Tiempo de lectura: 10 minutos
En Argentina, el Sueldo Anual Complementario (conocido como aguinaldo) fue producto de una enorme gesta obrera llevada adelante hace exactamente 80 años, el 20 de diciembre de 1945, bajo el gobierno del General Edelmiro Farrell (surgido del golpe del 4 de junio del año anterior). Anterior a ello, desde principios del siglo XX, el aguinaldo sólo se había cobrado de manera parcial y en algunos sectores minoritarios del movimiento obrero (incluso establecido por ley en algunas provincias sólo para ramas específicas). Puede datarse la extensión del aguinaldo como derecho de toda la clase obrera en la emisión del decreto de 1945 (un año después se convertiría en ley), pero las acciones de lucha del movimiento obrero que llevaron a su promulgación comenzaron antes de esa fecha y, sobre todo, la garantía de su cumplimiento efectivo se logró sólo mediante la acción directa, la huelga general y las ocupaciones de fábricas que sucedieron después. Esto hace del aguinaldo una conquista de la lucha de la clase obrera.
Perón había anunciado en un discurso desde el balcón de la Secretaría de Trabajo, que fue transmitido a todo el país a través de la radio, que había dejado “firmado un decreto... que refiere al aumento de los sueldos y salarios, implantación del salario móvil, vital y básico, y la participación en las ganancias [de las empresas]”. Fue el discurso del 9 de octubre, cuando Perón debió renunciar a sus cargos de Vicepresidente, Ministro de Guerra y Secretario de Trabajo y Previsión y fue llevado detenido a la isla Martín García en una acción golpista de una fracción de los militares y los partidos civiles opositores con el apoyo de la embajada norteamericana. El decreto nunca se implementó. El interés de los trabajadores por la medida que había quedado postergada se volvió febril, al punto de que era “materia de las conversaciones cotidianas de centenares de miles de trabajadores durante noviembre y diciembre”, según Félix Luna en su libro “El 45”. “La presión gremial se fue acentuando en el mes de noviembre y el 11 de diciembre se organizó en Plaza de Mayo un acto instrumentado por la CGT y la Federación de Empleados de Comercio, instando a su pronta sanción. Hablaron Silvio Pontieri y Ángel Borlenghi, que puntualizaron la necesidad de hacer realidad una medida que el pueblo trabajador reclamaba insistentemente” (ídem).
En ese momento Perón ya se encontraba en plena campaña electoral hacia las presidenciales de febrero del 46, contra la fórmula Tamborini-Mosca que agrupaba en la Unión Democrática a todos los partidos de oposición (desde el Conservador hasta el Partido Socialista y el Comunista, pasando por la UCR) y que contaba con el apoyo de la embajada norteamericana. Entre las manifestaciones por la sanción de la iniciativa y los desafíos presentados por la contienda electoral, la medida se sancionó finalmente por decreto 33.302 el 20 de diciembre de 1945, anunciado por el secretario de trabajo y previsión, Hugo Mercante, con la presencia del presidente Edelmiro Farrell.
“El decreto no instauraba la participación en las ganancias, como se había anunciado; se explicó que por falta de tiempo ese aspecto quedaba a estudio. En cambio, se creaba el Instituto Nacional de Remuneraciones, se establecía un aumento general de salarios y se creaba el «sueldo anual complementario» o aguinaldo, con la mención de que empezaba a regir inmediatamente y se extendía a casi todos los trabajadores el beneficio de las vacaciones pagas, aumentando, a la vez, las indemnizaciones por despido” (ídem). Perón había dado marcha atrás con la principal promesa de la participación obrera de las ganancias de las empresas. “La participación de las ganancias quedaba postergada y todos sabían que esa postergación sería definitiva, lo mismo que la concreción del Instituto Nacional de Remuneraciones” (ídem). Por otra parte, el aumento decretado de salarios, que iba desde un 5 % para los salarios más altos, al 25 % para los más bajos, era una medida temporal en medio de una inflación creciente. La medida principal del decreto fue el aguinaldo.
En sus Cosiderandos, el decreto 33.302 sostenía que “este Decreto Ley no sólo es la satisfacción de razonables y legítimos anhelos de los trabajadores, (…) sino también contribuye a la armonía con los patronos, evitando conflictos que, si hasta el presente fueron relativamente numerosos, en época de postguerra se repetirán con mayor frecuencia, lo que crearía un clima inconveniente para el mejor desarrollo de la industria y comercio de nuestro país”. La previsión de un clima de conflictos laborales de posguerra, como ocurriera con el fin de la Primera Guerra Mundial, era una obsesión que quería evitar el futuro presidente. El decreto declara que “el propósito de este gobierno recibió un estímulo ponderable, cuando el Acta de Chapultepec recomendó la ‘fijación de un salario mínimo vital’ y luego el inc. a) del art. 55 de la Carta de las Naciones Unidas que la organización promoverá ‘niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y social’”. El Acta de Chapultepec y la Carta de las Naciones Unidas fueron los tratados panamericanos que se firmaron en 1945 y con los que Estados Unidos aseguraba su hegemonía en el continente
A pesar de estos Considerandos, el decreto recibió una reacción inmediata por parte de la burguesía. “Con una energía pocas veces desplegada antes, asociaciones de empleadores que representaban al comercio, la industria y la producción se organizaron para resistir al decreto. Una serie de reuniones culminaron el 27 de diciembre en una asamblea realizada en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a la que asistieron unas 2000 personas y que denunció al decreto por anticonstitucional, solicitó a los comerciantes que no pagaran el aguinaldo y nombró un comité ejecutivo con autoridad para convocar a un paro nacional de las actividades económicas si el gobierno insistía en implementarlo” (Potash, “El ejército y la política en Argentina”). Según el estudio de Hugo Sylvester, “Historia viva de la legislación del trabajo”, se trató de “la asamblea patronal más numerosa y representativa que se haya reunido nunca en el país”, hasta entonces. Los discursos estuvieron cargados de violencia. El representante de la Sociedad Rural, Eustaquio Méndez Delfino, futuro Ministro de Economía de José María Guido, aseguró que “las erogaciones que el decreto impone y que no pueden cumplirse, no se habrán de cumplir”. La Cámara de Comercio, la Propiedad y la Industria de la provincia de Buenos Aires afirmó que el decreto llevaba a “convulsionar la vida de la República” y “crear males irreparables”. Un comunicado de la Asamblea Permanente de Entidades de Comercios, la Industria y la Producción (APECIP) aseguraba además que “las circunstancias elegidas para poner en vigor tales decretos comprometen la anunciada prescindencia del PEN [Poder Ejecutivo] en la campaña electoral que se desarrolla en el país y la imparcialidad que el pueblo tiene derecho a esperar de las autoridades” (La Nación, 21/12/45).
Se inició entonces “un vasto operativo tendiente a desconocer el decreto 33.302. En la maniobra no intervinieron solamente las entidades patronales —lo que era lógico— sino algunas organizaciones sindicales que giraban en las órbitas socialista o comunista. La Federación Obrera Nacional de la Construcción, el Sindicato de la Industria Metalúrgica, la Federación Obrera de la Alimentación, se pronunciaron, increíblemente, contra el decreto” (ídem). El periódico del Partido Socialista se pronunció contra “la maniobra nazi-fascista más audaz” (La Vanguardia, 8/1/46). El secretario General del Partido Comunista, Vittorio Codovilla, se opuso al decreto con el argumento de que “el aumento de los salarios debe ser resultado de las luchas organizadas de la propia clase obrera, pues el objetivo del «peronismo» consiste en hacer ciertas concesiones provisionales a algunos sectores obreros para destruir sus organizaciones independientes y de clase y forzarlas a entrar en sindicatos estatales”. El periódico del PC sostuvo que “el decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Remuneraciones es de típico corte nazi. Su objetivo es liquidar a los sindicatos independientes y colocar a toda la clase trabajadora bajo la férula del Estado, de la misma manera que se hizo en la Italia fascista o en la Alemania nazi” (“Orientación”, 21/1/46).
El decreto obligaba a las empresas a pagar el primer aguinaldo en el mes en curso de su promulgación, es decir, diciembre de 1945. Luego se estableció un límite final para el pago del aguinaldo fijado para el 7 de enero. Ninguna empresa, sin embargo, se avino a pagarlo. La Suprema Corte de Justicia, por su parte, difundía un fallo que negaba facultades a las delegaciones provinciales de la Secretaría de Trabajo para percibir multas por incumplimiento del decreto, de la misma manera que antes había desconocido al fuero laboral, negándose a tomarle juramento a los jueces del trabajo. El gobierno, por su parte, dejaba caer el pago del aguinaldo sin tomar medidas y, aunque había cumplido un papel propagandístico en medio de la campaña electoral, el decreto quedaba sin efecto en los hechos. “La Secretaría de Trabajo y Previsión, rodeada desde el 3 de enero por larguísimas colas de obreros que venían a denunciar el incumplimiento del decreto, se limitó a expedir un comunicado recordando que el plazo para pagar el aguinaldo vencía el 7” (ídem). La declaración de guerra patronal contra el aguinaldo sólo tendría como respuesta la lucha obrera en su defensa. “El día 8 continúa la firme actitud patronal en todo el país y empieza a extenderse entonces un clima de huelga general” (ídem).
El 8 de enero, cumplido el plazo para el pago del aguinaldo, se desencadenó un dominó de huelgas espontáneas en todo el país. La dirigencia de los sindicatos debió ir a la zaga, luego de fracasar en contener la ebullición. Según describe Hugo del Campo (“Sindicalismo y peronismo”), “la negativa patronal a cumplir con el decreto desencadenaba una proliferación de paros espontáneos, desautorizados por la CGT en los frigoríficos, el puerto, los ferrocarriles y en varias ciudades del Interior”. Los azucareros de Tucumán se declararon en huelga y ocuparon los ingenios. Lo mismo sucedió con los trabajadores de comercio en Buenos Aires; se cerraron múltiples de bares y cafés. Las huelgas se extendieron a La Plata, Berazategui, Rosario, Santa Fe. La CGT de Córdoba declaró un paro por 24 horas. “En todas partes menudeaban los Incidentes más o menos violentos” (ídem).
Luego de dos días de lucha, las huelgas no daban señales de aflojar y se extendían cada vez más. Las patronales decidieron entonces contragolpear. El 10 de enero anunciaron un lockout. La Cámara Argentina de Grandes Tiendas anunció el cierre de establecimientos por tiempo indefinido desde el 11 y la APECIP resolvió el cierre de todos los establecimientos comerciales e industriales a partir del 14. La declaración emitida por la asociación patronal dejaba en claro que lo que estaba en disputa era una cuestión de poder en los lugares de trabajo contra una clase obrera que había decidido imponer por la fuerza sus reclamos: “No hacen las fuerzas productoras [sic] una cuestión de dinero; defienden, en cambio, principios esenciales como la libertad de trabajo y asociación, sin tolerar, por cierto, que al amparo de un clima anárquico se prosiga una política de intimidación que descarte el raciocinio para reemplazarlo por la fuerza (...) Se han producido, en efecto, numerosas huelgas; es nutrida la lista de fábricas y negocios ocupados por el personal, donde sólo se hace acto de presencia: las actividades del puerto de Buenos Aires están casi paralizadas; en diversas ciudades faltan o escasean los artículos de primera necesidad y se amenaza con la paralización de los servicios públicos”. La burguesía no estaba dispuesta a tolerar que la clase obrera se imponga en los lugares de trabajo, donde debía reinar el despotismo patronal.
La izquierda perdía la oportunidad de ponerse al frente de la lucha obrera y disputarle así la dirección del movimiento a una burocracia sindical que iba detrás de los acontecimientos y al propio peronismo. El PC sostuvo entonces que el lockout “en su conjunto y en su gran mayoría tuvo y tiene un contenido de lucha contra el fascismo” (Orientación, 16/1/46). Rodolfo Ghioldi, dirigente del PC, afirmaba en la Conferencia Nacional del partido que “la clase trabajadora no quiere limosnas, ni engaños, ni la amargura esencial de los golpes demagógicos. Una cosa es la justicia social, que defendemos con nuestra razón de ser, y otra cosa es el engaño fascista y electoralista de los prestidigitadores que acaban dejando un saldo tremendo de carestía y empobrecimiento”.
A pesar de la contundencia del lockout y del apoyo abierto de todo el arco de partidos opositores, de la prensa opositora y de la embajada norteamericana, las patronales debieron comenzar a ceder ante la firmeza de la clase obrera en la exigencia del cobro del aguinaldo. El gobierno no intervino en la lucha entre la clase obrera y las patronales, mientras que la CGT se negó a convocar a una huelga general nacional, siendo convocados algunos paros por algunas seccionales. Las patronales fueron cediendo una a una en favor del reclamo obrero ante la imperiosa necesidad de retomar la producción. El lockout terminó derrotado. “Una semana después del lockout nacional dispuesto por la Bolsa de Comercio, el pago [del aguinaldo] era normal; la que aparecía como poderosa agrupación patronal aconseja finalmente a sus filiales que lleguen a acuerdos directos con sus personales” (ídem).
La huelga general impulsada por fuera de la burocracia y las ocupaciones de fábricas arrancaron la conquista del aguinaldo a las patronales. Que el decreto en sí mismo no significó la garantía de su implementación lo prueba el hecho de que todavía el 26 de marzo de 1946 la Federación Obrera del Vestido (que agrupaba a 200.000 trabajadores) seguía en lucha por el cobro del aguinaldo y anunciaba un paro nacional en caso de que no se hubiera pagado antes del primero de abril. Fue con una lucha tenaz y enormes sacrificios que los trabajadores impusieron el pago del aguinaldo a todas las patronales del país. Una vez que se conquistó plenamente su implementación, año después del decreto, el 20 de diciembre de 1946, la conquista se convertía en ley.
La política antiobrera de la izquierda contribuyó a que los réditos de esa conquista obrera fueran capitalizados enteramente por el peronismo, que en febrero ganó las elecciones contra la Unión Democrática que había cerrado filas con las patronales.
Desde entonces en adelante, sucesivos gobiernos han intentado liquidar esta conquista. Las diferentes etapas de crisis y recesión sirvieron de excusa para atacar el aguinaldo, sea de forma temporal o permanente. El primer logro en este sentido lo impuso el ministro de Economía Krieger Vasena durante la dictadura de Onganía (1966-1970), cuando por decreto ley el aguinaldo pasó a abonarse en dos cuotas, la primera mitad en junio y la segunda en diciembre, como se mantuvo hasta la actualidad. Así, el aguinaldo completo duró sólo 23 años. En 1992 otro tristemente célebre Ministro de Economía, Domingo Cavallo, responsabilizó al aguinaldo por el rebote inflacionario y barajó la propuesta de fraccionar su pago en 12 meses, siguiendo la línea marcada por Krieger Vasena (el mismo personaje cuestionaría el pago del aguinaldo como ministro del gobierno de la Alianza en el 2001). Son innumerables los gobiernos nacionales, provinciales y municipales que, en estas décadas, con el argumento de la crisis capitalista, han tomado distintas medidas que destripaban el aguinaldo en cómodas cuotas, para los trabajadores estatales y docentes, llevando adelante las políticas de motosierra tanto liberticidas como nacionales y populares.
Ahora, la reforma laboral que quiere imponer Milei incluye la legalización de la precarización laboral y la confiscación de los derechos laborales para todos los trabajadores de las aplicaciones y otros rubros, que convierte al trabajador en una suerte de 'prestador de servicios'. La consagración de esta medida significa darle un estatus legal a la confiscación del aguinaldo y del conjunto de derechos laborales (obra social, vacaciones, jubilación, etc.) que hasta el momento se desarrollaba ampliamente de manera ilegal. El objetivo final de Milei es extender esta figura al conjunto de los trabajadores, negando su carácter de clase.
