Escribe Camilo Márquez
Un “jarabe de pico” para lavarle la cara al gobierno continuista de Yamandú Orsi.
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El PIT-CNT viene levantando la necesidad de crear un impuesto que se aplique al 1% más rico de la población con el fin de combatir la “pobreza infantil”. El monto que tiene en la mira sería igual, según sostienen sus impulsores, a 1 punto del PBI. No existen estimaciones exactas. Según el Instituto de Economía de la Universidad de la República, ese porcentaje aplicado al 1% de los hogares más ricos, recaudaría aproximadamente 621 millones de dólares al año, esto equivale al 0.8% del Producto Bruto.
La iniciativa es respaldada por el Partido Comunista y el Partido Socialista. Yamandú Orsi y Gabriel Oddone han rechazado la propuesta de plano: “No vamos a crear más impuestos” concluyó el presidente, mientras que el ministro de economía se desentendió afirmando que no conoce “evidencia contundente” de que un impuesto de tal naturaleza “funcione”.
Gustavo González, senador por el Partido Socialista, es uno de los voceros favorables al gravamen sostuvo: “Es momento que los malla oro pongan algo para el pelotón de rezagados". El termino fue utilizado por el expresidente Lacalle Pou durante la pandemia en el año 2020 como una metáfora deportiva tomada del ciclismo, donde la “malla oro” representa al líder de la carrera. Según Lacalle los “malla oro” serían los sectores de la burguesía agropecuaria que consideraba clave para encabezar la “recuperación económica”. La idea era que estos sectores, por medio de estímulos (exoneraciones fiscales) “pedalearían más rápido para impulsar la economía, generando inversión y creando empleo.
Gustavo Gonzales explicó que “Para entrar en ese 1% de millonarios hay que ganar arriba de US$ 200 millones”. Consciente como es de que en diversas partes del mundo la idea de un impuesto a los milmillonarios parte de las propias entrañas de la clase capitalista admite: “Creo que esto no mata a nadie. Tendría que salir de ellos en realidad". Antecedentes sobran. Con la crisis financiera de 2008 esta inquietud cobró fuerza. El economista Thomas Piketty en su libro “El capital en el siglo XXI” (2013), argumentó que la acumulación de riqueza crece más rápido que los ingresos, exacerbando la desigualdad. Piketty propuso un impuesto progresivo global al patrimonio, sugiriendo tasas de hasta el 90% para fortunas extremas. En 2019, un grupo de multimillonarios, entre ellos George Soros, firmó una carta pública pidiendo un "impuesto moderado a la riqueza" para abordar la desigualdad y financiar necesidades sociales, argumentando que es un "deber moral y patriótico". Hasta el G-20 está discutiendo una tasa global del 2% a los multimillonarios.
El planteo versión uruguaya no viene acompañado por medidas que apunten, por ejemplo, a evitar que el impuesto sea transferido al consumo. Como dijimos antes, los impulsores desconocen la cifra que recaudaría, algo muy elemental. Marcelo Abdala, principal dirigente del PIT-CNT y miembro de la dirección del PCU declaró que los criterios para implementar este impuesto a los más ricos "pueden ser varios", incluso se puede aplicar al "retocar impuestos existentes". Con esta nueva formulación amolda el planteo a la negativa de Orsi de no crear ningún nuevo impuesto, sin necesidad de ir a un choque. La veleidad es uno de los rasgos característicos de la burocracia.
El planteo del impuesto al 1% se presenta como uno de los engranajes de lo que el ala izquierda del FA denomina “Estrategia Nacional de Desarrollo”, una partitura que diferentes economistas y sociólogos vinculados al PCU vienen alimentado como solución al problema de “crecimiento cíclico” que caracteriza a la economía uruguaya. Este rasgo (siempre según este sector) condena al país a una “lógica pendular” que se perpetúa entre el empuje de los commodities, cuando estos suben, y el declive cuando se contraen. Han descubierto el precio oscilante de las materias primas.
Quienes impulsan la iniciativa saben que este gobierno no va a llevar adelante nada de esto, es decir que no nos encontramos ante un programa sino ante un tiro al aire. Los intereses económicos no van a permitir que una iniciativa tal avance por un “detalle” sencillo: los que tienen la riqueza en Uruguay hicieron campaña por este gobierno. Los vasos comunicantes están en todas partes.
Se trata en realidad de un planteo de gestión capitalista, que ni siquiera roza la dominación del capital. Pero además no es nada nuevo: tomemos como ejemplo Estados Unidos, donde no hay IVA, las ganancias de capital están gravadas y existe progresividad en el impuesto a los ingresos.
Fundamentando los beneficios de la “Estrategia”, uno de sus divulgadores, el economista y diputado suplente por el PCU, Rodrigo Alonso sostenía que “No se trata solo de crecer, sino de hacerlo de forma sostenida y con un rumbo claro.” Pero el FMI estima que el crecimiento de la economía de Uruguay será de apenas un 2,8%, una corrección a la baja desde el 3% proyectado en octubre. No hablemos de la economía a nivel mundial: con una guerra arancelaria que tiene a Trump y Estados Unidos como pivot. Nada de esto aparece en ninguna elaboración de los teóricos ni las organizaciones en cuestión. “Para ello, [sigue Alonso] resulta imprescindible que el próximo gobierno no se limite a gestionar la coyuntura, sino que tenga la audacia de abrir un nuevo ciclo histórico” (El Popular 4/4)
Llegados a este punto el planteo se convierte en un dislate. La manija económica del gobierno la tiene Gabriel Oddone, un hombre de los organismos internacionales que hizo campaña en contra de subir las jubilaciones mínimas. Entre otras cosas fue designado como ministro (el único antes de que Orsi ganara las elecciones) por esa razón. Recientemente consultado por el pedido que hace la organización de jubilados y pensionistas de un aumento del 3% para las mínimas (unos ridículos $600 pesos) el ministro respondió “No hay una resolución tomada al respecto. Es lo más prudente que puedo responder. Lo estamos discutiendo intensamente” ...
Otro economista que alimenta estos devaneos, Bruno Giometti, que además es diputado del PCU, sostiene: “El desafío en esta etapa es retomar el crecimiento económico después de diez años que la economía uruguaya está, virtualmente, estancada, pero además tener un crecimiento que a su vez asegure su sostenibilidad a futuro y transforme la estructura productiva generando encadenamientos productivos, generando trabajo de calidad más estables y no solamente dependiente de los ciclos económicos”. (El Popular 4/4). El rasgo común en todas estas disquisiciones es que están ausentes las grandes crisis financieras, una guerra de alcance mundial (abarca los seis continentes), la climática (incluida la pandemia) y las crisis políticas y levantamientos populares. Retrata a una corriente que se ha fugado de la realidad.
El énfasis puesto en un desarrollismo “de luces largas” en medio de una guerra donde se exhiben misiles nucleares revela un enfoque provinciano ingenuo en el mejor de los casos. En realidad, es un cuento chino. La decadencia capitalista y las crisis económicas crecientes son una barrera infranqueable para el progreso de la clase obrera en todo el mundo. La guerra, una amenaza permanente a la existencia misma.
Por eso la idea de poner fin a la “pobreza infantil”, o cualquier otra pobreza es un contrasentido bajo el capitalismo. Esta izquierda en ningún momento flirtea siquiera con la idea de una lucha contra el capitalismo. No hay nada inocente en esto, se trata de borrar el planteo de clase.
Tanto el PCU como el PS dieron su voto a la reforma tributaria de Vázquez y Astori en 2007 que rebajó el impuesto a la renta empresarial (IRAE), eliminó el impuesto a los activos bancarios (IMABA) y redujo significativamente el impuesto al patrimonio. Por si esto fuera poco votaron crear el IRPF sobre los salarios. Es decir, rebajaron los impuestos al capital y cargaron de impuestos directos e indirectos a los trabajadores y capas medias. Lo que ahora pretenden arañar con un impuesto al 1% no compensa siquiera lo que les perdonaron a los capitalistas en 2007.
Un planteo elemental debe partir de la consigna de impuesto progresivo a las grandes fortunas, y la eliminación de los impuestos al consumo del trabajador. Algo que nuestros economistas evitan cuidadosamente siquiera sugerir. Dicho esto, resulta evidente que cualquier ataque a las ganancias capitalistas y cualquier mejora parcial de la clase obrera está condicionado y amenazado justamente por la crisis y la lucha de clases de la burguesía. En otras palabras, un programa de esta naturaleza plantea la perspectiva del gobierno de trabajadores y la revolución socialista, palabra que esta izquierda ha desterrado de su vocabulario.
Como admitió el propio Gustavo González durante una entrevista radial, esta iniciativa aún no existe ni como proyecto de ley. La bancarrota de la centroizquierda produce farsas como una linea de montaje.