Pullaro y la legislatura sancionan una impostura política

Escribe Agustín Fernández

Acerca de la adhesión a la ley 26.052 sobre la desfederalización parcial en la persecución de delitos de estupefacientes.

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El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ha lanzado una serie de iniciativas concretas en su primera semana al mando del Ejecutivo. Con eje en tema seguridad, encomendó a la Legislatura una batería de normas. Algunas ya han sido aprobadas por ambas cámaras y están a la espera de ser promulgadas. Entre éstas, una nueva versión de la emergencia en seguridad y una reforma del servicio penitenciario -de las cuales se desconoce al momento de que se trata concretamente ya que aún no han sido publicadas-.

Pero si es posible posicionarse ante la adhesión a la ley nacional 26.052 que permite la desfederalización parcial en la investigación y enjuiciamiento por la comisión de delitos vigentes por la ley de estupefacientes. La misma permite que las provincias que así lo pretendan incorporen a su competencia la persecución sobre algunos popularmente llamados “delitos menores” que contiene la ley nacional 23.737. En concreto, permite que las jurisdicciones provinciales abran causas por la famosa tenencia de estupefacientes ya sea para consumo propio y/o para su comercialización en mínimas cantidades, hasta el supuesto de la posesión “accidental”. Para llevar a cabo esta labor, serán transferidos recursos desde el Estado Nacional hacia el provincial, para garantizar su cometido configurando una suerte de caja ad hoc.

Por lo tanto, estamos frente a un verdadero mamarracho político. Ahora la policía de la provincia -involucrada hasta el tuétano con los hechos narco- será la encargada de ejecutar las investigaciones contra los consumidores o “bunkers” orientadas por el Ministerio Público de la Acusación -que tiene antecedentes de fiscales depuestos de sus cargos por cohecho involucrados en asociaciones ilícitas-. La legislatura le ha otorgado al mismo Estado provincial y sus instituciones corruptas (cuyo entrelazamiento con el crimen organizado se manifiesta en cada caso) las facultades para “luchar contra él”. Un despropósito. Recordemos el caso del senador Armando Traferri, un leading case en la materia: los legisladores votaron en contra de sacarle sus fueros para someterlo al proceso penal y fue defendido con uñas y dientes por todo el arco político para evitar un “efecto dominó” sobre estos mismos.

Entre otros argumentos, el oficialismo insistió en que esta norma permitirá que las fuerzas de seguridad ingresen a los barrios. Lo cual es redundante, porque esto ya sucede, y no han sido desbaratadas ninguna de las redes que dicen combatir, sino todo lo contrario. La orientación es clara: militarización de los barrios, castigos a la juventud y sobre los sectores más avasallados, expuestos por el derrumbe social actual. No por nada Pullaro saludó la designación de Bullrich como Ministra de Seguridad, a la cual ya le requirió -aparentemente con éxito- la asistencia de más fuerzas federales en el territorio provincial. Como contraprestación, el gobernador ha saludado el protocolo antipiquetes, y que lo ejecutará hasta que redacte uno propio.

La lucha contra el narcotráfico esta totalmente ligada a las condiciones de vida de la clase trabajadora. Este negocio ha incorporado a centenares de personas, que, en la gran mayoría de los casos, se prestan a estas para lograr un ingreso. Son quienes, si no carecen de trabajo, tienen salarios de miseria y nulos derechos laborales, ante una carestía inconmensurable. Tampoco acceden a servicios básicos, en barrios superpoblados y marginados, donde son “reclutados”. El consumo ya no es problemático, se ha esparcido en la sociedad endémicamente. Expresa la decadencia de una organización social.

En la cadena de responsabilidades, Pullaro, al igual que sus antecesores, busca cortar el hilo por lo más delgado. Mientras tanto, el capital inmobiliario y financiero, que han tenido un desarrollo sin precedentes en la provincia, y los puertos privados, donde bajo distintas modalidades ingresan cargamentos de droga, son impunes de la destrucción social que conlleva el envenenamiento que pergeñan. El carácter de clase del delito se vislumbra en su forma más pura.

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