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A menos de un mes de que el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, deba asumir su cargo, la fiscalía lanzó una nueva iniciativa para bloquear su llegada a la presidencia. El Ministerio Público exigió anular las elecciones del 25 de junio y 20 de agosto que consagraron la victoria del Movimiento Semilla, de Arévalo, aduciendo “anomalías” en las actas finales del cierre de escrutinio. Se trata del más reciente episodio de una ofensiva que lleva al menos seis meses para evitar que Arévalo llegue a la jura presidencial, lo que llevó al dirigente del Movimiento Semilla a calificarlo como un “golpe de estado en slow-motion” (cámara lenta).
El jefe de la unidad anticorrupción de la fiscalía general de Guatemala, Rafael Curruchiche, aseguró que “en nuestro particular punto de vista, [las elecciones] deberían ser anuladas”. La fiscal Leonor Morales, quien encabeza esta iniciativa de anulación bajo la tutela de la fiscal general, Consuelo Porras, aseguró que ahora el Tribunal Superior Electoral (TSE) debería tomar una decisión respecto del pedido de anulación.
Este Tribunal había formado parte de las maniobras de la fiscalía cuando suspendió al partido de Arévalo poco antes de ser este elegido presidente. Pero en las últimas semanas el TSE se ha debilitado. Hace algunos días, el Congreso de Guatemala (con mayoría oficialista y anti Arévalo) despojó de su inmunidad a cuatro jueces del tribunal electoral y al menos tres de ellos abandonaron el país por temor a ser arrestados. La presidenta del TSE, de todas maneras, aseguró que “los resultados están validados, están oficializados y son inalterables” y que “los funcionarios electos deben tomar posesión” el próximo 15 de enero. La magistrada aclaró que sólo una sentencia de la Corte de Constitucionalidad (el máximo ente judicial de Guatemala) tiene facultad para hacer que el TSE anule las elecciones. La Corte no ha realizado declaración alguna, aunque es sabido que está compuesta íntegramente por adversarios de Arévalo.
En total, la fiscalía cuenta con tres causas para arrestar a Arévalo, por lo que insiste con la suspensión de su inmunidad. Entre sus últimas acciones, el Ministerio Público solicitó el retiro de inmunidad de Arévalo, ordenó el arresto de cinco miembros de Movimiento Semilla, realizó 31 allanamientos y emitió otras 27 órdenes de captura de ese partido para imputarlos por un caso de daños al patrimonio, a raíz de su supuesta participación en una toma estudiantil. Luego de esos allanamientos, la fiscalía alegó que las actas confiscadas mostraban que los resultados tenían irregularidades y, por lo tanto, eran nulos.
El frente golpista cuenta con la participación de amplios sectores de la política guatemalteca: entre ellos se encuentra el actual presidente Alejandro Giammattei y su colaborador Miguel Martínez, a quienes todos señalan como cómplices del golpe, aunque el mandatario intenta desvincularse amparándose en la división de poderes. La presidencia incluso emitió un comunicado rechazando lo que denominó “pronunciamientos apresurados de algunos actores de la comunidad internacional” contra las acciones de la fiscalía. También están en el bloque golpista la mayoría de los diputados, varios jueces y magistrados y sectores de la oligarquía. El País asegura que “los militares de oficio, advertidos por el Comando Sur de Estados Unidos, permanecen al margen de las refriegas políticas, salvo un puñado —que se cuentan con los dedos de una mano—, integrantes de la camarilla de Giammattei y Miguel Martínez”.
En apoyo a que la asunción de Arévalo se haga efectiva se ha pronunciado insistentemente el gobierno de Estados Unidos. “La inestabilidad en Guatemala, asegura el Financial Times, es de particular preocupación para Estados Unidos, ya que el país es una de las mayores fuentes de inmigrantes que llegan sin visas a la frontera sur de Estados Unidos”. Como represalia contra los golpistas, recientemente la administración Biden ordenó ampliar las restricciones de visas, de 25 que había realizado en un primer momento a casi 300 la última semana. Entre los guatemaltecos incluidos hay más de 100 miembros del Congreso. Aunque el Departamento de Estado emitió un comunicado anunciando esas restricciones a los “responsables o cómplices (de) socavar la democracia y el Estado de derecho” en Guatemala, no difundió los nombres de los funcionarios sobre los que pesan las sanciones. La Unión Europea y la OEA también salieron a condenar “el intento de golpe de Estado” y aseguraron que se encuentran “contemplando” tomar medidas.
Para el Wall Street Journal, “la investigación publicada [por la fiscalía guatemalteca] el viernes amenaza con alimentar más protestas e inestabilidad política”. Es que la ofensiva de las fuerzas tradicionales del régimen político para boicotear la asunción de Arévalo tuvo como respuesta, a mediados de octubre, una oleada creciente de movilizaciones populares y un paro nacional que exigían la renuncia de Consuelo Porras y otros funcionarios golpistas. Durante varias semanas se mantuvieron más de 120 cortes de rutas en todo el país por iniciativa de las autoridades indígenas, junto con una protesta permanente frente a la sede del Ministerio Público. Actualmente las protestas entraron en reflujo, pero se mantienen acampes y vigilias en la capital del país. Entrevistado por un medio internacional, un líder indígena de Huehuetenango, del altiplano occidental de Guatemala, aseguró que “nuestra lucha hoy es por el poco de democracia que nos queda”.
El diario El País calificó esta última ofensiva de la fiscalía como “kamikaze”. Igualmente lo entiende un analista que aseguró que el Ministerio Público está en modo “quemar los barcos”. Si esta última movida golpista fracasa, el gobierno de Arévalo se encontrará, de todas maneras, fuertemente debilitado. Pero las fuerzas tradicionales, por otra parte, sufren su propia bancarrota. El Congreso que deberá asumir estará fragmentado, ya que las fuerzas políticas históricas se han partido en varias fracciones. El agotamiento de estos partidos es lo que explica el ascenso del ´outsider´ Arévalo, que se presentó como un “activista anticorrupción” y se alzó así con el 58 % de los votos en agosto pasado.
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Crisis, movilización y golpe judicial en Guatemala Por El Be, 23/11/2023.
