Tiempo de lectura: 2 minutos
En el día de ayer se debía realizar el juicio en el Juzgado Contravencional N°3 contra nuestra compañera Vicky Mendez Torrez, dirigente de Política Obrera y del Polo Obrero Tendencia, y otro compañero de la FOB Libertaria, José María Díaz.
Iban a ser juzgados por una marcha y jornada de lucha que se realizó el 9 de diciembre de 2021. Sin embargo, los acusados fueron notificados ¡hace menos de una semana! Nunca habían sido citados a declarar, ni convocados, ni pudieron tomar conocimiento de los avances del proceso, en una causa a punto de prescribir. Aquella fue una jornada de lucha provincial donde se movilizaron prácticamente casi todas las organizaciones sociales de Jujuy. La policía labró entonces un acta contravencional contra los compañeros de manera completamente arbitraria, parcial, y negando la posibilidad del derecho a reclamar. Finalmente, y ante la denuncia de las graves irregularidades que tuvo la causa, la falta de pruebas y la arbitrariedad con que se manejaron, el juzgado resolvió desestimar la causa y pasarla a archivo.
Una herramienta de persecución constante
El gobierno de Morales se ha valido del Código Contravencional reaccionario creado por el PJ y puesto en vigencia por el radicalismo, como un mecanismo de persecución sistemática contra los luchadores y contra cualquiera que pretenda reclamar algo en la provincia. El gobierno lo ha utilizado desde que asumió Morales, en 2015, pero sobre todo después de la reforma de la constitución de este año, cuando fueron procesados cientos de luchadores en toda la provincia, y a la totalidad de los referentes de las organizaciones sociales, políticas y sindicales que no responden al gobierno. Su objetivo es tener a todos los activistas bajo amenaza.
Cuando el gobierno logró -con apoyo del PJ, el gobierno nacional y la burocracia sindical- contener la lucha contra la reforma constitucional y levantar los cortes de ruta de las comunidades originarias, rápidamente pasó a disponer una bateria de citaciones y procesamientos contravencionales -y en algunos casos, penales- contra manifestantes, trabajadores y activistas o a apurar las causas que ya estaban abiertas. Este mecanismo se inauguró con Milagro Sala, en cuyo caso el gobierno apeló a causas que estaban prescritas o residuales para sostener y justificar su detención. El gobierno ha exportado ese mecanismo a todos los activistas y luchadores en la provincia.
La lucha continúa
El gobernador electo Sadir ha manifestado que va a colaborar con el gobierno nacional. El gobierno pretende el “control de la calle” frente a un escenario explosivo e hiperinflación.
En este escenario, la lucha por la defensas de todas las conquistas, los derechos laborales, el salario, las jubilaciones y el derecho a un trabajo genuino, tienen que sumarse a una lucha por la anulación del código contravencional reaccionario y contra la persecución a los luchadores.
