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La "brigada antipiquetera” está en la agenda de los gobiernos desde los primeros días de la presidencia de Duhalde. Hubo intentos de ponerla en acción en enero de 2002, pero el debut y su clausura tuvo que esperar al 26 de junio de ese año, cuando fueron asesinados Kosteki y Santillán, y baleados numerosos manifestantes por parte de francotiradores de la Policía Bonaerense. Una manifestación gigantesca al día siguiente, en un clima de intimidación y terror, puso fin a la acción de ‘la brigada’ y al propósito de reelección de Duhalde. En el levantamiento popular de 2001, el secretario de Seguridad de De la Rúa, Mathov, ordenó el despliegue de autos sin patentes para disparar sobre los manifestantes. La cúpula legalista de la Polícia Federal había sido purgada un año antes.
Néstor Kirchner anunció el mismo propósito y lo bautizó con el nombre de “brigada antipiquetera”, en la Casa Rosada, a mediados de 2003. A finales de 2001 se había valido de ella, en Río Gallegos, para apalear a la Asamblea Popular de la ciudad. Kirchner engavetó enseguida el proyecto y prefirió ir a la cooptación de los Pérsico, Navarro, Grabois, Esteche y otros ‘revolucionarios’ de menor fuste. Cinco años después, Cristina Kirchner tuvo que soportar otros piquetes –de la Sociedad Rural y de la izquierda defensora de “los pequeños productores”-. Para los que eran auténticos movilizó a la tropa de Sergio Berni, que agredía en la Panamericana a los piqueteros como a los obreros de las grandes fábricas lindantes.
Con el gobierno de Macri, entonces apoyado por Massa, se esperaba lo peor; su ministra de Seguridad era Patricia Bullrich, una delegada de los servicios de Argentina desde su primer pasaje por la Dirección de la Penitenciaría Federal. Pero la billetera prevaleció a los bastones: la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, regó con cuantioso dinero a los dirigentes ‘sociales’, en la búsqueda de la ‘paz social’.
El planteo de Patricia Bullrich de prohibir las manifestaciones en las calles no es, sin embargo, un intento de retorno al pasado. La cooptación de dirigentes va a continuar, por supuesto, como lo muestra el ‘período de gracia’ que le ofrecieron a la ahora secretaria Juan Grabois y compañía. Tampoco la van a arredrar los límites que impone la ley para la intervención de las fuerzas federales en las provincias, o la violación de los tratados internacionales de derechos humanos que ha firmado Argentina.
Hay, en la actualidad, un nuevo escenario, que no es tampoco estrictamente nuevo. El radical Gerardo Morales, en Jujuy, y el massista Gustavo Sáenz, en Salta, hicieron aprobar en sus legislaturas la prohibición de los cortes de calles por manifestaciones, con el voto o la abstención de la totalidad de las fuerzas políticas. El nuevo escenario es el Rodrigazo de Milei -una inflación del 30% mensual- acompañado del propósito de liquidar derechos previsionales y laborales. Bullrich ya ha recibido el apoyo de varios gobernadores para intervenir en la jurisdicción federal. Uno de ellos es el nombrado Gustavo Sáenz, el otro es el ultra kirchnerista Gerardo Zamora, de Santiago del Estero. El proyecto de Bullrich no se confina al control de la calle – también prevé contra el bloqueo de empresas, o sea que vulnera el derecho de huelga.
El proyecto de Bullrich es, a la vez, una provocación y preventivo. La provocación apunta al próximo 20 de diciembre, en el que piensa desplegar un operativo ‘disuasivo’ contra el arribo de manifestantes, y ‘efectivo’ si, como ella parece suponer, la manifestación no es multitudinaria. La CGT y las “organizaciones sociales” observarían los resultados por TV. Con una demostración de fuerza ‘exitosa’, pretende dejar establecido un ‘precedente’ contra las movilizaciones que no dejarán de producirse frente a la hiperinflación, y frente a los cortes de luz que la vicepresidenta Villarruel juzgó “inevitables”.
El escenario no se limita, sin embargo, a la profecía de que “el ajuste sólo entra con represión”. Aunque ni el régimen político de Argentina ni el gobierno de Milei sea “fascistas”, la corriente ‘libertaria’ tiene una impronta fascista. Por de pronto, presenta el derecho a la manifestación como un subterfugio del “colectivismo empobrecedor” y del “socialismo” para subvertir el “orden social”. Una parte de la gran patronal, a partir de Paolo Rocca, de Techint, caracteriza que la crisis social puede derivar en el fracaso de Milei y en un avance de “las fuerzas del mal”. Más precisamente, fantasean con que no hay que despilfarrar el potencial de movilización contrarrevolucionaria que, imaginan, anidaría en el núcleo duro de los votantes de Milei. Numerosas encuestas han demostrado lo contrario, que esos votantes han rechazado, repetidamente, un Rodrigazo. De todos modos, una columna especial ofrecida por el diario La Nación de hoy, viernes 16, sostiene que “la propuesta consiste en organizar la sociedad civil, ciudadanos y organizaciones no gubernamentales, para dar apoyo y sustento de gobernabilidad hasta tanto el nuevo líder (SIC) pueda afianzarse y superar los duros escollos que tendrá que atravesar”. Todo esto prueba algo que Política Obrera ha repetido durante 40 años: los lazos entre la dictadura militar y la democracia nunca se han roto, como lo prueba el nombramiento de Rodolfo Barra a la Procuración del Tesoro y de jueces de la dictadura al Consejo de la Magistratura.
Finalmente, la guerra en Ucrania, pero por sobre todo la masacre del sionismo en Gaza, han reconfigurado el derecho internacional a la manifestación. Bullrich, por caso, prohibiría una manifestación contra las agresiones sionistas, y lo haría con el apoyo de Waldo Wolf, un sionista a cargo de la Seguridad en CABA. En toda Europa, Estados Unidos y en Australia hay una cruzada contra las manifestaciones en apoyo al pueblo palestino. Sully Braverman, la secretaria de Interior de Gran Bretaña desencadenó una campaña contra esas movilizaciones, aunque al final tuvo que renunciar al cargo. Lo mismo ocurre con Macron en Francia y con el Partido Popular y Vox en España. En EEUU se ha lanzado una campaña feroz contra las Universidades, como Harvard, para que repriman la lucha contra la masacre en Gaza, como un caso de antisemitismo. Bullrich pretende alinear a Argentina con esta ola represiva, en onda con el HIRA, el tratado elaborado por Trump y Netanyahu, que fue firmado por Felipé Sola y ratificado por el Congreso y varias legislaturas.
En la transición a la llegada de Milei, Clarín y La Nación detectaron situaciones inusuales. De acuerdo a Clarín, la custodia de Milei estuvo a cargo de los servicios norteamericanos; para La Nación, el Mossad sionista esta instalado en aparato de Seguridad de Argentina y en varias policías provinciales. No se pueden caracterizar adecuadamente los pasos de Bullrich sin una atención a la situación en su conjunto.
Más que nunca es necesario enfocar la política obrera como una acción de masas, con reivindicaciones y propósitos concretos. No se puede dar marchar atrás a la devaluación de Milei y la remarcación inflacionaria con slogans como “abajo la política de ajuste”. En esto no hay vuelta al escenario anterior. Lo que debemos plantear es un aumento del ciento por ciento en los salarios, las jubilaciones y la prestaciones sociales, y la convocatoria a paritarias inmediatas y de emergencia, por el ajuste quincenal de los salarios y todos los ingresos. Sobre esta base construir comites de acción y coordinadoras, para desatar todas las fuerzas elementales y organizadas del proletariado.
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