40 años del retorno a la democracia

Política Obrera ante la transición democrática (Parte II)

Escribe El Be

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Durante sus primeros años, la dictadura combinó una represión a gran escala con la colaboración, abierta o velada, de los partidos 'democráticos'. Para Política Obrera, “esto significa que la conformación del gobierno militar tiene como base un conjunto de divergencias políticas y económicas burguesas, momentáneamente aplazadas ante la emergencia de la lucha de clases. (…) Es a partir de esta situación que las Fuerzas Armadas se han vuelto la organización política más sensible de la burguesía, pues toda la presión de las diversas clases sociales se vuelca sobre ellas en forma directa” (“Se acelera la descomposición política de la dictadura”, Política Obrera N° 301, 02/10/79).

A mediados de 1977, Política Obrera explicaba que “no existe un plan económico común a la burguesía, y el Ministerio de Economía no puede dar un paso adelante sin desatar nuevos choques y fricciones” (Tribuna N° 16, junio de 1977). Así se van produciendo los realineamientos: Videla apoya el programa de Martínez de Hoz y cuenta con el apoyo de los partidos liberales. Massera ‘converge’ con el desarrollismo” (Tribuna N° 18, agosto de 1977).

Los choques entre las camarillas militares se volvieron explosivas. En abril fue secuestrado el ex jefe de la presidencia de Lanusse, Edgardo Sajón; en mayo, el mismo ex presidente de facto Lanusse fue arrestado. En agosto fue secuestrado el embajador en Venezuela, Hidalgo Solá; en agosto fue secuestrado el director del periódico videlista Última Clave, Rodolfo Fernández Pondal; entre varios otros. Política Obrera explicaba que “Solá constituía una de las piezas claves en la estructuración del ‘diálogo’ prometido por el videlismo y tendiente a lograr una base de apoyo a la trenza en el poder; oficiaba de ‘puente’ entre la dictadura y los partidos, básicamente, el radicalismo y el peronismo”. Su secuestro era una expresión del “colosal regravamiento de la crisis política en que se debate el actual gobierno” (Tribuna, ídem).

Impasse

Para PO era claro que tanto los “duros” como los “blandos” representaban dos variantes de la reacción contrarrevolucionaria. Sostenía que “a la luz de este enfoque, las divergencias (entre las fracciones militares) son de grado, lo que de ningún modo atenúa la gravedad de estas” (“La estrategia de la burguesía”, Tribuna, 04/02/78). Pero Política Obrera explicaba que la resistencia a la línea ‘aperturista’ era de dos órdenes: “por una parte, el conjunto de la burguesía es consciente que la combinación de radicalización obrera y crisis económica hace imposible un régimen representativo, por limitado que sea desde el punto de vista democrático general. Por ello se pronuncian por una ‘convergencia cívico-militar’ de la cual Videla sería el líder. Pero, por otra parte, dentro de las FFAA existe una poderosa corriente contraria a iniciar un proceso con desemboque constitucional. Uno de los aspectos más importantes de la crisis política presente es, justamente, esta contradicción entre la tendencia predominante en la burguesía como clase y las FF.AA. como centro político del régimen burgués”.

A comienzos de 1978, la dictadura todavía no había logrado consensuar un ‘plan político’. En ese año, Harguindeguy (ministro del Interior) sostenía que el plan que tenían en discusión se ejecutaría, por lo menos, en dos planes de cuatro años cada uno. El ministro de Planeamiento, Díaz Bessone, por su parte, hablaba de un plazo no menor a los diez años. Viola, por otra parte, sostenía que la dictadura, después de la apertura, dejaría establecidas “garantías” de participación de los militares en el poder. Política Obrera planteaba que, a pesar de sus diferencias, “todas las fracciones militares coinciden en perpetuarse una década en el gobierno, digitar las próximas ‘instituciones republicanas’ y asegurar su continuidad del control militar sobre la ‘Nueva República’” (“Quince años de dictadura para desangrar a los trabajadores”, Tribuna N° 22, 28/12/77).

1978: la crisis de sucesión

Desde el 24 de marzo de 1976, el gobierno fue erigido mediante un precario compromiso entre las tres ramas de las Fuerzas Armadas, que reflejaban deformadamente los que tenían lugar en cada una de ellas. En este pacto, la cúspide del gobierno quedó en manos de una Junta Militar. Por otra parte, la presidencia, de carácter rotativo, se encontraría subordinada a la Junta. Todo este esquema reflejaba el frágil equilibrio entre las fracciones de las FF.AA.

La cuestión del sucesor de Videla generaba grandes rispideces. La desconfianza del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea entre sí iba en crecimiento. La oposición a Videla proponía separar los cargos de presidente y de miembro de la Junta Militar. Política Obrera caracterizó que “la necesidad de independizar al Poder Ejecutivo de la Junta Militar se deriva naturalmente de la necesidad de evitar el estado de deliberación en las FF.AA. y de separar el proceso de selección de los mandos, de las maniobras de orden político. Pero la introducción de un Poder Ejecutivo con la totalidad de los poderes de la Constitución está en contradicción con la naturaleza esencialmente militar del poder político actual y sólo podría ser aceptado en caso de existir un programa político que unifique a las FF.AA.” (“Frente Único contra la miseria y la represión”, Tribuna N° 20, 22/10/77).

Para la sucesión, el Ejército proponía nuevamente a Videla. Finalmente, se estableció un acuerdo de compromiso: Videla sería nuevamente presidente de la Nación hasta 1981 pero debía pasar a retiro; su cargo de comandante en jefe y miembro de la Junta serían asumidos por Viola; por su parte, Massera y Agosti también se retirarían; la independencia del Poder Ejecutivo sería reducida, la Junta ampliaría sus poderes para designar altos funcionarios.

Dentro del propio Ejército, un tercio de los generales se opuso a la designación de Viola. Inmediatamente a su nueva asunción, la Junta ordenó a Videla “desalentar inequívocamente toda expectativa” relacionada con el “diálogo” con los partidos. En otras palabras, mientras las fracciones de las FF.AA. se neutralizaban entre sí mediante un mecanismo de controles y limitaciones mutuos, quedaba sepultada la salida de la 'institucionalización'. La renuncia del general Villarreal y su equipo a la Secretaría General de la Presidencia era la señal del fracaso de la fracción 'institucionalista'. Pero sus opositores también vieron rápidamente defraudadas sus expectativas: en octubre de 1978, la Fuerza Aérea redactó un documento interno (dado a conocer con posterioridad) titulado “Necesidad de dinamizar el Proceso de Reorganización Nacional”, donde denunciaban que la dictadura “pareciera haberse detenido. Es como si [...] una aparente parálisis (la) hubiera afectado”.

Los partidos tradicionales de la burguesía aseguraban que la designación de Videla, el “blando”, confirmaba un rumbo hacia la transición democrática ('institucionalización'). Dentro de la izquierda, el PST afirmaba que "este mes (marzo de 1978), al cumplirse el aniversario del gobierno militar, hablará el general Videla. Confirmaremos, seguramente, que las autoridades buscan a su modo una apertura política. Nosotros confiamos que el pueblo trabajador cerrará la brecha que existe entre la retaceada apertura político-militar y una verdadera salida democrática". Para el Partido Comunista “a la clase obrera no le convienen el debilitamiento del sector democrático del gobierno y las FF.AA. sino su robustecimiento”. La expectativa democrática en la dictadura, por parte de estos partidos, seguía inquebrantable dos años después del golpe

Política Obrera, en cambio, sostenía que “no hay brechas democráticas progresivas (como plantean los liberales, el PC y el PST) causadas por un cambio en la relación de fuerzas: hay sí, una crisis política progresiva que tiende hacia la creación de una situación revolucionaria. Dejar de lado esta perspectiva es adaptarse a la ‘apertura institucionalización’ de la dictadura, tratar de obtener un lugar bajo el alero de los militares” (Política Obrera, ídem). Con respecto a la elección de Videla, aseguraba que “no sólo no es el punto de partida de un desenvolvimiento orgánico de la 'institucionalización' sino que potencialmente ha agudizado la crisis y el impasse militar” (“Nuevo esquema de poder: la dictadura intenta perpetuarse”, Política Obrera N°). Según caracterizaba PO, era el fracaso de los objetivos que se había trazado la dictadura el que la empujaba hacia el camino de la “institucionalización”. “No es contradictorio, decía, la búsqueda de este camino con la inexistencia de un plan político unitario de la burguesía. Es que la ‘institucionalización’ está siendo impuesta, no como parte de un plan premeditado de la dictadura, sino por la presión de la crisis” (“Situación política”, Política Obrera N° 286, 08/07/78).

Como conclusión, Política Obrera afirmaba que “el combate por la democracia política, como por todas las reivindicaciones de la población oprimida contra la miseria y el terror tiene una única salida realmente democrática: la liquidación de la dictadura y la imposición de una Asamblea Constituyente soberana, elegida sobre la base del sufragio universal” (Política Obrera 287, 21/08/78).

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Política Obrera en la transición 1983 (Parte I) 40 años del retorno a la democracia. Por El Be, 11/12/2023.

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