Tiempo de lectura: 6 minutos
El lunes pasado, la Comisión de Labor Parlamentaria de la Legislatura de Córdoba, aprobó un planteo del vicegobernador (a la vez presidente de la Legislatura) que reduce “el 45% de los salarios de los legisladores, autoridades superiores y funcionarios del poder legislativo por un plazo de cuatro meses. Acompañaron la iniciativa la UCR, Juntos por el Cambio, la Coalición Cívica, Hacemos por Córdoba, el Encuentro Vecinal y –cómo- no el aparato del Partido Obrero, en la figura de su diputada “revolucionaria” (así fue calificada por Néstor Pitrola cuando asumió) Soledad García. “No apoyó” el decreto el MST-Nueva Izquierda.
En realidad, no había nada que votar, porque esa Comisión de Labor no tiene facultades legislativas, es decir que se impuso una suerte de decreto-ley como ocurre en los “estados de excepción”. Quienes se indignan porque el Congreso de la Nación sólo funciona en lo relativo a las comisiones, han hecho lo mismo, sin mosquearse, en Córdoba, con el serio agravante de usurpar las funciones de la cámara legislativa provincial. La admisión de que Labor Parlamentaria puede sustituir el plenario de legisladores significa que estos son un cero a la izquierda y peones de sus respectivos aparatos. El Partido Obrero (O) ha admitido un parlamento que no funciona como tribuna donde colisionan posiciones de clase antagónica, sino como un cerrojo que no permite distinguir las razones del voto de unos y de otros. Esta violación de la democracia y del sistema parlamentario, y ni qué decir de los principios socialistas de delimitar las posiciones de cada clase, la perpetra un aparato que reivindica a esas instituciones como sedes de la soberanía popular, y que denuncia, ahora mismo, al gobierno de los Fernández por gobernar por DNU. Al tomar una decisión de gobierno por encima del parlamento, el aparato del PO se incorpora a un co-gobierno, mediante un acto de ‘unión nacional’ (en este caso provincial) con los partidos patronales. Al final, ¿’la pandemia no nos afecta a todos’?
El FIT-U recibió otro golpe estratégico con la divergencia expresada por el MST-NI, como ocurriera cuando Izquierda Socialista se negó a votar, como sí lo hicieron el PTS y el aparato usurpador, la ley de emergencia alimentaria. Todo esto ha desatado una trifulca de ataques recíprocos dentro del FIT-U, de neto carácter faccional, pero que es una admisión irreversible de la justeza de las advertencias formuladas por nuestra Tendencia. En el caso que nos ocupa, el aparato del PO ha dado un quórum agravado al gobierno (en este caso al de Schiaretti), porque ahora admite la sustitución completa de la Legislatura por la toma de decisiones a manos de una Comisión formada por jefes de bloques. Las dietas de los diputados dependen de actos legislativos, de ninguna manera administrativos.
Ajuste
La reunión del vicegobernador Calvo con los jefes de los bloques legislativos estuvo precedida por el anuncio del gobernador Schiaretti de que se bajaría el 45% de su propio salario, lo que afecta los ingresos de todos los funcionarios políticos del ejecutivo provincial. Esta iniciativa de un amigo eterno de Macri se inscribe en una campaña nacional. Los cuatro diputados nacionales del bloque Córdoba Federal también “donaron” el 30% de sus dietas por cuatro meses; lo hicieron sin que lo ordene una Comisión de Labor. Rodríguez Larreta, por su parte, acaba de anunciar una reducción de salarios jerárquicos “voluntaria”, mientras congela al mismo tiempo las paritarias.
Ninguna de estas medidas implica algún cambio, y menos a favor de la clase obrera. En Córdoba, la estafa de Schiaretti y Calvo se pone de manifiesto en lo siguiente: el “ahorro” representa míseros $13 millones de pesos por cuatro meses, mientras la provincia piensa pagar a fin de mes vencimientos del bono CO26 por $1.200 millones. Un legislador socialista debería denunciar públicamente la maniobra de los políticos patronales y reclamar el no pago de la deuda provincial. Ni siquiera está claro si los fondos “ahorrados” en la dieta legislativa serán reenviados al Tesoro, o permanecerán en la propia caja de la Legislatura para volver a los punteros patronales bajo otra forma.
No hace falta tener la vista de un lince ni tampoco perspicacia, para caracterizar al decreto ejecutivo refrendado por los capos de bloque como un aval de puño y letra a los sueldos elevados de los legisladores, que recuperarían su poder adquisitivo dentro de 120 días. Nunca la izquierda firmó tal cosa en toda la historia – ahora viene a hacerlo la que reclama, como estrategia electoral y política que los legisladores ganen como un maestro. Dime de qué te jactas y te diré de qué adoleces. ¿Dónde está la oposición obrera y socialista al estado burgués?
Las medidas hipócritas, más que demagógicas, que pregona el gobernador apuntan a ‘aportar’ a la reducción de los salarios reales de los trabajadores públicos. Como el manejo del Tesoro de la Provincia es discrecional, y todavía más la Caja de la Legislatura, los punteros legislativos seguirán cobrando bajo cuerda, como ha ocurrido siempre en todos los parlamentos del país. El estudio jurídico que maneja al PO (O) de Córdoba, lo sabe mejor nadie. En Banco de Córdoba, Epec (electricidad) y Lotería, ya se aplicó el “tope” salarial de $102 mil, que ‘votó’ Labor Parlamentaria. El gobierno pretende “socializar el esfuerzo” entre los trabajadores provinciales. También fueron suspendidos 27 mil beneficiarios de planes sociales y de empleo. En los considerandos de la resolución del vicegobernador y presidente de la legislatura provincial, se señala que “la limitación de la actividad comercial, industrial y de servicios, han producido una caída sin precedentes en la economía nacional y provincial, provocando asimismo una reducción sustancial en los ingresos de la Provincia de Córdoba”. OBSÉRVESE BIEN QUÉ ES LO QUE AVALÓ EL APARATO PROVINCIAL DE NUESTRO PARTIDO: una reducción de sueldos como el resultado “inevitable” de la “reducción de ingresos”. Después de lo ocurrido en Chaco (otorgamiento de quórum para sancionar el Presupuesto de Capitanich), el Coquismo del aparato va por más.
El oficialismo del Partido Obrero, en lugar de denunciar este entuerto, lo avaló, por temor, seguramente, a ser denunciados por convalidar los sueldos parlamentarios vigentes (por cuatro meses). Pero para eso debieron haber impugnado la extralimitación de esa Comisión, y discutir las diferencias políticas en el recinto de sesiones. El aparato razonó al revés: es mejor aprobar esto entre cuadro paredes para que no nos escrachen en una sesión. El FIT-U ha sido atrapado por su consigna de ‘ganemos como un maestro’, y ha estallado por los límites de esa consigna dentro de un estado burgués. No fue capaz siquiera de denunciar el carácter impostor de una medida que, limitada a cuatro meses, refrenda las dietas vigentes.
En el FIT-U
Los socios del PO en el FIT-U han rechazado la aceptación de la orden del gobierno, aunque de un modo vergonzante. El PTS, en un artículo de difícil lectura, señala que “esta medida es una deformación total de las políticas históricas del FIT-U”. Pero nadie entiende por qué una iniciativa del gobierno sería una deformación de las políticas de la izquierda … Debe querer decir que el planteo de Schiaretti no es una dieta igual al salario docente. ¿Pero el PTS esperaba eso de parte de gobiernos que reducen los salarios docentes?
Izquierda Diario nunca explica ni informa a los lectores que la medida miserable(sic)… fue votada por la diputada que representa al FIT U en la legislatura de esa provincia, con toda conciencia de que la línea parlamentaria del PO (O) es la que defiende el PTS. Este enojo lleva a la sospecha de que el PTS hace lo mismo en las comisiones que funcionan en el Congreso, pero cuyas resoluciones no trascienden, ni en su contenido ni en su alcance legal. ¿A qué políticas históricas se refiere cuando ha ocultado lo ocurrido en el Chaco y luego hecho lo mismo con la reforma de jubilaciones especiales? “Políticas históricas” del FIT son por tanto una muletilla o abstracción, porque hace mucho que se ha impuesto en el FIT el cretinismo. El PTS ha dicho que tiene en estudio el tema Capitanich desde hace cuatro meses.
Izquierda Socialista, por su lado, califica a la medida de “insuficiente y tramposa”, sin que se sepa cuál habría sido la suficiente y honesta, mientras ni menciona el ‘cogobierno de unidad provincial’ establecido en una Comisión que adhiere a decretos del Ejecutivo, como si fueran actos parlamentarios.
El MST, por su parte, dice no apoyar el decreto “pero no porque estemos en contra de la rebaja” (nadie rechaza un descuento, ¿no?) sino porque es “pequeña, insuficiente y además temporal”. Ataca al PO (O) por “bajar propuestas históricas de la izquierda y diluirse apoyando medidas populistas”. ¿Esto es un frente? Discuten después de actuar, no antes, ni abriendo el debate, antes, a los militantes. Actúan como cualquier coalición pequeñoburguesa de arribistas. La táctica del frentismo es también un asunto de principios, porque ninguna ventaja práctica justifica adulterar los principios de clase ante los obreros.
Lo ocurrido en Córdoba delata un escenario de desintegración del FIT U en su único terreno de actuación real -el parlamentario.
