Fracasó la “unidad de clase” de Belliboni y Pitrola con la burocracia de la CGT

Desde hace tiempo, el aparato del Partido Obrero ha venido alentando una alianza política con la burocracia de las organizaciones sociales y de la CGT. Un lugar privilegiado en la mira de esta política lo ocupaba Juan Grabois, con el cual Eduardo Belliboni tejía la posibilidad de un frente ‘de acción’ nada menos que para enfrentar al ministerio de Desarrollo Social del kirchnerismo. Lo mismo ocurría con Pablo Moyano, a quien cortejaban desde el Plenario Sindical Combativo. Todas las gestiones en este sentido terminaron en la nada después de que de un lado y de otro alentaron perspectivas positivas. En su afán de autobombo, los Solano y Pitrola se multiplicaron en desarrollar expectativas en una burocracia ‘social’ y sindical que opera como sostén de los gobiernos de turno, del aparato del Estado y, por supuesto, del capitalismo. De este entretejido oportunista nació la precaria consigna “por un movimiento popular con banderas socialistas”. Es cierto que con anterioridad este aparato había defendido en polémicas internas del PO que la pequeña burguesía podía ser el agente de una revolución socialista. “Todo tiene que ver con todo”.

Yendo a la actualidad más inmediata, la semana pasada el periodista de BAE, Horacio Aranda Gamboa, tituló que “La Unidad Piquetera y la CGT sellarán ‘la unidad de la clase obrera’ contra el DNU de Milei”. Lo de “la unidad de la clase obrera”, el periodista lo pone en palabras de Belliboni. Para esto se había programado una reunión con la directiva cegetista a la que, según algunos medios, concurriría Néstor Pitrola. La campaña del PO oficial y del FIT-U -por un paro nacional y un plan de lucha de la CGT– concluía en una propuesta de arreglo con la burocacia sindical para ‘combatir’, supuestamente, la ofensiva anti-obrera de Milei.

La reunión en cuestión no tuvo lugar, como estaba descontado, y la burocracia redujo su ‘plan de lucha’ a un trámite judicial en Tribunales, el cual transcurrió en la vereda, para no chocar con el protocolo represivo de Bullrich y Wolf. La Justicia rechazó la cautelar pedida por la burocracia y Milei impuso su veto a las demostraciones populares.

El periodista Andrés Klipphan, de Infobae, relata que Belliboni le informó que “sí se mantienen las reuniones y contactos con otros dirigentes de la CGT ‘para la coordinación de las columnas para el mejor desenvolvimiento de la actividad prevista contra el decretazo presidencial’”. O sea que Belliboni no interpretó la suspensión de la reunión, ni la huída de la burocracia de Plaza Lavalle, como la expresión de una línea de acomodamiento de la CGT al gobierno, sino todo lo contrario. Klipphan cuenta que en los preparativo de la marcha a Tribunales “la idea fuerza es enviar delegaciones de cada movimiento que integra la UTEP pero sin marchar por la Ciudad de Buenos Aires para evitar que se aplique el Protocolo Antipiquetes…”. La CGT que debería llamar a un paro nacional, según el FIT-U, no está dispuesta a incurrir en una infracción contra Patricia Bullrich.

La burocracia de la CGT replica la política de la llamada o supuesta oposición en el Congreso, que ha dejado pasar la aprobación tácita del DNU 70 y se apresta a votar la ley ómnibus que consagra un estado policial. Cualquiera de las dos –la CGT y el Congreso– tienen la capacidad de tirar abajo todos los decretazos ‘libertarios’, pero no están dispuestos a utilizarla para no abrir la puerta a una crisis política que sería terminal y a un impetuoso movimiento de masas.

El año comenzará con súper tarifazos en el transporte, los servicios domiciliarios, alquileres y otro aumento de la nafta. Todas las perspectivas están abiertas, pero no en colaboración con la burocracia de la CGT ni expectativas democráticas en los partidos patronales.

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