El ´protocolo´ represivo de Patricia Bullrich es ilegal e inconstitucional

Patricia Bullrich anució el establecimiento de un “protocolo de mantenimiento del orden público”. La cuestión represiva contra las movilizaciones sociales fue un eje de su campaña presidencial. Ahora desenvuelve sus aspiraciones desde el cargo en el Ministerio de Seguridad. El anuncio se hizo horas después de la brutal devaluación y de los tarifazos en los combustibles, sin actualización de salarios ni jubilaciones.

El protocolo habilita a las cuatro fuerzas federales más el servicio penitenciario federal a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean parciales o totales. Como el protocolo es una resolución nacional, por el momento solo tiene injerencia sobre rutas nacionales, autopistas, puentes y ferrocarriles. En todo caso, las jurisdicciones deberían adherir a este protocolo, cuestión que aún no ha sucedido ni con la propia CABA, que tiene como ministro de seguridad al sionista Waldo Wolff, un reciente contendiente de Bullrich en la interna de JxC. Diego Kravetz, secretario de seguridad de CABA, aclaró que el protocolo de Bullrich "no es de aplicación obligatoria" por el resto de los distritos. En la gestión de Larreta en la Ciudad, cuando Bullrich ocupaba el mismo cargo en la presidencia de Macri, eran habituales los pases de facturas por la actitud ´tolerante´ del gobierno porteño frente a los piquetes. El protocolo promete choques y crisis políticas a diestra y siniestra.

En algunas declaraciones en los medios, Bullrich señaló que las fuerzas federales estarían habilitadas a intervenir en caso de que no lo hicieran las fuerzas de seguridad existentes en la propia jurisdicción, como podría ser el caso de la policía de la Ciudad de Buenos Aires o la policía bonaerense. Es decir que sería una intervención de facto de esas propias fuerzas, una violación flagrante de la autonomía política de la jurisdicción en cuestión. Solo por esto, el “protocolo” es una aberración política y constitucional que, de aplicarse efectivamente, daría paso a disputas legales infinitas. El protocolo dice que aplicará, para su cumplimiento, una “mínima fuerza necesaria” pero que será “graduada” hasta liberar la via pública y “en proporción a la resistencia”. Esto es, en principio, piedra libre para reprimir sin “atenuantes” de ningún tipo. Kravetz cuestionó esto públicamente. Habrá que ver, entonces, hasta donde los gobernadores, intendentes y el propio jefe porteño están dispuestos a aplicarlo.

El otro aspecto por el cual este protocolo choca con las normativas vigentes es precisamente las restricciones que impone a la libertad de manifestarse y movilizarse, presentes en la Constitución Nacional. Otorga una jerarquía legal al “derecho a circulación” por encima del derecho a la protesta, lo cual es una abominación legal. El protocolo impondría además sanciones económicas a las organizaciones que protesten para financiar al propio operativo encargado de reprimirlas, lo cual supondría una modificación del Código Penal. Supone, además, la identificación de las organizaciones y/o personas que participen de las manifestaciones y que lo hagan en forma recurrente. El protocolo dice que habilitará requisas en los trenes para identificar “palos y máscaras” y que significaría además un despliegue de agentes de proporciones inusitadas. Sabina Frederic, la ex ministra de Seguridad, dijo que esto era un blanqueo del “Proyecto X”, adoptado durante el gobierno de CFK.

El protocolo se despacha con amenazas varias de, una vez identificados los manifestantes, deportar inmigrantes, retirar asistencia social, “personería jurídica” a los sindicatos e incluso la tenencia de hijos a las familias que participen de cortes de calles. La aplicación de todo esto no tiene el más mínimo detalle. El protocolo ya es una groseria cuando se refiere al “daño ambiental” que produciría la quema de un neumático, en el país de la megaminería, la sojizacion, los desmontes, la inundaciones y sequías recurrentes. Bullrich pretende sortear la intervención de la Justicia, disponer de un régimen de espionaje permanente sobre las organizaciones políticas y sociales y privatizar el costo del accionar policial. Apunta a crear un estado de excepción permanente para blindar el golpe de estado económico contra los trabajadores.

El protocolo en cuestión es un adefesio jurídico cuya aplicabilidad por el momento es reservada a zonas muy concretas. Todo lo demás es una provocación a la clase obrera y a las movilizaciones democráticas.

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