La eliminación de Vialidad Nacional, una respuesta a la crisis con los gobernadores

Horas antes de que se agoten las facultades delegadas, el gobierno de Javier Milei eliminó Vialidad Nacional y otros 25 organismos del Estado. Mediante la resolución 461/25 concretó la disolución y desmantelamiento de VN. Sus funciones pasarán a depender del Ministerio de Economía, bajo el nombre de “Sistema troncal de caminos nacionales y sus obras complementarias”. Un operativo que busca, en primera instancia, delegar las funciones a las provincias o eventualmente que éstas tercericen las tareas.

La secretaría de Transporte anunció la creación de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, un organismo que concentrará tareas de fiscalización, control y sanción sobre servicios públicos y concesiones viales y ferroviarias. De esta forma reemplazará, entre otros, a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), que quedará disuelta en esta nueva unidad.

El Ministerio explicó además cómo se distribuyen funciones de organismos eliminados. Sobre la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se aclaró que las competencias en licencias y políticas públicas de seguridad vial pasarán a la Secretaría de Transporte. Los controles y constatación de infracciones de tránsito en rutas, autopistas, semiautopistas nacionales y demás espacios del dominio público nacional fueron asignados a la Gendarmería.

El golpe de esta medida es sobre la infraestructura nacional de rutas y su mantenimiento, en primer lugar, pero afecta sobre todo a centenares de trabajadores que se desempeñan en los campamentos en cada localidad del país.

En los más de 40.000 km de rutas nacionales, actualmente trabajan 5.700 trabajadores, encargados solo de tareas de mantenimiento. En Chubut os trabajadores ya resolvieron en asamblea movilizarse junto a los jubilados para rechazar la resolución y la disolución de VN.

La consecuencia inmediata de esta medida se traslada directamente sobre las provincias, que en muchos casos deberán asumir los costos de reparación y mantenimiento, de Rutas Nacionales. El gobierno además anunció la privatización de 9.120 kilómetros de ruta bajo el esquema del cobro de peajes. Este esquema convertirá en inviable la circulación por algunas regiones del país, por su costo, bajo la excusa de la transferencia de funciones, de las obras y el mantenimiento de las rutas.

Mientras Manuel Adorni anunciaba la eliminación de Vialidad Nacional, el gobernador salteño Gustavo Sáenz negociaba con Karina Milei que la provincia asumiera la ejecución de las obras inconclusas en ruta nacional 51 en el tramo de San Antonio de los Cobres-Mina Poma. Una obra que solo reclaman los capitales mineros allí instalados. Otra vez, el salteño es ejemplo de cómo los recursos provinciales son puestos al servicio de las exigencias del gran capital a costas del hundimiento en la pobreza de la provincia.

Mientras los gobernadores se hacen eco del reclamo de sus patronales agrarias e industriales, que piden a gritos la reactivación de la obra pública y en particular de rutas, por el contrario, Nación formalizó su desvinculación de esta responsabilidad.

De norte a sur del país, el ingreso de insumos y la salida de productos por las rutas se encarecerá. En Mendoza, por ejemplo, Vialidad Nacional se encarga del “Operativo Nieve”, que funciona en periodo invernal en alta montaña en zonas de rutas nacionales, lo mismo ocurre en la puna salteña, donde, hasta hace una semana atrás, Vialidad Nacional trabajó en la limpieza de hielo y nieve sobre ruta 51, estratégica en el ingreso al área minera. Un planteo similar fue llevado por el rionegrino Alberto Weretilneck a la Justicia, por el mal estado de la ruta nacional 151 que utilizan los transportes de la industria frutícola, minera, turística y petrolera en el sur del país.

Funcionarios del Norte ya cuestionan la medida por profundizar la "desconexión productiva", el viejo reclamo de las burguesías en el interior. Pero la falta de mantenimiento de rutas, es sobre todo, un riesgo de vida para miles de personas que circulan a diario por rutas nacionales completamente destruidas.

La medida de Milei no parece ser la de un gobierno poderoso que impone su agenda de manera indolora, por el contrario, es la respuesta aún más violenta de un gobierno acosado por un frente opositor conformado por gobernadores, que cuestiona su "equilibrio fiscal", a costas de la quiebra de las provincias y sus negocios. En lo esencial, el golpe de estado económico y político contra los trabajadores es acompañado por todo el arco político patronal. Sin embargo, en el Congreso, los gobernadores se juegan a postular una variable alternativa para el gran capital y la burguesía, ante la inminente catástrofe económica y financiera del plan Caputo-Milei.

Los choques y las crisis entre los bloques de la burguesía con un cronograma electoral ya en marcha, serán cada vez más violentos, ninguno ofrece una salida para el mundo del trabajo. Eso sólo puede ofrecerlo la clase obrera mediante una acción política e independiente.

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