Ley de Glaciares: la UIA, la Cámara de la Construcción y AmCham, el lobby a favor de cambiar la ley actual

Con un argumento, que ya se han constituido en un lugar común en el discurso de todos aquellos que están a favor del proyecto de reforma de la ley de Glaciares 26639, las principales cámaras empresarias exigieron abandonar los criterios abstractos, denunciaron que la normativa actual es un "cepo regulatorio" y que las provincias deben ser las que definan, analizando “caso por caso” qué áreas proteger para habilitar la minería en la cordillera. Sostienen que así se destrabarán las inversiones para la industria minera. Un apoyo incondicional al proyecto gubernamental.

Tanto, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) como la Unión Industrial Argentina (UIA) coincidieron en que la actual redacción de la norma funciona como un cepo regulatorio por su falta de precisión, y reclamaron que la protección se centre exclusivamente en aquellas geoformas que efectivamente cumplan un rol hídrico estratégico. Ambas Cámaras sostienen que no todos los glaciares o zonas periglaciares representan un recurso hídrico estratégico.

Este solo planteo cambia la letra y el espíritu de la ley actual, que parte que todos los glaciares, en cualquiera de sus formas, los ambientes glaciares y los periglaciares son estratégico desde el mismo momento que son reservorios de agua pura, en la zona semiáridas, y que aseguran no solo los cultivo (su riego), sino la vida misma de las personas (el agua potable), y que hoy un zona periglaciar tenga un peso específico menos en relación a otros en cumplir un rol hídrico estratégico, no significa que no lo cumpla en el futuro teniendo en cuenta que los glaciares y los ambientes glaciares y las zonas periglaciares, solo por el cambio climático global se van reduciendo de manera inexorable. La nueva ley y todos los proyectos mineros que hay en curso van a darle el golpe de gracia a los glaciares, sin importarles que cada glaciar que se destruye no hay ninguna posibilidad de reconstruirlo en un futuro.

La UIA

En abril de este año se produjo el ascenso por consenso de Martin Rappallini en la presidencia de la UIA en reemplazo de Daniel Funes de Rioja, quien ya había cumplido dos mandatos y no podía ser reelecto. Antes de retirarse, Funes de Rioja dejó escrito el proyecto (que salvo con algunos retoques), de “Reforma Electoral” que está en discusión en el congreso.

El nombramiento de Rappallini marca el desembarco del sector minero en la conducción de la entidad fabril. Rappallini lidera el Grupo Alberdi, holding argentino con fuerte presencia en la industria de la construcción (su empresa insignia es la Cerámica Alberdi con sede en Salta, pero filiales en el Sur y Buenos Aires) y una creciente participación en la minería metalífera.

Recientemente se convirtió en el socio local con Zonda Metals GmbH, compañía suiza dedicada a la exploración de metales a nivel global del Proyecto San Jorge, proyecto que ha venido siendo cuestionado por sucesivas movilizaciones masivas desde 2011, y que hace una semana atrás la legislatura mendocina pasando por encima de los cuestionamientos populares dio vía libre para que se inicie el desarrollo cuprífero ubicado en Uspallata, Mendoza. Además, mantiene actividades de exploración minera en el Proyecto Cerro Amarillo, en el departamento de Malargüe, al que científico del IANIGLIA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) han destacado que zona se encuentra en zona de glaciares, que lo pone en cuestión con la ley hasta ahora vigente.

CAMARCO y las constructoras

El foco del reclamo empresarial no es cuestionar la protección ambiental, a la que adhieren, sino la metodología de aplicación. CAMARCO, la (Cámara Argentina de la Construcción) es presidida por Gustavo Weiss, aseguró que es "absolutamente necesario" que la normativa contemple que la determinación de las áreas protegidas se realice "caso por caso".

Los constructores sostienen que la prohibición genérica que contempla la ley actual paraliza obras de infraestructura y proyectos productivos sin un sustento técnico real. Por ello, exigen que las definiciones se basen en "estudios técnicos específicos y en la evaluación de especialistas" con conocimiento científico en la materia.

Gustavo Weiss es un empresario cuya empresa Eleprint SA funciona desde 1962, ha sido cuestionado por sus vínculos con el kirchnerismo y en ese marco figura en la causa “LOS CUADERNOS” de la corrupción.

La Mesa del Cobre y la Mesa del Litio

La Mea del Cobre como la Mesa del Litio, son mesas políticas que reúnen a las provincias con potenciales emprendimiento cupríferos o litíferos. En este momento suman a Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy

Ahora todas estas provincias, sus gobiernos y la inmensa mayoría de los integrantes de sus bloques en el congreso se han alineado con el proyecto.

Junto a las cámaras empresariales locales, filiales de la UIA o Camarco, y las grandes mineras internacionales han concretado un frente único en la pretensión de que se le reconozca a los estados provinciales como los "legítimos titulares de los recursos naturales" y, por ende, quienes deben tener la llave para habilitar o frenar los desarrollos en sus territorios, algo que ya está contemplado en el texto del proyecto de la nueva ley.

De la misma han dado vuelta al "Principio Precautorio", que es un detalle técnico no menor del proyecto, y que se refiere a cómo maneja la incertidumbre. La iniciativa incorpora un Artículo 3º bis sobre el "Principio precautorio". Este establece que las geoformas del Inventario Nacional están protegidas "hasta tanto la autoridad competente" verifique la inexistencia de funciones hídricas. Pero agrega una cláusula clave para la inversión: "A partir del momento en que la autoridad competente (o sea las provincias) constate que un glaciar... no cumple con alguna de las funciones... se considerará que no está alcanzado por las previsiones de la presente ley".

Con esto se recorta el poder de veto tácito del inventario nacional. Si bien el IANIGLA seguirá siendo responsable técnico, el proyecto crea un mecanismo inverso: si una provincia detecta que un área incluida en el Inventario no tiene función hídrica, deberá informarlo al instituto, quien "deberá eliminarlo" del registro.

Proveedores

En el marco de los cambios de autoridades en la UIA, asumió Goransky designado como secretario del Departamento Minero de la UIA.

El dirigente también remarcó que para que la minería se consolide se necesitan obras de infraestructura. “Las regalías deben traducirse en rutas, energía y servicios en las zonas mineras. Y, por supuesto, garantizar trabajo digno para las comunidades locales. Esa es la verdadera licencia social”, y pidió priorizar a proveedores locales en proyectos mineros

En sintonía con este propósito, el Gobierno de San Juan anunció el envío a la Legislatura de un proyecto de ley que exigiría entre un 60% y un 80% de proveedores y mano de obra local a las mineras.

Pérez de Solay, CEO del Glencore (una de los multinacionales mineros más importantes del mundo) aseguró que vienen trabajando en conjunto y que el espíritu general es compartido. “Entiendo que este proyecto ha sido suficientemente dialogado, discutido, consensuado. Yo vengo de un principio básico, que es maximizar la cantidad de riqueza que se genera en el lugar donde nosotros realizamos las operaciones.”

Consultado sobre la falta de infraestructura -líneas eléctricas, rutas, ferrocarril y puertos-, el CEO señaló que la solución no recae exclusivamente en las mineras ni en el Estado, sino en generar condiciones para que actores especializados participen. “Nosotros podemos contribuir porque vamos a ser los principales demandantes de esa infraestructura. Pero no creo que sea función de las mineras construirla. No creo que sea función del gobierno construirla.”

Aseguró que la clave es alinear demanda y condiciones: “Creo que las mineras tenemos que poner la demanda que tenemos arriba de la mesa. Los gobiernos tienen que poner las condiciones para que aquellas empresas que saben hacer infraestructura, vengan y la hagan. Nosotros no somos operadores de puerto, no operamos trenes. Tienen que venir los que saben de puerto, de trenes y de electricidad y hacerlo.”

Trump y los intereses imperialistas

Por último, y no podía ser de otra manera, AmCham, la cámara que nuclea a las empresas estadounidenses en la Argentina, también dejó trascender la necesidad de destrabar la Ley de Glaciares, que esa es la condición sine qua non para que las grandes mineras internacionales hundan capital en el país.

El embajador Peter Lamela, se ha mostrado muy activo. Así fue a Mendoza a reunirse con el gobernador Cornejo, dando una muestra de apoyo a un gobernador que decidió enfrentar mediante métodos represivos el repudio popular a las leyes mineras que ponen en crisis el recurso más escaso de la provincia, el agua.

Conclusión, tenemos un breve cuadro de la burguesía argentina y sus representantes políticos, buscando por todos los medios ser parte del festín minero, ya sea como socios menores de los grandes emprendimientos que van a estar dirigidos por las grandes multinacionales mineras, o como constructores de las infraestructura de las minas, o como proveedores de servicios diversos de esas explotación, y todos junto haciendo un gran lobby para que se apruebe un proyecto de ley que dará piedras libres para arrasar con los glaciares, los periglaciares, los ambientes glaciares y destruyendo el medio ambiente y un insumo de vida como es el agua.