Escribe Jorge Altamira
Una redistribución negativa del ingreso descomunal.
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Los anuncios de medidas económicas del gobierno ‘libertario’ no apuntan a prevenir un Rodrigazo, sino, por el contrario, a desencadenarlo. Se parecen como gotas de agua a lo que hizo el gobierno peronista en junio de 1975: megadevaluación y tarifazos, en especial en los combustibles. Desatan una espiral inflacionaria, de ningún modo la contienen. Con un agravante: en los años de Isabel Perón, Celestino Rodrigo y Antonio Cafiero, la deuda externa era de 4.000 millones de dólares y la deuda pública no estaba indexada. La devaluación del 70 % del peso significa automáticamente el aumento en esa proporción de la deuda en pesos del Tesoro, porque se ajusta por dólar y/o inflación. Calculada alternativamente aumentará en forma descomunal con la tasa de inflación prevista para los próximo tres meses, del 130 por ciento. Anualizada, supera el 5.000 por ciento. Con un poquito más de nafta al fuego, llegaríamos a la tasa absurda del 15.000 % que fantaseó Milei en su discurso plebiscitario de inauguración del mandato. Es cierto que la devaluación afecta a las Leliq, que no gozan de cláusula de ajuste, pero Caputo anunció también una suba confiscatoria de la tasa de interés. En todo caso, los banqueros tienen la opción de convertir las Leliqs en dólares, lo que llevaría la cotización a niveles inimaginables en los mercados financieros paralelos.
Es que la función del rodrigazo ha sido y vuelve a ser la redistribución regresiva del ingreso nacional en una escala colosal. Aumenta en forma disparatada la tasa de interés de los sectores capitalistas beneficiados y golpea en igual forma el precio de la fuerza de trabajo. La decisión de suprimir el ajuste retrasado de las jubilaciones, por un monto decidido en forma arbitraria por el gobierno, alcanza niveles de saqueo. Hay que recordar que las jubilaciones fueron estatizadas por Martínez de Hoz con el propósito de reducir o eliminar los aportes patronales y convertirlas en una obligación del Tesoro financiada por impuestos. Ahora se suprime esta obligación. La redistribución regresiva del ingreso nacional significa que entrará muchísima “plata” a las arcas del capital y saldrá otro tanto de “plata” del bolsillo de los jubilados. La subordinación de las jubilaciones a decretos de necesidad y urgencia del Ejecutivo equivale a un golpe de Estado económico.
Luego de producir lo que, según Clarín, es un dólar “recontraalto”, Milei-Caputo continúan, sin embargo, con el cepo. Es que, si no fuera así, la cotización de las divisas extranjeras se iría a las nubes. La razón es que el Banco Central ha asumido una deuda adicional a las Leliq: la deuda comercial de los importadores, por alrededor de 40.000 millones de dólares. Se trata, en realidad, de una deuda ‘bizarra’, porque el importador no es el Estado, sino compañías privadas. El compromiso asumido por el Central es devolver los dólares de importación conseguidos por los privados a un tipo de cambio de 350 pesos. Con la suba del dólar importación a 1.050 pesos, el Central deberá suplir dólares a los importadores a un precio 700 pesos superior. La pérdida será registrada en la emisión monetaria que el libertario ‘que supimos conseguir’ juró suprimir para siempre. Cuando se trata del capital, la “plata” siempre aparece; los importadores obtendrán una ganancia de cambio del ciento por ciento.
Por el ingreso de dólares de la exportación y por las diferencias de cambio a favor de los acreedores comerciales del Central y de los acreedores financieros del Tesoro, el gobierno libertario terminará emitiendo más moneda que sus antecesores populistas. Ese exceso de circulante será absorbido por el Banco Central a cambio de mayor deuda financiera. La crisis de endeudamiento del Estado ha hecho metástasis, afecta a todo el cuerpo social. El gobierno libertario debuta con una crisis política inminente, que tendrá por escenario de un lado el Congreso e incluso el Poder Judicial, y del otro lado a los trabajadores. Los juicios contra los atropellos jubilatorios ocuparán todo el año que se inicia.
Las medidas anunciadas -megadevaluación, impuestos a importaciones y retenciones a exportaciones, cepo- afectan de inmediato el comercio con el Mercosur y bloquean la firma de un acuerdo de comercio con la Unión Europea. El pedido del ingreso de Argentina a la OCDE quedará en un cajón. La renovada intervención del Estado en el comercio exterior y en el movimiento de capitales es incompatible con las normas de esas organizaciones. Las retenciones a la industria automotriz afectarán a uno de los sectores que perfilaban más dinámicos en el comercio exterior. Cepo mediante, los dólares de la agroindustria de exportación quedarán guardados en las cajas de las aceiteras en el exterior, no en las reservas del Banco Central.
El golpe contra los trabajadores cubiertos por la asistencia social es sencillamente colosal. Los aumentos por asignaciones, alimentos y trabajo son considerablemente inferiores a la inflación actual y aún más a la proyectada. La inminencia de las fiestas impulsará la deliberación en los barrios. Pero hay otros dos puntos disruptivos estratégicos. De un lado, el anuncio de que volverá el impuesto a los salarios; del otro, el golpe sufrido por todos los acuerdos paritarios. En el Rodrigazo de Celestino, la cuestión de las paritarias, anuladas por Isabel Perón, desató una huelga general de las Coordinadoras Obreras. La burocracia de los sindicatos no podrá dejar de lado este punto; incluso si no fuera así, sería suficiente que menos de una decena de sindicatos tome la iniciativa para que las paritarias, los salarios y el impuesto al salario se conviertan en una agenda nacional. Por estas horas, se debe estar desarrollando un ajetreo de negociaciones para bloquear o neutralizar este reclamo entre el ala peronista del gobierno libertario y la burocracia de la CGT.
Las reivindicaciones que se vislumbran de esta situación y de esta crisis son: aumento del 100 % de salarios, jubilaciones y asistencia social; rechazo a la reimplantación del impuesto a los salarios; acelerada convocatoria de paritarias para pactar salarios en función de la hiperinflación que está proyectada.
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