El gobierno logró dictamen con los votos de libertarios, radicales y peronistas para un proyecto que arrasa con los glaciares

Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado aprobaron este martes el dictamen del proyecto que propone modificaciones a la Ley de Glaciares (Ley 26.639). El debate en el recinto quedó previsto para el próximo 10 de febrero, en el marco de un nuevo llamado a sesiones extraordinarias.

Según sus defensores, el proyecto apunta a redefinir los alcances de la Ley actual, otorgando a las provincias la facultad de determinar con precisión qué áreas son consideradas como ambiente periglacial. Sostienen, desde el gobierno, que esta descentralización busca dotar de mayor certeza jurídica a las inversiones y permitir el avance de iniciativas mineras y de hidrocarburos que actualmente se encuentran paralizadas por las restricciones de la norma.

Actualmente, la norma en vigencia obliga tanto al Estado nacional como a los provinciales a proteger a todos los tipos de glaciares. Sin embargo, la modificación habilitaría el uso de estos, si es que no se pone en riesgo una reserva estratégica de agua.

Participaron del evento en el Congreso representantes de organizaciones ambientales, del sector científico, del ámbito empresario minero y los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego, y de Catamarca, Raúl Jalil, quienes cerraron el debate político antes de la firma del dictamen.

Los glaciares

Lo que está en discusión es si se va a mantener la protección de un territorio que apenas ocupa una superficie del 1% de la cordillera, cuando el otro 99% está liberado para las más diversas explotaciones mineras, salvo por restricciones que plantean las leyes nacionales o en algunos casos, como la ley 7.722 de Mendoza, provinciales.

Según el primer informe del Inventario Nacional de Glaciares que se presentó en 2018, en Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo cuya superficie, es cercana a los 8.484 kilómetros cuadrados. La inmensa mayoría se encuentra en la Cordillera de los Andes y solo 890 en las Islas del Atlántico Sur.

El inventario relevó sólo glaciares mayores a una hectárea y, dentro del ambiente periglacial, únicamente a los glaciares de escombros (cuerpos de hielo cubiertos por fragmentos de roca) porque son los que pueden identificarse mediante imágenes satelitales y verificación en campo.

Doce provincias argentinas tienen glaciares en su territorio: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Según el Inventario Nacional de Glaciares publicado en 2018 por el IANIGLIA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), los 5.769 km² de glaciares andinos inventariados (es decir, excluyendo las Georgias y Sandwich) representan el 0,21% del total del territorio argentino en el continente americano. A eso cabe sumar la gran superficie del ambiente periglacial correspondiente a la definición de la Ley, y que incluye no solo glaciares de escombros, sino también el permafrost (suelos congelados)

El Magíster Silvio Pastore, coordinador del gabinete de Geología, Glaciología, Nivología y Cambio Climático de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), alertó, semanas atrás, sobre la dinámica glaciar y la velocidad del deterioro a causa del clima. “En tan solo cinco años, la provincia de San Juan, ha perdido más del 50% del volumen de hielo del ambiente glaciar de la cordillera debido al clima actual, un fenómeno que es sumamente alarmante en tiempos geológicos”, indicó.

Por su lado, Lucas Ruiz, doctor en Ciencias Geológicas que se ha desempeñado en el IANIGLA y CONICET, aclaró que la norma actual de la ley de glaciares no protege toda la zona periglaciar, sino solo las reservas de agua en estado sólido, que incluyen glaciares descubiertos y glaciares de escombros: “Lo que protege la ley periglacial es el hielo, la reserva de agua en estado sólido”.

Y recordó que el inventario nacional de glaciares existe desde 2018, pero su actualización cada 5 años está prácticamente detenida: “Lamentablemente, este último gobierno ha desfinanciado a la comunidad científica y hoy en día es una tarea titánica por la falta de recursos”.

“Gobierno glaciarticida”

Durante el encuentro, las organizaciones ambientales expresaron fuertes objeciones a la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo. Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), advirtió que el proyecto introduce cambios “por vía de la interpretación” que, a su entender, alteran el espíritu original de la ley y el esquema constitucional vigente

Desde el ámbito científico, Pablo Villagra, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), defendió el Inventario Nacional de Glaciares, concluido en 2018 y reconocido internacionalmente, al señalar que no presenta errores significativos y que actualmente se encuentra en proceso de actualización. Otros especialistas remarcaron la complejidad de los ecosistemas glaciares y alertaron sobre los riesgos de una eventual flexibilización normativa.

Las posiciones más críticas llegaron desde el ámbito jurídico-ambiental. Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, calificó el debate como “un proceso exprés nunca visto” y advirtió que el proyecto, de avanzar, podría incrementar la inseguridad jurídica y derivar en nuevos conflictos judiciales.

Según varios especialistas y ambientalistas reconocidos, entre ellos el propio Viale, denunciaros que el proyecto del gobierno introduce cambios estructurales que alteran por completo la letra y el espíritu de la ley vigente.

Por ejemplo, la reforma elimina la protección automática que hoy establece la ley vigente y la reemplaza por un sistema discrecional, por la cual, una simple declaración de una autoridad provincial, un glaciar puede quedar fuera de la protección legal y ser habilitado para actividades extractivas. Por lo cual, todos los glaciares están en peligro, en función de los grandes intereses capitalistas que están en juego. Si un yacimiento se encuentra debajo de un glaciar, con distintas argucias, se podría dar vía libre para que se avance con el emprendimiento.

Por otro lado, el proyecto también elimina la prohibición expresa de realizar minería sobre el ambiente periglacial. La Ley de Glaciares actualmente vigente reconoce que glaciares y periglaciares conforman un sistema único, indispensable para la regulación del agua. Desproteger el periglacial implica, en los hechos, permitir la destrucción del glaciar.

El ambiente periglaciar no solo contienen glaciares que no vemos a simple vista (glaciares de escombros), sino suelos congelados o permafrost, que son reguladores hídricos, y cuya importancia es crucial en tiempos de cambio climático y estrés hídrico. Pero la ambición de las grandes mineras no permite ningún tipo de límites para su voraz accionar, que pretende llevarse hasta los minerales debajo de estas geoformas, sin importar las consecuencias devastadoras e irreversibles para la población y los ecosistemas.

La geóloga Laura Zalazar es la actual coordinadora del Inventario Nacional de Glaciares y sostiene que la protección del ambiente periglacial implica proteger hielo, es decir, agua dulce en estado sólido.

Agostina Rossi Serra, especialista en Biodiversidad de Greenpeace Argentina, subrayó que en la Ley General de Ambiente se habla del principio precautorio. “Eso quiere decir que si vos tenés dudas, no podés destruir por precaución”, sostuvo.

“El ambiente periglacial está compuesto por glaciares de escombros y distintas geoformas de las cuales una es el suelo congelado. Lo que está en debate es si ese suelo congelado tiene un aporte real o no a las cuencas. Y la respuesta es sí: hay estudios que indican que en años de sequía pueden hacer un aporte de entre 25 y 30% a los ríos que nacen de la cordillera”, subrayó.

Desde diversos sectores también se ha señalado que el proyecto viola el Acuerdo de Escazú, que es un tratado internacional ambiental de América Latina y el Caribe que garantiza acceso a la información ambiental, participación ciudadana en decisiones ambientales y acceso a la justicia, además de proteger a los defensores del ambiente. Argentina lo ratificó en 2020

¿Federalismo ambiental?

La ley de protección de los glaciares sancionada en 2010 apunta a proteger las cuencas hídricas, las cuales presentan una unidad ecológica y funcional, de carácter interprovincial, y por ende no pertenecen a una sola jurisdicción provincial. Por eso, los ambientalistas, plantean que invocar al “federalismo” es un error que puede costarnos muy caro. Las aguas nacen en una provincia, cruzan su territorio y continúan su curso a través de uno o más provincias, regando campos y ciudades, abasteciendo así a diferentes poblaciones. Al tratarse de cuencas interprovinciales, compete también al Estado Nacional el ser garante de la unidad de cuenca, dado que cualquier actuación o determinación legal en la gestión de las aguas afecta a todos los territorios de las distintas provincias por las que estas discurren. El objetivo es así lograr el mejor instrumento para un uso eficiente y sostenible de un recurso escaso y vulnerable, garantizando la solidaridad entre las diferentes provincias, en función de un concepto de territorio nacional. Esto quiere decir que las provincias no pueden disponer de modo exclusivo y discrecional de los recursos hídricos interjurisdiccionales, ya que las cuencas hídricas no admiten potestades provinciales exclusivas y, por ende, compete a toda la nación y al pueblo argentino.

Los gobernadores y las cámaras mineras

Los gobernadores que integran la Mesa del Litio (Jujuy, Salta y Catamarca) y la Mesa del Cobre (que suma a Mendoza y San Juan) fueron efectivamente impulsores del proyecto. Según Milei, fue idesa del gobernador de Mendoza, que acaba de hacer aprobar, en medio de una rebelión popular que aún no se ha disipado, una serie de leyes que favorecen a los grandes intereses mineros de la provincia, afectando cuestiones vitales, como es el agua, de los principales centros poblados de la provincia. Sin embargo, la voz cantante de esta coalición entreguista, que reunión gobernadores peronistas, radicales y provincialistas, la tienen Jalil (Catamarca) y Orrego (San Juan)

Una semana, ambos gobernadores estuvieron con Manuel Adorni y Diego Santilli para asegurar su apoyo legislativo tanto en el presupuesto nacional y en especial sobre el proyecto de la Ley de Glaciares. Orrego expresó: "Reafirmé que nuestra provincia debe ser quien tome las determinaciones respecto de los glaciares dentro de su territorio".

O sea, Orrego tiene problemas con las impugnaciones judiciales de sectores externos (ambientalistas en especial) a los dictámenes de los organismos sanjuaninos que dependen de él, sobre todo los informes oficiales que determinan las superficies periglaciares para habilitar la explotación de cobre.

El caso de Jalil es muy similar, pero el interés del catamarqueño es por los compromisos que está asumiendo para que se concrete la extracción de litio, como el que asumió con el embajador británico que estuvo el martes 25 de noviembre para inspeccionar el proyecto minero de litio llamado Fénix de la empresa Río Tinto, sostenida por capitales ingleses.

Todos los gobernadores andinos actúan como voceros políticos de las grandes corporaciones mineras y de las cámaras que los agrupas. Los principales CEO de estas mineras durante todo este tiempo estuvieron haciendo lobby, reuniéndose con Caputo y el propio Milei para que salga adelante la modificación de la ley de Glaciares y además que se prolongue la vigencia del RIGI que vence en el 2026.

El cobre, Trump, China y la guerra

El país cuenta con 4 de los 12 mayores proyectos del mundo del mineral de mayor potencial de inversión, producción, empleo y generador de divisas, pero hay dudas sobre el alcance de la norma aprobada en 2010.

No es casual el reciente repunte del precio del cobre, que la consultora Trading Economics atribuyó, entre otros factores, a la decisión de Donald Trump de expandir la lista de “minerales críticos” para incluir al cobre que es por lejos el de mayor potencial en cuanto a inversiones, producción, empleo, generación de divisas y aumento de relevancia estratégica para la Argentina.

El metal rojo, tercer mineral más comerciado del mundo (detrás del hierro y el aluminio), explica 75% de las inversiones comprometidas en proyectos ya adheridos al Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) y según se informa en diversos medios, el volumen total de inversiones puede estirarse con la incorporación de otros en desarrollo, llevando la inversión solo en cobre a unos USD 30.000 millones, muy por sobre los volúmenes de inversión en otros minerales.

Un estudio de la consultora internacional Benchmark Mineral Intelligence precisó además que de los 12 mayores proyectos greenfield (esto es, a construir de cero, no extensión de proyectos previos) de cobre del mundo, 4 están en Argentina, y que 7 de ellos podrían aportar hacia mediados de la próxima década 1,2 millones de toneladas de cobre, lo que de ocurrir colocaría al país como un actor central del aumento de la provisión del mineral más ubicuo de la transición energética y clave en la construcción de centros de datos que alimenten la creciente demanda de la Inteligencia Artificial, como precisó Baskaran.

Otro informe de Benchmark precisó que, en la London Metal Exchange, la principal bolsa de metales del mundo, 82% de los stocks físicos de cobre acumulados pertenecen a China y 14% a Rusia. No es casual, entonces la decisión de Donald Trump de expandir la lista de “minerales críticos” para incluir al cobre, y quebrar la dependencia de China que apunta a controlar tanto los niveles de producción como de refinación del metal en su territorio.

La Ley de Humedales, también en el foco

Otro asunto jurídico para la minería es aclarar los alcances de la Ley de Humedales, indispensable para la actividad en los salares de la Puna, donde está la mayor cantidad de litio.

La Ley de Humedales lleva una década de debate parlamentario y obtuvo media sanción del Senado en dos ocasiones. Por ahora no está vigente.

El objetivo de esa ley es establecer presupuestos mínimos para la protección de ecosistemas (que incluyen a los salares), pero su aprobación sigue pendiente. Las empresas también la ven como una amenaza al desarrollo minero.

Es necesaria una lucha de conjunto

Frente al avance del Ejecutivo, 25 organizaciones emitieron un comunicado que se tituló “Sin agua no hay desarrollo posible: razones por las cuales la Ley de Glaciares no debe modificarse”. En el texto, plantearon que “cualquier intento de retroceder en la protección y conservación del ambiente debe ser considerado ilegal e inconstitucional”.

El gobierno ha desatado una ofensiva reaccionaria de contenido fascista con la contrarreforma laboral, los cambios tributarios, el presupuesto, la nueva ley penal, y también con la ley de glaciares.

Ellos se unen para una ofensiva de conjunto contra los trabajadores y los sectores populares. La respuesta debe ser similar: se deben integrar los reclamos de todos los sectores y por medio de autoconvocatorias y coordinaciones, abrir paso a una lucha de conjunto, la huelga general con movilizaciones de masas para tirar abajo a todos estos proyectos reacciones y al gobierno y al régimen político que los impulsa.