“No dolaricen, declaren el default”

En términos publicitarios, la campaña electoral aparece como una competencia entre marcas de insecticidas. Los candidatos en punta pujan por alguna forma de “exterminio”. El ‘exterminio’ de la ‘casta’ y del peso argentino, que pregonan Milei y sus dogos, el ‘exterminio’ de los piquetes y del kirchnerismo que ‘promete’ Bullrich; incluso, en el caso de Massa, el ‘exterminio’ del FMI. Ninguno de estos objetivos es viable: el reemplazo del peso es inconstitucional, el kirchnerismo seguirá con diputados, senadores y gobernadores, que serán electos el domingo 23 de octubre; y para “sacar de Argentina al FMI” Massa deberá pagar antes 45.000 millones de dólares a una tasa de interés del 8% anual. Con estos slogans fantasmagóricos, los tres han emprendido una maratón, a la que le quedan treinta días, para llegar al ballotage. En el caso de Argentina, sin embargo, es posible ganar en primera vuelta con el 45% de los votos positivos emitidos. Como no se cuentan los votos en blanco ni el porcentaje se calcula sobre la totalidad del padrón, con un 30% se podría evitar el ballotage.

El punto central, sin embargo, no es abordado por ninguno de los tres ‘exterminadores’: Argentina está en una quiebra que no fue ejecutada para permitir el desarrollo electoral y el cambio de gobierno. Este cambio político ya fue alcanzado, incluso en el caso de la candidatura de Massa, que representa la exclusión del kirchnerismo de la próxima renovación gubernamental. Derrotas como la de Capitanich, ayer, o antes en Santa Cruz o San Juan, van en esa misma dirección. Los descendientes de Cristina Kirchner ya empezaron a componer un nuevo cancionero, como lo ha sugerido Kicillof, cuya eventual reelección como gobernador transitará por otros pentagramas.

Lo que el proceso político pretende rescatar es una deuda pública del Estado nacional de 402.000 millones de dólares, que cotiza a valor de default. En ese monto no están incluidas la deuda del Banco Central (Leliq) por el equivalente a 40.000 millones de dólares, tampoco la deuda comercial de otros 35.000 millones con los sectores de importación, ni la deuda de las provincias o la deuda flotante del Tesoro. La deuda pública, en pesos, que se indexa por inflación o dólar, equivale a 130.000 millones de dólares. Todo sumado, la deuda pública oficial –con exclusión de la privada, de otros 80.000 millones de dólares– es de 500.000 millones de dólares a tasas de interés muy elevadas.

Este cuadro sin salida ha llevado a la revista británica The Economist, la biblia de los acreedores, a titular uno de sus editoriales de la semana pasada (7.9), con términos más exterminadores que los slogans de campaña: “Argentina necesita un default, no una dolarización”. Para dolarizar es necesario un default. No estamos ante una opinión de periodistas sino ante una proclama del capital financiero. En otro editorial, precisamente, la misma publicación había advertido acerca de “Cómo harán los políticos para escapar a las enormes deudas públicas” (31.8). La crisis de deuda es mundial –más del 100% del PBI, de acuerdo al FMI. El déficit fiscal de Estados Unidos, de 2.3 billones de dólares, o un 9% del PBI, “sólo se ha visto en períodos de catástrofes”, escribe la revista. En estos mismos momentos, Pakistán (250 millones de habitantes) está considerando suspender las elecciones Ejecutivas de este año debido a la rebelión desatada por el retiro de subsidios a la energía eléctrica, por una exigencia del FMI para corregir el déficit fiscal, la inflación y el endeudamiento, en un calco, casi, de lo que ocurre en Argentina. No llegaría a octubre.

El planteo del viceministro de Massa, Gabriel Rubinstein, acerca de desarmar la crisis de deuda de forma gradual, linda en lo remoto. En realidad, toda la orientación del massismo apunta a lo contrario, o sea a una catástrofe, pues apuesta a la inflación para aumentar la recaudación impositiva con el pretexto de alcanzar un equilibrio fiscal. Es un equilibrio falso, porque excluye los pagos de intereses de la deuda del Tesoro, que son del 8% del PBI. Los planteos a favor del superávit fiscal, antes del pago de intereses, como en el caso de Massa, Bullrich y Milei, tienen el objetivo, precisamente, de apuntalar una declaración de default. El eslabón perdido de la dolarización -que denuncian todos los que se oponen- como la falta de dólares y el sobrante de pesos, pasa, precisamente, por el default que recomienda The Economist. El default habilitaría una completa reestructuración de la economía argentina con el FMI y el conjunto del capital financiero.

Todo indica que los “capitanes de la banca, la industria y la agroexportación” no quieren dejar en manos de Milei una declaración de default, y tampoco, aunque hasta cierto punto, en manos de Massa. Pero los sondeos de la elección nacional no los ayudan, porque Patricia Bullrich, su preferida, sigue relegada en la intención de voto. No es esta la única línea de quiebre, porque se perfila una ruptura entre el PRO y la UCR, con un impacto inmediato en la elección de CABA - lo mismo varios seguidores de Larreta. Un sector de la UCR quiere votar a favor del proyecto que presentó Massa para abolir la cuarta categoría de ganancias. Massa quiere llegar al ballotage. Del lado del oficialismo hay varias líneas de división, cuya forma definitiva será determinada por el resultado electoral, aunque varios burócratas, no solo Barrionuevo, van con Milei, atraídos por la certeza de que gana en primera vuelta y con la ambición de ponerle ‘la estructura’ que Milei no tendría. La fractura capitalista en Argentina alcanza, como se ve, todos los niveles. En el terreno político-judicial el impasse del Consejo de la Magistratura de CABA es total, lo que condena al Poder Judicial del distrito a la inmovilidad. La Corte Suprema, por su lado, se encuentra discutiendo con Milei el candidato a ocupar el quinto escaño del Tribunal.

En el electorado también se producen movimientos y cambios de tendencia. Hay un mes de tiempo para que alcancen la superficie. El voto por Milei empieza a ser cuestionado, sin mayor simpatía por Massa, el jefe de la confiscación inflacionaria y no inflacionaria de salarios y jubilaciones. Como en los tiempos de CFK, ANSES apela las sentencias favorables a los jubilados que cuestionan los índices de ajustes de Macri y Alberto Fernández. Vamos a otro caso Badaro. La satisfacción de los reclamos de los jubilados exigiría un impuesto extraordinario a los estratos superiores de ingresos. En este escenario de crisis gravísima y de creciente inquietud popular, el FIT-U se ha fragmentado aún más, con rencillas sin principio, y una campaña electoral para el candidato de cada capilla. El PTS ha iniciado su campaña que evita chocar con los candidatos del FMI y sin planteos de poder ante una crisis de poder. El PTS desvirtúa la lucha de la mujer al separarla de la lucha de clases y tornarla ajena a una lucha preparatoria por el poder.

Nuestro partido, Política Obrera, enfrentará esta fase electoral con una campaña de esclarecimiento acerca del carácter capitalista sistémico de la crisis y la inminencia de una hiperinflación y un default y otros recursos expropiatorios contra los trabajadores. Clarificar acerca de los intereses de clase de los candidatos del FMI y, en especial, la fragmentación del poder y la crisis de gobernabilidad, o sea el agotamiento del régimen político patronal. Nuestra campaña consistirá en una agitación para responder a los ataques del capital con la huelga, incluida la huelga general, la autoconvocatoria y la construcción de un poder político propio de la clase obrera.

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Entrevista a Jorge Altamira en "A río revuelto" por LU6 (19/9/23) Publicada en el canal de YouTube de Política Obrera.