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Este 20 de diciembre en Jujuy se realizará una gran movilización en un nuevo aniversario del Argentinazo, en un cuadro de crisis social, política y económica que se ha agudizado en estas últimas semanas.
La provincia viene de protagonizar grandes luchas, como la histórica huelga de la docencia, las enormes movilizaciones contra la reforma constitucional, los cortes de las comunidades originarias por la defensa del territorio -que se terminó extendiendo a casi todas las ciudades de Jujuy- y las movilizaciones contra la represión y contra la criminalización de la protesta, entre las más destacadas.
En las reuniones preparatorias, las diferentes organizaciones fueron fijando posición.
Los referentes vinculados a los gremios estatales, que protagonizaron grandes luchas durante el año, postularon centrar la convocatoria en el aspecto conmemorativo, con el argumento de que un sector importante de la base de estos gremios y de la sociedad había votado a Milei. Este abordaje los puso inicialmente a la defensiva en un cuadro social explosivo. Sin embargo, el propio SEOM convocó a paros este miércoles y jueves en varios municipios por los despidos de trabajadores jornalizados que están llevando adelante los intendentes. Otro sector, de organizaciones vinculadas al kirchnerismo y el PJ, directamente cuestionaron salir a marchar a diez días de la asunción de Milei. Por el lado del FITU, el MST y el PTS no participaron de las reuniones de coordinación, Sí lo hicieron el Partido Obrero oficial e IS.
Luego de dos jornadas de deliberación se logró acordar una marcha común que reclame contra el recorte de alimentos y la carestía, por la indexación de las jubilaciones y las asignaciones sociales, por el derecho a la protesta y la libertad de manifestarse, contra el ajuste y por el salario. Se acordó también realizar una marcha unitaria con oradores de cada organización al culminar la misma.
El protocolo “antipiquetes” que Bullrich ha presentado en su nuevo rol de ministra tiene un antecedente en la provincia: el código contravencional que Gerardo Morales ha utilizado durante estos últimos ocho años contra los luchadores y contra cualquier protesta en la provincia, apelando al espionaje, la persecución, multas, detenciones, intervención de las personerías de las organizaciones sociales, etc. En la reforma de la constitución, Morales incorporó la prohibición expresa de cortes de ruta, calles y la toma de edificios públicos.
El gobierno de la provincia ha hecho campaña publicitaria con la mano dura contra los trabajadores y para esto se ha valido de casi todos los recursos del Estado, en especial en el manejo discrecional de las leyes y de la justicia en función de sus propios intereses. Sin embargo, Morales, después de la brutal represión para imponer una reforma constitucional a espaldas de los jujeños, cavó su propia tumba política, ya que desde entonces no sólo ha perdido todas las elecciones, sino que han caído por el suelo su imagen y aspiraciones políticas.
Ningún código contravencional reaccionario, ninguna justicia adicta al gobierno de turno ni ninguna arbitrariedad ha podido frenar una tendencia más general a la lucha de los trabajadores, grandes movilizaciones, paros, y este 20 de diciembre no será la excepción.
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