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El aumento de las tarifas de gas venía siendo presentado como una eliminación de subsidios a los consumidores, a costa del aumento de los tres componentes de esta factura: el gas pagado “en boca de pozo”, el costo por transportarlo en gasoductos y, finalmente, de distribuirlo a través de las redes domiciliarias.
Pero en la audiencia pública donde se justificaron los aumentos, el secretario de Energía reveló que el tarifazo tendrá otro propósito: estará destinado a cubrir el subsidio… que reciben las productoras de gas por la extracción del fluido. Sin dar mayores explicaciones, el secretario González Chirillo informó cuál es el “gran subsidio” que el Estado desembolsa en el sistema enérgetico: el precio extraordinario que le paga a las productoras de gas no convencional en Vaca Muerta por cada metro cúbico extraído. En el último trienio, ese subsidio representó entre 1.500 y 1.700 millones de dólares anuales. Este régimen de sostenimiento de la actividad de los monopolios petroleros fue instaurado bajo el kirchnerismo, después de la reprivatización de YPF y los contratos de exploración en Vaca Muerta. Allí nacieron los Planes Gas, Gas Plus y similares. El Estado llegó a pagar hasta dos veces el valor internacional de referencia por la extracción de gas. En la audiencia referida, Chirillo informó que la tarifa cubre USD 0,7 de los USD 4 por unidad calórica que el estado le paga a las petroleras. Pero según la subsecretaría de Programación Energética, el costo promedio de la extracción en Vaca Muerta rondaba los USD 1,7 en 2017, y con tendencia a la baja. Los dos beneficiarios principales de este régimen de subsidio a la producción de gas son Tecpetrol (Techint) y la propia YPF.
El tarifazo en el gas, por lo tanto, tiene como propósito rescatar este régimen de producción “premiada” por el Tesoro nacional. El libertario, lejos de terminar con este regalo a la “casta” petrolera, decide sostenerlo sobre la base de trasladar integralmente su costo al consumidor. Este será el principal componente del tarifazo planteado: a través de aumentos sucesivos durante tres meses, el gobierno pretende que el 100% del costo de los Planes Gas repose en el usuario.
El panorama se completa con los aumentos para el tramo de transporte y distribución del fluido, que oscilarán entre el 400 y 700% según el tramo social de consumo. Al respecto, los funcionarios anunciaron cambios en el criterio de segmentación que llevarán a la virtual desaparición de la tarifa subsidiada. Así, para considerar el ingreso familiar que habilite a la tarifa social, “se tomarán en cuenta los ingresos del conviviente”. Como resultado de lo anterior, se prevé la triplicación o cuadruplicación de los actuales montos de las tarifas de gas para el mes de mayo.
El último punto a tener en cuenta es que el gobierno anunció un “índice de actualización mensual” de la tarifa, es decir, su indexación regular. Los que quieren anular la movilidad jubilatoria se la han asegurado en cambio a los monopolios gasíferos. Pero la preocupación por un ajuste mensual de tarifas pone de manifiesto la impostura de los que presentan al actual rodrigazo como un reacomodamiento de precios relativos, que dará lugar a una estabilización posterior. Los monopolios energéticos, y quienes legislan por ellos, se preparan para un régimen económico estructuralmente inflacionario, en todo lo que refiere a los ingresos del capital -en este caso, las tarifas.
El tarifazo en el gas es la base de los otros tarifazos, porque la energía eléctrica tiene, en importante medida, al gas natural como combustible de sus usinas.
El gobierno libertario ha apelado al garrote del Estado para rescatar a los monopolios petroleros a costa de los consumidores.
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