Petroleras y cerealeras pretenden una concentración económica sin precedentes

La conflictividad que depara la vigencia del DNU como de la eventual sanción de la llamada “ley ómnibus” no solo auspicia choques entre el estado y los trabajadores. Probablemente, antes de ello surgirán las controversias entre la misma clase capitalista que pretende beneficiarse con todo este paquete reaccionario.

No obstante, eso no quita que los beneficiarios lo hagan todos por igual, sino todo lo contrario: en desmedro de unos sobre otros. La conformación de lobbys de distinta índole obedece justamente a esta premisa. Es lo que esta sucediendo en la actualidad, a menos de un mes de asumido el gobierno libertario, con lo que respecta a la producción de combustibles, tanto para el abastecimiento y consumo interno como para la exportación.

Actualmente rige la ley Nº 27.640 que establece la composición de los combustibles, conformado por derivados del petróleo y de la soja y maíz, entre otras. Asimismo, el establecimiento de precios máximos para la compra de insumos -donde interviene la autoridad de aplicación nacional- y la prohibición a ciertos pulpos capitalistas de que intervengan en el mercado interno, limitándose a la tarea exportadora. También impide que empresas destiladoras de hidrocarburos participen de la producción de biocombustibles, evitando formalmente la concentración económica. En suma, lo que se le atribuye la etiqueta de “régimen promocional” de este tipo de energías.

Lo cierto es que el gobierno nacional pretende quitar todo tipo de reglamentación. En primer lugar, significa dejar al arbitrio de las petroleras la “mezcla” del combustible. De esta manera, podrían dejar de lado cualquier derivado agrario sin ningún tipo de consecuencia. Por otra parte, se pretende la apertura de importaciones en este sector, por lo que se podrían adquirir biocombustibles desde Brasil, por ejemplo, que ha avanzado en desregulaciones en este sentido. En desmedro de cualquier “desarrollo nacional” se introduce la incorporación al mercado interno de quienes están vedados hasta el día de hoy. De aprobarse la misma, las multinacionales cerealeras -ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus, entre otras- tendrán vía libre para comerciar en el país sus productos, además de exportar. Este negocio redondo es refrendado por la Cámara Argentina de Biocombustibles, asumiendo a que deben deshacerse de todo tipo de discriminación contra estos y dejarse librado a las leyes del mercado, donde la competencia definirá quien es el más eficiente.

Pero no serian las cerealeras las únicas beneficiadas de semejante modificación. Al dejarse sin efecto la ley, las petroleras podrán incorporarse en el paquete accionario de estas productoras lo cual proyectaría una concentración económica superlativa. Paolo Rocca y Techint serian de los principales agasajados.

Crisis política

Los cortocircuitos en estos asuntos no son una novedad. En 2021 se modificó mediante el congreso el corte de biodiesel, disminuyéndolo del 7,5 % al 5 %, que es el que rige en la actualidad. Esto fue totalmente rechazado por la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) en su momento, y le valió una mayúscula crisis política al gobierno de Perotti, en Santa Fe. Fue el entonces presentado como “heredero” para que lo sustituya en la Casa Gris, Roberto Mirabella, quien votó a favor de este recorte aduciendo que, si bien no era lo mejor, era lo posible. Dicho hecho fue uno de los platos fuertes que derivó en la interna del ex Frente de Todos, donde Agustín Rossi se posicionó en contra de Perotti con la aprobación de estos grupos.

A sabiendas de esto, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro ha planteado un cortocircuito con el gobierno de Milei. Justamente aduce que esto dilapidaría toda la producción orientada a este tipo de energías, ya que en Santa Fe se concentra el 85%. Advierte que existen inversiones que se perfilan hasta el 2030, ya que la ley en vigencia mantiene estos beneficios hasta ese año. De cambiarse las reglas del juego de un día para el otro, mencionan, seria otorgar un certificado de defunción a todo este sector. El radical no quiere ganarse un desplante antes de tiempo de parte de la clase social que lo apuntaló en el lugar donde está. Este encontronazo se suma a la decisión de cerrar los aportes discrecionales de parte de Milei, a la discusión que existe con todos los gobernadores por la vuelta del impuesto a las ganancias y a la vigencia de las retenciones sobre todos los productos del campo.

Sin haberla mencionado hasta el momento, todo este reordenamiento es un tiro por elevación al destino de Vicentin. Dicho juicio transita hasta en tres carriles distintos: por un lado, la Cámara de Apelaciones de Reconquista deberá resolver sobre si homologa o no el acuerdo al cual llegó con Bunge, ACA y Viterra (ex Glencore). Este no fue homologado por el juez Fabian Lorenzini y por eso es por lo que fue apelado.

A la par, Lorenzini inicio un procedimiento de “cramdown”, que en la jerga significa salvataje, donde terceros no acreedores pueden formular propuestas para quedarse con la concursada. Esto permitiría en principio que cualquier holding internacional se haga de Vicentin, al caer la preferencia con quienes son acreedores y avanzar hacia una extranjerización sin atenuantes. Mientras tanto, en el último día hábil del 2023 avanzó la causa penal contra los directivos y síndicos de Vicentín, cuyas penas podrían alcanzar los 17 años si se los encuentra responsables de toda una serie de delitos. La defensa de los imputados asevera que estas acusaciones están destinadas a entorpecer el acuerdo presentado a homologación. Dadas las circunstancias, asistimos a una transición compleja. Independientemente de su resultado final, deberá sobrellevar nuevas y mayores crisis de toda índole.

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