Escribe Iñaki Aldasoro
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El miércoles 27, una delegación de miembros del SEOM, sindicatos de municipales de Jujuy, junto al referente histórico del gremio Carlos “Perro” Santillán, se dirigían a participar de movilización de la CGT para presentar un amparo contra el DNU de Milei en el Palacio de Tribunales.
Un retén de la Gendarmería a la altura de Zárate detuvo el micro y exigió su retorno inmediato a Jujuy, so pena de secuestrar el mismo e imponer una multa millonaria al propietario. El colectivo tenía todos los papeles y seguros para circular. Durante el operativo, tampoco se permitió que descendiera ningún integrante de la comitiva. Finalmente, fueron escoltados por vehículos de Gendarmería hasta la Estación terminal de ómnibus Dellepiane donde el micro quedó retenido.
La demora, secuestro de un vehículo y su escolta por parte de Gendarmería resulta llamativo porque éste iba a participar de una jornada donde la CGT había solicitado previamente permiso a las autoridades para manifestarse y hasta había suscrito un seguro civil de $10 millones por si ocurría alguna eventualidad. Es decir, era una delegación que participaba de una actividad reconocida y avalada por Bullrich y sus secuaces.
Es evidente que el objetivo supera el propio hecho en sí mismo y pretende instalar un cuadro de disuasión de las movilizaciones y marchas en medio de un ajuste brutal sobre los trabajadores.
El gobierno nacional viene aplicando el reaccionario protocolo antipiquetes aún más lejos de las normas que el propio protocolo dispone, como el impedimento a la libre circulación dentro del territorio y la detención o demora de personas ante la presunción de que van a participar de una movilización o reclamo -esto fue muy claro el 20 de diciembre con los retenes policiales que detenían colectivos urbanos y pedían documentos a los pasajeros presuntamente ‘manifestantes o piqueteros’.
Desde ya que este accionar no puede ser disociado del cuadro político de conjunto, del derrumbe del peronismo y la intentona de Milei de gobernar por decreto. No es producto de que estamos frente a un estado de excepción o métodos de una dictadura como caracterizan algunas organizaciones, sino al propio Estado de derecho bajo el cuadro de descomposición final del régimen.
Desde Política Obrera repudiamos la detención y demora de la delegación del SEOM, nos solidarizamos con todos ellos y con todos los que han sufrido los atropellos policiales en el operativo
El avasallamiento de las libertades individuales, incluida una de las más importantes que es el derecho de protesta, no puede ser negociada con el régimen político que busca cercenarla, sino combatida abiertamente por parte de los trabajadores -que deberán superar los límites de las actuales direcciones- mediante la huelga general para imponer todos sus reclamos.
Marcha de la CGT: una “estrategia” que duró 15 minutos Por Marcelo Ramal y El Be, 27/12/2023.
Al DNU de Milei sólo lo para una huelga general Desindexa salarios y jubilaciones, pero indexa 700.000 millones de dólares de deuda pública. Nota de tapa de la edición impresa de Política Obrera N°85, 4° año, 2° época, 25/12/2023.