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Patricia Bullrich anunció un protocolo antipiquete que coloca a su gobierno por afuera de la legislación vigente en relación a las libertades y al derecho de reunión. Los anuncios habilitan, no ya al desalojo de manifestaciones o piquetes, sino también a impedir el agrupamiento o la llegada de manifestantes a las concentraciones. Bullrich, sin embargo, se ha despachado con todo esto, a sabiendas de que la seguridad de los diferentes distritos es atributo de los estados y las policías provinciales. La posibilidad de que las fuerzas federales intervengan en la seguridad provincial, como insinuó la ministra, la pone fuera de la ley y del orden constitucional. La continuidad de Patricia Bullrich en el cargo es un despropósito.
La ciudadanía debe defender hasta las últimas consecuencias los derechos democráticos.
Jorge Altamira, Marcelo Ramal.
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