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Este marte 9 de diciembre está prevista una sesión de la Cámara de Senadores de la Legislatura mendocina. En la misma, el gobierno de Cornejo pretende que el Senado provincial ratifique la media sanción de cuatro leyes aprobadas en la Cámara de Diputados, entre las cuales figura la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero San Jorge, la ley de regalías mineras (para reducirlas a un mísero 3 % boca mina), la creación de un fondo compensatorio ambiental que funciona como permiso para contaminar y 27 proyectos más de exploración en Malargüe Distrito Occidental Minero II.
La sesión del Senado provincial ha sido convocada a las apuradas, en un marco de una extraordinaria movilización popular en rechazo a las leyes de las megamineras, con la bandera de la Defensa del Agua y de la Ley 7.722. En el Senado han modificado el orden del temario para que el DIA del Proyecto San Jorge sea tratado en primer lugar. El gobierno mendocino ha adoptado medidas extremas de restricción de cualquier presencia fuera de los propios senadores y los secretarios parlamentarios, con un despliegue represivo extremo para impedir que los manifestantes puedan llegar a la Legislatura.
Si el Senado aprueba las leyes, luego el Ejecutivo provincial tiene que promulgarlas con la correspondiente reglamentación, a partir de lo cual en el caso del proyecto San Jorge podría dar inicio a su proyecto minero, y las otras mineras avanzar con las tareas exploratorias en el sur mendocino.
Qué está en juego con estas leyes
PSJ Cobre Mendocino, antes conocido como Proyecto San Jorge, es un emprendimiento que pretende instalarse en Uspallata, al noroeste de la provincia, en el departamento Las Heras, a más de 2.400 metros a nivel del mar, en la cuenca que alimenta el río Mendoza, una fuente vital de agua. El objetivo del proyecto es extraer cobre, oro y plata.
Si las leyes que lo favorecen son aprobadas, no solo se iniciará la construcción de la mina, sino que se abrirán las puertas por otras decenas de proyectos que están en lista de espera.
El PSJ Cobre Mendocino ha sido cuestionado desde diversos sectores, entre ellos, el CONICET, donde advirtieron que el informe de impacto ambiental no resuelve observaciones críticas, destacando que son estudios viejos, hay datos incompletos, riesgos sobre las napas, suelos, patrimonio cultural y territorio de pueblos originarios. Ese comunicado científico fue censurado horas después de su publicación, por presión de la vicegobernadora, Hebe Casado, que justamente quería despejar cualquier cuestionamiento que interfiriera en el debate del Senado.
Además del CONICET, el Departamento General de Irrigación también fue duro con respecto al proyecto. Ante diversas recomendaciones del organismo, la empresa respondió en gran medida con la frase “se tendrá en consideración”. Desde el DGI volvieron a resaltar que no se trata de sugerencias, sino de obligaciones. Una de ellas es la de pedir autorización para el uso del agua del arroyo El Tigre, que en principio es de donde pretenden abastecerse del agua para el proyecto, y que es considerado público, mientras que la minera considera que es privado, además de una larga lista de monitoreos y ensayos para evitar problemas a futuro.
También partieron cuestionamientos desde la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo, que señala que la empresa "solamente ha cumplido de manera completa el 25 % de los requerimientos, de manera parcial el 52 % y no ha cumplido con algunas exigencias que superan cuantitativamente el 26 %", al momento de precisar las condiciones en que funcionaría la mina.
Pero quienes han realizado los cuestionamientos de fondo ha sido las organizaciones socioambientales, que advirtieron que la iniciativa podría generar contaminación con xantato, arsénico y metales pesados, lo que pondría en riesgo el agua que abastece a tres cuartas partes de la población mendocina. El arroyo El Tigre, del cual la empresa obtendría el recurso, “no alcanza en meses secos para sostener la operación ni garantizar el caudal ecológico obligatorio”.
También destacaron los riesgos de contaminación en las aguas subterráneas de la cuenca de Los Payatas, que desemboca en el río Mendoza.
Destacaron que el concentrado de cobre se transportaría en 14 camiones diarios durante 16 años por la vera del río Mendoza. “Son 80.000 camionadas. Un solo accidente puede convertirse en un desastre ambiental”.
Malargüe
Aunque la atención está puesta en el PSJ Cobre Mendocino, los sectores ambientalistas advirtieron que resulta “alarmante que avancen más de cien proyectos mineros en una cuenca interprovincial”.
Consideraron “inaceptable” la postura del Gobierno mendocino, que sostiene que la provincia puede decidir sin consultar a las jurisdicciones aguas abajo. “El agua no reconoce fronteras. Cuando cruza un límite en el mapa, no se entera”, expresaron.
En ese punto, remarcaron que el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) debe intervenir de manera urgente. Este organismo, creado hace casi 50 años, lo integran las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro. “Es la autoridad de cuenca y tiene la obligación de evaluar, dictaminar y ordenar medidas cuando existe riesgo para el (río) Colorado”. Como antecedentes, recordaron que en el proyecto de la hidroeléctrica Portezuelo del Viento, dicho comité fue determinante para frenar proyectos que podían perjudicar al río. “El Coirco no es un invitado: es la institución que garantiza que las provincias no tomen decisiones unilaterales sobre un río que es interprovincial”.
Los ambientalistas recordaron que, a comienzos de mes, el Poder Ejecutivo provincial envió a la Legislatura cuatro proyectos de expansión minera, entre ellos la segunda fase del Distrito Minero Malargüe Occidental II, que incluye 27 proyectos de exploración en la cuenca del río Grande. “Esos 27 se suman a otros 34 aprobados a comienzos del año”.
En este sentido, se destacó que el propio municipio de Malargüe y el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) dictaminaron en contra de 18 de los 27 proyectos de exploración que se ubican en zonas periglaciales, lo que implica una violación de la Ley Nacional 26.639.
Una historia de lucha
En 2007 se desarrolló en Mendoza una extraordinaria movilización contra los proyectos megamineros que, en aquel entonces, eran impulsados por el gobierno provincial y por el nacional, presidido entonces por Néstor Kirchner.
Inspirados en la lucha que se había desenvuelto en la provincia de Chubut, donde se había conquistado la prohibición del cianuro, se desarrolló una enorme lucha popular que permitió arrancar la sanción de la Ley 7.722 por la cual se prohibió el uso de sustancias químicas tóxicas como cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y otras sustancias similares en minería. A partir de esa lucha se pusieron en pie Asambleas Ambientales desde donde se impulsaron y coordinaron las luchas subsiguientes.
Luego, en 2011, la movilización popular impidió el intento de violar la ley habilitando precisamente ya entonces el proyecto minero San Jorge.
A partir de ese momento, dicha ley fue cuestionada como inconstitucional por las empresas mineras. Recién en 2015, la Suprema Corte de Mendoza se pronunció declarando a la ley constitucional. A partir de ese momento, las mineras y el gobierno radical presidido por Rodolfo Suárez, en acuerdo con el peronismo mendocino, acordaron la sanción de una ley de flexibilización (reforma) de la Ley 7.722, eliminando el artículo en que se prohibía el uso de sustancias tóxicas en minería. En octubre del 2019 la ley fue aprobada, lo que dio lugar a una rebelión que llegó a movilizar a 50.000 pobladores. La pelea se sostuvo durante 10 días y obligó al Gobierno a derogar la ley que acababa de promulgar.
Las mineras que estaban detrás del proyecto San Jorge decidieron ir en queja a la Corte Nacional, la cual, en 2021, falló declarando a la Ley 7.722 como constitucional, con la salvedad de una frase, que debía ser desechada, donde dice que se prohíbe “otras sustancias similares”, haciendo referencia al cianuro, al mercurio o el ácido sulfúrico, fundamentando en que lo que se prohíbe debe ser expresamente explicitado, lo que abrió la puerta a favor del Proyecto San Jorge Cobre Mendocino y otros para el uso de sustancias tóxicas como el xantato o la poliacrilamida.
Con toda esta experiencia de lucha y con todos los argumentos científicos, el proceso actual de lucha ya tiene varias semanas de recorrido que han permitido volver a reactivar las asambleas ambientales de toda la provincia y desenvolver un proceso de movilización que hoy tendrá un capitulo extraordinario, pues desde distintos puntos de la provincia se organizaron caravanas masivas, como la que partió de Uspallata a 120 km de la capital, también de todas las otras localidades que rodean la capital, e importantes movilizaciones en Gral. Alvear, en Malargüe y San Rafael.
Todo indica que el Senado va a aprobar los proyectos. Aunque el oficialismo ya tenía los votos asegurados, se esforzaron por lograr los votos del bloque del PJ que en Diputados votó en contra, pero ahora en el Senado, a pesar de haber anunciado lo contrario, la mayoría de ellos lo hizo a favor, dando clara muestra de su historial a favor de la política de los intereses de la megaminería y ahora de su colaboración y alineamientos con la política de los gobernadores mileistas y del propio Milei, como se verá en el Congreso Nacional cuando se trate la las modificaciones a la Ley de Glaciares.
Es claro que la lucha, partiendo de la propia experiencia de 2019, si las leyes son aprobadas, no puede darse por concluida. Con esa conciencia es que se pudo lograr la derogación de la reforma de la Ley 7.722 en el 2019, que ya había sido promulgada. Apoyados en esa experiencia y con las asambleas ambientales reactivadas a pleno, está planteado realizar de inmediato una asamblea provincial, invitar a la juventud y el pueblo trabajador mendocino para una lucha a fondo ocupando todas las plazas de la provincia, impulsando incluso la huelga general de los trabajadores, en especial de los viñateros, y convocar a que en todo el país las organizaciones políticas comprometidas con la lucha, sociales, ambientales, de derechos humanos, impulsen acciones masivas para contribuir a la victorias de la lucha en defensa del agua, de la Ley 7.722 y de la Ley de Glaciares, legislaciones que está siendo pisoteadas por todas las fuerzas políticas patronales.
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