento huelguístico, mediante asambleas de escuelas, pronunciamientos, autoconvocatorias y plenarios de delegados con mandato para retomar el camino de la huelga por un aumento inmediato de $150.000 y de un salario básico mínimo por cargo que cubra el costo de la canasta familiar, hoy en los $350.000, indexado por inflación.

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