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El golpe militar del 24 de marzo de 1976 tuvo el propósito de asestar un golpe estratégico a la clase obrera, que había transitado un enorme ascenso revolucionario desde el Cordobazo hasta la huelga general de las Coordinadoras Obreras posterior al Rodrigazo. La democracia había agotado sus recursos políticos, en especial, claro, el retorno de Perón. El golpe fue impulsado activamente por todas las fracciones de la burguesía y por el stalinismo.
Caracterizaciones
Una caracterización inicial del golpe, por parte de Política Obrera, que será su hilo conductor hasta el final, decía que “el golpe militar no pudo cerrar definitivamente la crisis abierta con las huelgas de junio y julio de 1975” (Adelante!, N° 14, 01/04/77).
Los partidos políticos 'democráticos' de la burguesía (peronismo, radicalismo, partidos provinciales y el partido comunista) fueron un sostén de la dictadura desde el día uno. La consigna de guerra de estos partidos fue proferida por el jefe de la UCR, Ricardo Balbín, que llamó a los militares a “poner fin a la guerrilla fabril”. Las gobernaciones de la mayoría de las provincias y los municipios fueron entregadas a dirigentes estas fuerzas, mientras que una gran parte de los intendentes fueron ratificados en sus cargos. Según el general José Rogelio Villarreal, designado por Videla al frente de la Secretaría General de la Presidencia, “nosotros dejamos en el ejercicio del poder municipal a muchos intendentes que eran políticos. Cuando del análisis que se hizo el intendente había tenido un desempeño honorable, no se movió a ninguno, del partido que fuera”. Además, otros cargos fueron entregados a esas fuerzas, en carácter de embajadores, asesores y funcionarios de distinto orden. El golpe genocida fue una verdadera motosierra social y humana, que integró a la mayor parte de la ‘casta’. Con el correr del tiempo aparecerían otros colaboradores políticos, que buscaban una transición pactada del régimen militar, o sea su continuidad.
La mayoría de las fuerzas políticas entendía esta integración de las fuerzas 'democráticas' al gobierno dictatorial como una concesión de la Junta Militar y una demostración de sus pretensiones democráticas. El Partido Comunista (PC) sostenía que el golpe obedeció a una situación de “vacío de poder”; en esto coincidía el PST , o sea la corriente morenista.
Para Política Obrera, el proletariado no había sufrido una derrota estratégica. Por eso mismo, el gobierno militar entendía necesario “conservar las estructuras de contención existentes – partidos, justicialismo, PC. Les reclama que continúen cumpliendo su función en las nuevas condiciones, subordinados a la iniciativa política de los militares” (Adelante! N°2, 12/05/76). PO explicaba también que “la prensa burguesa -pero de manera muy especial la stalinista- insisten en adjudicarle al gobierno propósitos democratizantes, planes de rehabilitación de los partidos políticos, 'apertura' hacia todos los sectores políticos, que de ninguna manera el gobierno ha encarado o anunciado”, debido a que la 'apertura' no era más que “un gesto ceremonial hacia quienes apoyan incondicionalmente al gobierno” (Adelante! N° 3, 02/06/76).
Planes
En noviembre de 1976 la fracción de los “blandos” o “moderados”, encabezada por Videla, presentó al interior de las FFAA un proyecto reservado llamado Plan de Acción Política de la Propuesta de Unión Nacional. El mismo que advertía que “en nuestro país existe una suerte de 'Ley Política'” por la cual los gobiernos militares deben legitimarse en dos o tres años, o “entregar el poder a sus opositores, tal como ocurriera en 1958, 1963 y 1973”. El texto confesaba la transitoriedad de la nueva situación política y de la dictadura. Se trata del núcleo duro de la caracterización concreta de la situación histórica que se había creado. El plan diseñaba un plazo para la realización de un referéndum para establecer una 'institucionalización'. El presidente de la transición debería ser designado mediante un acuerdo cívico-militar y la convocatoria a una Convención Constituyente. Esta Constituyente debía crear también un “Cuarto Poder”, el militar, que controlara a los otros tres poderes constitucionales.
Para Política Obrera, este plan “revela en sus propios términos el 'impasse' de los 'moderados' ya que el gobierno no tiene ningún punto de apoyo para una burda 'apertura' continuista, esto debido a la belicosidad obrera y al hundimiento de los partidos tradicionales. Lo que se presenta como una propuesta 'aperturista' no tiene en realidad nada de democrática y constituye por esto mismo una prueba del impasse gubernamental” (Adelante! N°12, 15/12/76).
El proyecto de los “moderados”, de todas maneras, chocó contra la posición de la otra fracción de las FFAA, los llamados “duros”. En un documento interno (conocido con posterioridad a la dictadura) reclamaba descartar a “los partidos políticos preexistentes [que] no son aptos para encarar la descendencia del PRN (Proceso de Reorganización Nacional)” y proponía estructurar “un movimiento cívico-militar, suprapartidario y suprasectorial, consustanciado con los grandes objetivos nacionales implementados por las FFAA”. Entre 1976 y 1977 esta fracción presentó dos proyectos reservados: uno de ellos (el Plan Nueva República) sostenía que “un cambio realmente profundo y renovador sólo podrá efectuarse y consolidarse en un periodo que no podrá ser menor a los doce o quince años”; el otro (llamado “Proyecto Nacional”) establecía para el “proceso de institucionalización” un “horizonte temporal” en el año 2000.
Esta división entre “duros” y “blandos” despertó expectativas en una apertura comandada por los “blandos”. La separación tajante entre “duros” y “blandos” escondía una confusión, cuando el objetivo de todo el régimen militar era imponer una derrota estratégica de la clase obrera. Pero la contradicción de las diferentes fracciones de las FFAA dio como resultado un juego de suma cero. Los militares veían empantanada su 'salida institucional' al tiempo que el período reservado para la dictadura se iba agotando. El imperialismo norteamericano sufría el retroceso de su derrota en Vietnam; Nixon se había visto forzado a reconocer a China; en 1978 estallaría la guerra civil en Nicaragua y los militares brasileños empezaban a recoger las velas para una transición pseudo constitucional. Para Política Obrera, “la crisis en las FFAA tiene una importancia mayúscula para los trabajadores. Una brusca aceleración de este proceso replantearía toda la situación creada el 24 de marzo. Pero esta crisis tiene que madurar aún” (Adelante!, ídem).
A un año del golpe, los medios comienzan a reflejar una creciente disconformidad de diversos sectores de la burguesía. En su artículo “La prensa es barómetro de la situación”, Política Obrera explica que esos sectores “consideran necesario un plan de apertura política, porque su inmovilismo [del régimen militar] lo conduce a la crisis” (Adelante!, 01/04/77). Según entendía PO, “esto es sólo la primera etapa de la crisis política, pues basta leer las divergencias siderales entre las distintas propuestas burguesas para medir la brecha que se va abriendo en el seno del poder” (Adelante!, ídem).
Las presiones por una ‘apertura’ pronto comenzaron a llegar también desde el seno del imperialismo. El presidente norteamericano Jimmy Carter comenzó a impulsar la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina. Para Política Obrera, “la posición de Carter puede resumirse como una advertencia dirigida al ala ‘dura’, en el sentido de que la situación internacional de imperialismo no es compatible con el sostenimiento a un segundo Pinochet (...)”. En este cuadro de situación, con el creciente descontento de la clase obrera que se manifestaba con huelgas en diferentes ramas de la industria (metalúrgicos, mecánicos, Luz y Fuerza), PO concluía que “la perspectiva más probable es que el gobierno se verá obligado a encarar una política de ‘apertura’, aunque el hecho manifiesto es que no tienen ninguna” (Adelante!, ídem).
Una nueva fase de la crisis militar se planteó con la puja por la sucesión de Videla, que debía llevarse a cabo en 1978 según el acuerdo de las tres fuerzas militares. Otra amenaza, incluso más grande, era la bomba de tiempo de la crisis económica. Política Obrera había pronosticado en su primer número bajo la dictadura que “debido a la no derrota directa de la clase obrera, debido a la situación de compromiso entre los altos mandos y debido al desquicio que provocará el plan Martínez de Hoz (continuación de los de Rodrigo y Mondelli), es inevitable una crisis de corto plazo en el seno de la Junta Militar. El factor que irá quebrando el precario equilibrio actual es el plan económico” (Adelante N°1, 14/04/76).
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