Después de Lago Escondido: familiares del ARA San Juan recusan a Mahiques

El escándalo de Lago Escondido ha servido como una suerte de contragolpe en el marco de la guerra judicial que están librando macristas y kirchneristas, luego de la condena de primera instancia contra CFK en la causa Vialidad.

Ocurre que, en ese contexto, la querella que representa a familiares de víctimas del hundimiento del ARA San Juan recusó al juez Ercolini y al camarista Carlos Mahiques, después del viaje a Lago Escondido, por el presunto vínculo de ambos con el ex presidente Mauricio Macri. A raíz de esto, la Cámara de Casación suspendió la audiencia en la que debía debatirse si se revoca o confirma el sobreseimiento del ex presidente por el espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, hasta que se resuelva el pedido de recusación.

Los chats de Telegram entre los visitantes a Lago Escondido que fueron hackeados tienen, por lo pronto, incierta validez jurídica. Hasta ahora se ignora cómo fueron obtenidos, pero se da por descontado su origen espurio, que la jurisprudencia argentina invalida porque no fueron ordenados por la Justicia. Esta garantía constitucional -aunque de todos modos no impide que diariamente la ciudadanía sea ´monitoreada´ por aparatos de seguridad pública y privada- debería ser, en este caso, inaplicable, pues se trata de personas públicas que forman parte del poder del Estado. La transparencia de sus actos debería ser inherente a sus funciones. Los diálogos interceptados hablan de fraguar evidencia para ocultar dádivas recibidas por un pulpo mediático (el Grupo Clarín) y del tráfico de influencias para evitar que la causa judicial iniciada en Bariloche se desenvolviera. Por otra parte, se sospecha que fue hackeado el teléfono de Marcelo D´Alessandro, el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, frecuentemente nombrado como eventual integrante de un gabinete nacional de una presidencia de Rodríguez Larreta. Esos chats habrían sido entregados a un sitio de espías que venden información al mejor postor. Algunas miradas recaen sobre la camarilla de “Jaime” Stiuso, que disputaría con D´Alessandro el control de los servicios de inteligencia en un eventual gobierno de la actual oposición. Todos estos elementos deberían bastar para destituir a los implicados y llevarlos al banquillo de los acusados.
Lo familiares del ARA San Juan denuncian que durante el viaje de jueces y funcionarios a la estancia de Joe Lewis se firmaron despachos judiciales, al menos en el caso del camarista Carlos Mahiques.

El caso del ARA San Juan tiene alto voltaje. Por un lado, por las responsabilidades que le caben al gobierno de Mauricio Macri por el estado de la embarcación, cuyo deterioro llevó a su implosión y a la muerte de toda la tripulación. Luego se supo, además, que la AFI macrista siguió y espió a los familiares de las víctimas. En la causa que se abrió a partir de ese espionaje ilegal, Macri fue sobreseído en primera instancia. Tanto la querella como el ministerio público apelaron y el caso llegó a la Sala II de la Cámara de Casación que preside el cuestionado juez Mahiques. A fin de año la Sala II cambia su composición y asumirían tres jueces que ya no serían favorables al ex presidente.

Lo que se puede observar es el ir y venir de carpetazos, denuncias, acusaciones de ambos bandos de la grieta, que dejan ver la gran descomposición del aparato judicial, del aparato de seguridad, del sistema de espionaje y finalmente también de los partidos políticos que recurren no ya a movilizaciones y programa, sino a una guerra sucia con instrumentos estatales y paraestatales para dirimir mediante causas judiciales, condenas y cárcel, la disputa por el poder político del Estado.