Suicidios en el Ejército, precarización y crisis de las Fuerzas Armadas

En la última semana se produjeron tres suicidios de soldados. En principio, los tres se deberían a la incapacidad de afrontar deudas que tenían los uniformados. En julio pasado, un miembro de la Policía Federal se mató en el hospital Churruca, con su salud quebrantada, dejando una nota al director del mismo quejándose por el maltrato recibido.

El portal de noticias LPO accedió a testimonios de fuentes militares, que le afirmaron que el flamante ministro de Defensa el teniente general Carlos Presti "tiene pánico, no sólo por las muertes porque este chico (recién se conocía el caso de Rodrigo Gómez en la Quinta de Olivos) que no se sabe todavía qué pasó, sino por dos problemas que se le presentan. El primero: la tropa empieza a levantar la voz, es decir, los soldados voluntarios que no aspiran a llegar a Generales ni a Sargentos se empiezan a quejar de la atención médica y el bajo salario". El segundo punto, agregan las fuentes militares, tiene que ver con “el poco control psicológico que tienen estos chicos que a los tres meses ya le dan un FAL para ir a custodiar cualquier cosa, en este caso al presidente" (LPO, 19/12).

Presti hereda de la gestión Petri una situación de crisis hacia dentro de las Fuerzas Armadas, marcada por el desfinanciamiento de IOSFA, la obra social de los uniformados, y el deterioro salarial.

Es en este marco de situación en el que Rodrigo Gómez, de 21 años de edad y soldado del Ejército, el 16 de diciembre, fue encontrado muerto en la Quinta de Olivos. Era oriundo de Misiones. El hecho se dio en uno de los puestos de vigilancia de la residencia presidencial. De lo que ha trascendido de la investigación judicial que lleva adelante la jueza Arroyo Salgado, junto al cuerpo se halló una carta dirigida a sus familiares y a los miembros del Ejército, en la que plasmó problemas económicos por los que estaba atravesando. Mantenía deudas por más de dos millones de pesos con entidades bancarias y financieras.

Al día siguiente -17 de diciembre- el suboficial principal Juan Pereyra, de 48 años, quien prestaba servicios en la Guarnición de Ejército Monte Caseros en la provincia de Corrientes, fue hallado sin vida en el Casino de Suboficiales del Centro de Educación Operacional (CEO). Las autoridades militares comunicaron que también se trataría de un suicidio. Pereyra era un reconocido atleta y árbitro de futbol de la liga local. Las investigaciones del caso se encuentran bajo jurisdicción de Gendarmería Nacional y actualmente está caratulado como “averiguación de antecedentes”. Según trascendió en medio locales, Pereyra habría tomado la decisión de suicidarse debido a problemas económicos.

El tercer caso se dio el 19 de diciembre en la provincia de Mendoza, cuando encontraron sin vida al soldado voluntario perteneciente a la Guarnición Ejército de la provincia, Facundo Gabriel Lima, quien se encontraba en su casa en la localidad de Las Heras. La justicia todavía no ha dado a conocer hipótesis de la muerte, pero todo indicaría que se trató de un suicidio.

Deserciones, precarización y presupuestos recortados

La motosierra hacia dentro de las Fuerza Armadas tiene como correlato las deserciones masivas y la precarización en la que se encuentran los miembros de las fuerzas. En lo que va de gobierno liberticida se registran 18.659 bajas en las Fuerzas Armadas, lo que representa el 17,6 % de los militares en actividad (840 oficiales, 15.421 soldados y 2.398 suboficiales). La mayoría de las bajas se dieron entre los soldados voluntarios, debido a los bajos salarios y los egresados de los institutos de formación militar no compensan los retiros.

Las alicaídas remuneraciones pegan de lleno en las bajas jerarquías, que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. El cuadro de situación arroja que “un capitán y un teniente de navío cobran $ 1.109. 913, la remuneración de un teniente primero y de un teniente de corbeta perciben $ 889.995 y un subteniente, un guardia marina y alférez –las categorías más bajas entre los oficiales– cobran $ 806.045” (ídem). La problemática en las remuneraciones dentro de las fuerzas se consolida por los continuos traslados, provocando que los conyugues no tienen una fuente de trabajo estable, llegando a vivir con un solo ingreso.

A las bajas remuneraciones se suma la falta de equipamiento entregado a los oficiales, como uniformes y botas. Anualmente las FF. AA. entregan un 20 % del equipamiento necesario para llevar adelante las instrucciones. Los militares del Ejército portan los mismos fusiles FAL que se usaban en Malvinas, un arma de 70 años de vigencia, “sin todos los accesorios de tiro y visión de un arma moderna” (ídem).

Los “desertores” se reciclan en las policías provinciales, en las que se les reconoce la antigüedad y tienen remuneraciones que duplican o triplican a los recibidos en las Fuerzas Armadas. Uno de los reclamos al gobierno nacional de la “familia militar” es equiparar los haberes a los de las fuerzas de seguridad federales. Sin embargo, una de las primeras medidas del gobierno liberticida, en febrero del 2024, fue eliminar la jerarquización de remuneraciones implementada durante el gobierno de los Fernández, lo que en su momento enardeció a los militares.

El militarismo enarbolado por el gobierno nacional tiene sus fisuras, que abonan el malestar hacia dentro de las FF. AA., propiciando las internas hacia dentro de las mismas, que tienen como correlato el resquebrajamiento progresivo de las relaciones con el gobierno liberticida. En este contexto de precariedad en el que se encuentran los miembros de las Fuerzas Armadas, expuesto de manera brutal con los tres suicidios de los soldados, cabe preguntarse si las mismas brindarán operatividad al gobierno para bancar hasta el final el plan de guerra de Milei y Caputo contra los trabajadores.