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El mega decreto de necesidad y urgencia que dictó Milei a poco de asumir –un mamotreto de 366 artículos– ha desatado una furiosa pasión constitucional. Hay varios recursos de amparo para que la justicia contencioso-administrativa paralice la vigencia del decreto por medio de cautelares. En el Congreso, una mayoría de los representantes del pueblo ha declarado su apoyo al “contenido” del decreto, pero rechaza la “forma” de implementación. Una senadora, Carolina Losada, habría convertido en proyecto de ley los casi cuatrocientos artículos del DNU, para asegurar que éste siga los vericuetos del trámite legislativo (discusión en comisiones y aprobación por ambas Cámaras), en reemplazo de la orden ejecutiva. Al ajetreo se ha incorporado la CGT con su propio recurso de amparo. De acuerdo a la ley vigente, la 26.122/06, impulsada por Néstor Kirchner, los DNU entrar en vigor en ocho días luego de su publicación de no mediar un rechazo de la Comisión Bicameral del Congreso que debería validar esos decretos. La vigencia del DNU se producirá pasado mañana dado que esa Comisión no ha sido siquiera designada. Las prepagas de Salud se adelantaron incluso a esa bicameral no nata con el anuncio del aumento de las cuotas que autoriza el mamotreto en cuestión, el domingo de Nochebuena. El viernes, el mega DNU recibirá una aprobación ‘ficta’, no declarada como tal, o de hecho. Aunque conforme con la mencionada ley de 2006, esta forma de aprobación contradice en forma abierta un artículo explícito de la Constitución nacional.
Javier Milei ha hecho oídos sordos a estos reclamos. Caracteriza, lo dice el DNU, que la emergencia nacional que atraviesa Argentina no admite dilaciones. Si entrara en un eventual conflicto con el Congreso convocaría, adelantó, a un plebiscito también por decreto. Para embarrar más la cancha a los legisladores, enviará al Congreso un proyecto de ley ómnibus para el tratamiento en sesiones extraordinarias, de modo que el decreto no sea molestado. No sabemos si se le ocurrió que el Congreso podría aprovechar esas sesiones para discutir el DNU fuera de agenda, invocando, además de esa emergencia nacional el uso del poder personal por parte de Milei.
Argentina ha entrado en unas controversias de carácter sistémico que es típico de naciones que bordean situaciones revolucionarias o contrarrevolucionarias. Los columnistas de los diarios empiezan a referirse a la Alemania de la década del 20 del siglo pasado. Hacen mención, como en esa época, al “decisionismo” (concentración del poder en el Ejecutivo) y citan a Carl Schmitt, el teórico de esa modalidad despótica de gobierno. Schmitt se convirtió luego al nazismo e incluso intentó dar forma a un estado de derecho fascista (!!). Alemania atravesaba también años de inflación que desembocaron en una hiperinflación. Hace no mucho hicimos alusión a ese pasado desde estas páginas. En Argentina, desde la derrota electoral del kirchnerismo en 2021, dejó de existir el Poder Ejecutivo, “primero, gradualmente, luego en forma súbita”. El 19 de noviembre pasado no ganó Milei, sino que se terminó de caer el gobierno kirchnerista por su propio peso (o la falta de él). Milei está intentando ocupar una vacancia de poder.
Este tipo de debates prospera por otro motivo más fundamental, que es la crisis de dirección de la clase obrera. Los recursos de amparo, las marchas a Tribunales por la vereda, las ‘conversaciones’ con los jefes de bancada y las politiquerías de otro tipo, tienen el propósito de evitar que el desenlace de la crisis lo protagonice una huelga general. El ‘parlamentarismo’ y el ‘sindicalismo’ son socios voluntarios de Milei y de su método ‘decisionista’. Los trabajadores, antes de sufrir las consecuencias de los DNU y otros proyectos ‘libertarios’, sufren ya la tormenta de una inflación del 1 % diario, sin que a la CGT se le mueva una pestaña. Ha dilatado las cosas de tal modo que un eventual paro nacional aislado tendrá lugar luego de Reyes, cuando el DNU ya haya desplegado gran parte de sus efectos, en particular en lo que atañe a tarifas de transporte, electricidad, gas y, de nuevo, la nafta y los combustibles. Esta estampida, sin embargo, podría convertirse en el detonante de una huelga general.
El enfoque de quienes se proclaman en contra del sistema de gobierno por decreto es oponer la defensa del estado de derecho a lo que llaman “estado de excepción” –o sea, a un Estado que violenta los derechos constitucionales-. Incluso colocados a la izquierda del atropello ‘libertario’, constituyen una oposición retrógrada, porque defienden un status quo anterior, también caracterizado por el "estado de excepción”, que además no tiene retorno. El régimen constitucional en Argentina tiene la “excepción” adentro de su articulado a lo largo de una historia de décadas. Ha incorporado, desde el origen, la institución del estado de sitio y de la intervención federal a las provincias. Desde el golpe de 1930 del siglo pasado ha legitimado la acción de todos los gobiernos militares; en 1994, fueron inscriptos en la Constitución los decretos de necesidad y urgencia, que fueron los que usó Cavallo para imponer el corralito bancario y desató un levantamiento popular. La democracia entera puso las huellas digitales en la Reforma del 94. Se han dictado más DNU que leyes. El Banco Central, en estado de intervención permanente, ha sido el instrumento de confiscación de los ahorros e ingresos de los trabajadores de este país. Durante la cuarentena, el Tesoro y el Banco Central vaciaron las reservas del país para subsidiar a las grandes firmas y corporaciones, mientras suprimía el ajuste de las jubilaciones y reducía los salarios reales, en especial a los trabajadores de la Salud.
Para los autores que más se han ocupado del “estado de excepción”, este va más allá de la suspensión de derechos constitucionales. Advierten contra toda una red de instituciones que reglamentan la vida social (la educación, la salud, la comunicación, el medio urbano) en un sistema de supervivencia. Esto nos saca de la superestructura jurídica y nos lleva a la caracterización del capitalismo en esta fase histórica. En realidad, el estado de excepción llega a su punto más alto en la guerra mundial contemporánea, impulsada por el estallido de las contradicciones capitalistas y por el imperialismo. El estado de excepción por antonomasia se manifiesta en Gaza, donde la vida elemental ha sido reemplazada por la muerte cruda. La fuerza motriz del estado de excepción como modo general de vida es el capitalismo en declinación, no una desviación jurídica del estado de derecho, ni un modo de vida social abstraído de la descomposición del capitalismo.
Lo que distingue al gobierno de Milei de los antecesores no es el estado de excepción. El de Milei es un gobierno semibonapartista de derecha, que se apoya fuertemente en el imperialismo ante la debilidad crónica relativa de la burguesía nacional. Busca llenar el lugar político dejado por el peronismo en disolución. La violencia de las disposiciones de la reforma laboral muestran un contexto de preguerra civil. El DNU pretende eliminar de cuajo el derecho laboral. La clase obrera enfrenta este desafío con estructuras de dirección perimidas. A través de una lucha que será dura y tenaz deberá levantar una nueva organización obrera. Para eso es necesaria una dirección revolucionaria.
Los ritmos de desenvolvimiento de esta crisis son muy singulares. De un lado, Milei y su cohorte explotan el factor sorpresa frente a una masa no preparada debidamente para el enfrentamiento. Del otro, la velocidad de la crisis sobre las masas se acelera. Solamente a través de la práctica, o sea, de la agitación y la organización, podremos determinar la madurez alcanzada para ciertos métodos de lucha, en especial la huelga general y la formación de Coordinadoras Intersindicales e Interfabriles.
