Escribe Iara Bogado
Dentro de los archivos de Epstein aparece 700 veces Argentina. Una investigación del Miami Herald destapó documentos que involucran a Mauricio Macri y expusieron vinculación con el Mossad.
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En 2014, Jeffrey Epstein -vinculado con Ghislaine Maxwell, hija del magnate Robert Maxwell, señalado históricamente por sus lazos con la inteligencia israelí- se convirtió en uno de los principales inversionistas de Reporty Homeland Security, empresa que promovía una aplicación de “alarmas de seguridad” fundada por exmiembros de las Fuerzas de Defensa de Israel. Dicha app tenía acceso a la ubicación del usuario aun cuando estaba desactivada y generaba mapas con una precisión escalofriante. En documentos internos informaba: “Con Reporty, las autoridades tienen el poder de controlar a la masa en la red social” (Infonews, 21/02).
Paralelamente en la Ciudad de Buenos Aires se comenzaba a diagramar el proyecto “Ciudad Segura” ejecutado por la policía federal -que dependía del Ministerio de Seguridad de la Nación-, sin licitaciones digitalizadas y con cada pedido de acceso a la información demorados. El plan incluía cámaras, patrulleros con reconocimiento de patentes, centros de monitoreo y fibra óptica financiada por Mer Group, otra empresa israelí. Esta firma enviaba reportes técnicos a Epstein sobre la instalación del sistema en Argentina y habría sugerido contratar a los mejores abogados para esquivar posibles conflictos legales por invasión a la privacidad (Politicar, 22/02).
Los documentos revelan así un entramado donde capitales privados ligados al complejo de seguridad israelí, empresarios locales y funcionarios argentinos confluyen en la implementación de dispositivos de vigilancia masiva, bajo el paraguas del combate al delito.
Dentro de los archivos también aparecen nombres de modelos argentinas, envíos de dinero a Roberto Giordano, quien organizaba desfiles de moda y la venta de un avión Gulfstream por US$ 10 millones al magnate por parte de “Fred” Machado, vinculado a José Luis Espert con el escándalo del narco que lo dejó fuera de las elecciones. Además, los mails mencionan vínculos con Joe Lewis, magnate dueño de parte de La Patagonia. Existe la posibilidad de que el pederasta que manejaba la red de trata haya visitado la Argentina y se descubrió una invitación a la que él habría aceptado justo antes de haber sido capturado (Página 12, 7/02).
Lejos de ser episodios aislados o simples “amistades peligrosas”, el caso expone cómo el capital opera por encima de cualquier límite legal: Epstein no era solo un delincuente con contactos en las altas esferas, sino parte de una red internacional donde confluyen finanzas, inteligencia, negocios de seguridad y poder político. Su injerencia en proyectos de vigilancia masiva en Argentina revela que el Estado no actúa como árbitro neutral, sino como instrumento que garantiza la acumulación y habilita mecanismos de control social sobre la población trabajadora. Las tecnologías de “seguridad”, financiadas por capitales ligados al complejo militar y de inteligencia, subordinan derechos y garantías a la rentabilidad y a intereses políticos extranjeros, convirtiendo la seguridad en un negocio multimillonario y en una herramienta de disciplinamiento. Frente a esto, la salida no pasa por reformas cosméticas, sino por cuestionar de raíz el dominio del capital sobre el poder político y la clase obrera.
Fuentes:
