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Tras el derrumbe electoral del peronismo, se han producido novedades en el ámbito judicial que afectan, aunque de manera distinta, a los dos líderes de la vieja grieta.
Se produjeron dos decisiones judiciales de importancia. Por un lado, la Justicia ordenó la reapertura de la causa de “la ruta del dinero K”, en la cual Cristina Kirchner había sido sobreseída por el juez Sebastián Casanello el año pasado. Por otra parte, se confirmó el sobreseimiento de Mauricio Macri en la causa por el espionaje a los familiares del ARA San Juan. Como consuelo postrero, el kirchnerismo hizo aprobar el dictamen acusatorio contra los jueces de la Corte Suprema en la Comisión de Juicio Político de Diputados. “El número para aprobar la iniciativa en el recinto no está -ni con esta composición, ni con la de a partir de diciembre- pero el dictamen contará con estado parlamentario por un año más” (Página/12, 29/11). El massismo se borró a la hora de votar el dictamen.
La anulación del sobreseimiento que había beneficiado a CFK en la causa de “la ruta del dinero K” suma un nuevo revés a la reapertura de las causas judiciales conocidas como “Hotesur-Los Sauces” y el “Memorándum con Irán”. En ambas deberá transitar el juicio oral. La todavía vicepresidente además carga con la condena por la causa de “Vialidad” a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En el caso de “la ruta del dinero”, donde se investigan maniobras para el lavado de activos, en un dictamen dividido, la reapertura fue justificada por la presentación como querellante de una ONG macrista, “Bases Republicanas”. A mediados de este año, a instancias del fiscal a cargo de la investigación, Guillermo Marijuán, avalado por la AFIP y la UIF, Casanello ordenó el sobreseimiento. Ahora, los jueces de la Cámara de Casación no aceptaron declarar la nulidad del dictamen del 24 de mayo pasado, como pretendía la ONG, pero sí dispusieron que el juez dé trámite al planteo del nuevo querellante como acusador. “La ruta del dinero” comenzó a ser debatida en abril de 2013. Hasta ahora dio lugar a la sentencia de 10 años de prisión contra Lázaro Báez. Uno de los jueces que hizo lugar a las pretensiones de la ONG, Mariano Llorens, reclamó una nueva investigación que contemple las pruebas aportadas por la condena en “Vialidad”, que probarían la relación comercial entre Lázaro Baez y Cristina. La UIF (Unidad de Información Financiera), un organismo supuestamente autónomo que funciona bajo la órbita del Poder Ejecutivo, fue querellante en 2016 bajo el gobierno de Macri. El año pasado, ya bajo el gobierno de los Fernández, en cambio, apoyó el sobreseimiento.
Del otro lado, el sobreseimiento de Macri -junto a Gustavo Arribas y otros ex funcionarios de la AFI- contó también con un fallo dividido: la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el dictamen de sobreseimiento, apelado por el juez local de Dolores, Ramos Padilla. Para los jueces Yacobucci y Borinsky, el espionaje estuvo al servicio de “poner a resguardo la investidura presidencial”. La camarista Ledesma, que votó en contra, definió estos argumentos como una “carta blanca” a los servicios de inteligencia.
El nuevo giro de la justicia federal se produce luego del triunfo inapelable de Javier Milei en el balotaje, con el apoyo de Macri. El ´libertario´ ha designado -provisoriamente hasta que se demuestre lo contrario- a Mariano Cúneo Libarona como futuro Ministro de Justicia. Ambos se vincularon como empleados de Eurnekian y fue el propio Libarona quien gestionó el sobreseimiento del empresario del grupo América en la “causa de los cuadernos”. También fue abogado del tucumano Alperovich acusado de abuso sexual a su sobrina, de los empresarios responsables de la masacre de Time Warp, y de Carlos Menem -”el original”- en la causa por contrabando de armas a Ecuador.
La Justicia es ciega.
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