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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el pasado martes el estado de “conflicto armado interno” en todo el país y ordenó a las Fuerzas Armadas “ejecutar operaciones militares para neutralizar” bandas criminales. Un día antes había decretado el estado de excepción y el toque de queda nocturno con motivo de la fuga de la cárcel de Adolfo Macías, alias “Fito”, líder de una banda criminal local. El SNAI, organismo que controla las cárceles, había reportado ese día el amotinamiento en seis prisiones de distintas ciudades y por la noche se produjo el ataque al canal TC Televisión durante una transmisión en vivo.
Algunos medios no dudaron en asegurar que Ecuador se encuentra frente a un verdadero intento de “golpe de Estado” del narcotráfico. El gobierno, sin embargo, proporcionó escasa información acerca de las acciones violentas que se desarrollaron en estos últimos días. Según informaron algunos medios, hubo “30 actos violentos en varios puntos del país, con policías secuestrados, motines carcelarios, explosiones de vehículos (que) terminó con al menos 10 muertos, entre ellos dos policías”. El alcalde de Guayaquil, la ciudad más afectada, aseguró que “(se) destruyeron cuarteles de la policía y los bomberos”, aunque no dio precisiones. El resultado de las jornadas de violencia, aseguró, fueron “ocho personas fallecidas, dos personas heridas, dos vehículos incinerados, dos motocicletas quemadas, un policía herido por arma de fuego, daños a la infraestructura del UPC suburbio dos; y tenemos 14 detenidos en los diferentes eventos que se han suscitado”. Las cifras no parecen sorprendentes para un país que ha sido calificado el año pasado como el más violento de América Latina. El año 2023, según se informó, se registró como el más violento de la historia del país, con más de 8.000 homicidios; es decir, un promedio de 22 asesinatos por día. Con los hechos del lunes, sin embargo, el presidente calificó la situación de “grave conmoción interna” y decretó el Estado de sitio y, luego de declarar el “conflicto armado interno”, identificó a los grupos del crimen organizado como “terroristas y actores estatales no beligerantes”.
Narcotráfico y Estado
Hace un mes y medio, cuando Noboa asumió la presidencia, anunció el lanzamiento del plan Fénix: una “estrategia de seguridad” de la que hasta hoy se desconoce su contenido. El trascendido fue la intención de Noboa de construir cárceles de máxima seguridad, con un diseño similar a las utilizadas en México y El Salvador. Hace una semana anunció un referéndum para otorgarle mayor intervención al Ejército en el país. El objetivo del presidente sería retomar el control de las cárceles, que se han convertido en verdaderos centros de mando del crimen organizado y el narcotráfico a nivel nacional, con la complicidad y la cooperación de todas las estructuras del Estado. No fueron pocas las denuncias acerca de los medios y recursos con que cuentan los líderes narcos en las cárceles para regentear desde allí sus grandes estructuras delictivas. Estas bandas viven del narcotráfico, el secuestro, la prostitución y las extorsiones. Sólo el patrimonio del narco “Fito” se estima en 17 millones dólares. Su “fuga” de la cárcel develó la complicidad del aparato estatal con el narcotráfico.
Las “fugas” de los líderes narcos de las cárceles son moneda corriente en Ecuador. El propio “Fito” ya se había escapado de prisión en 2013. Durante los motines de esta semana se fugó otro líder narco: Fabricio Colón Pico, alias “El Salvaje”, quien había sido capturado el 5 de enero de este año. El entramado entre los narcos y el Estado ya había sido denunciado por la fiscal general Diana Salazar, quien llevó a cabo en diciembre un operativo policial en el que cayó detenido nada menos que el presidente del Consejo de la Judicatura, además de jueces, fiscales, policías y agentes penitenciarios, entre otros, a raíz de una investigación sobre el crimen organizado. Salazar habló de “una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada directamente al narcotráfico” que mostraría “la profunda descomposición estructural que campea en el país”. Los miembros del Consejo de la Judicatura cerraron filas con el presidente del organismo, el detenido Wilman Terán, y expresaron “su profundo rechazo y preocupación” ante lo que calificaron como “detención arbitraria y sin sustento”. El Consejo de la Judicatura es la entidad encargada de la administración del sistema judicial y los concursos para elegir a los nuevos jueces.
A pesar de la evidencia de este entramado del Estado con las bandas criminales, el presidente Noboa no anunció ninguna medida al respecto. El secretario de Comunicación del Gobierno de Ecuador, Roberto Izurieta, sólo habló de algunas “infiltraciones” en las instituciones de seguridad, que hicieron posible la fuga de los líderes narcos. Con el estallido de los conflictos, el gobierno decidió llevar a la práctica lo que en principio iba a someter a referéndum. La declaración de “conflicto armado interno” viola todas las garantías democráticas de la población, pero no toca a los poderes del Estado enlazados con el narcotráfico. Las cárceles se han convertido en un verdadero Estado paralelo, con la salvedad de que diversas estructuras del propio Estado se encuentran incrustadas en él.
Militarización
La decisión de Noboa que autorizó a los militares a intervenir en los centros penitenciarios fue el detonante para la ola de motines en las cárceles que se habría desatado el lunes. Según Clarín (9/01) “fue la primera vez que se movía a las FF.AA. en ese sentido en un país que mantiene fuertes restricciones para utilizar a los militares en seguridad interna”. El gobierno reportó más de un centenar de policías y funcionarios penitenciarios secuestrados en cinco cárceles amotinadas en protesta contra las medidas de Noboa. En algunas de ellas “los presos pululaban por los techos del recinto carcelario e incluso portaban pancartas en las que reclamaban 'paz', al igual que sus familiares concentrados en el exterior” (ídem).
La decisión de Noboa fue cuestionada por diversos sectores. “La plataforma ciudadana SOS Cárceles reportó en X (antes Twitter) que la megabanda Los Lobos anunció levantamientos en las calles y en las prisiones pues la detención de Colón Pico y la fuga de alias Fito demostraría que existe 'una alianza entre el gobierno de Daniel Noboa y Los Choneros'”. Esta acusación contra Noboa es similar a la que pesa sobre su par salvadoreño, Nayib Bukele (en este caso, la alianza sería con la banda llamada Los Perrone).
La “ola” de acciones violentas fue puesta en duda por algunos gobernantes ecuatorianos. La alcaldía de Quito señaló en un comunicado que “en los últimos días se han reportado 53 incidentes en Quito, de los cuales 18 fueron reales”. Las amenazas de bombas y atentados también fueron, en su mayoría, falsas. Las redes sociales fueron también inundadas con fake news. Se habló de “torrentes de videos *fake *de supuestas matanzas que aterrorizaron a la población”. El video que se hizo viral, donde se mostraba personas secuestradas en el metro de Quito, fue desmentido con lo que en verdad había sido un “simulacro de un ataque biológico” realizado en agosto de 2023. En este cuadro, se produjo la teatral toma del canal TC Televisión, que tuvo una repercusión mediática explosiva y que fue el punto de quiebre para que Noboa anunciara las nuevas medidas de seguridad.
Con el estado de excepción vigente en todo el territorio nacional, quedaron suspendidos en Ecuador el derecho a la libertad de reunión, a la inviolabilidad de domicilio y a la libertad de tránsito durante las noches. El gobierno no dio detalles acerca de lo que implica la declaración de “conflicto armado interno”, pero los medios aseguraron que permite el “uso de la fuerza letal”. También se está hablando de pedidos de antecedentes penales para extranjeros en las fronteras y de expulsión de inmigrantes.
El Parlamento cerró filas con las medidas del gobierno, a la vez que su Consejo de Administración Legislativa anunció que tramitará indultos para los miembros de las fuerzas de Seguridad que sean procesados por “cumplir con su trabajo”. La oposición también aplaudió la medida. El alcalde de Quito, el correísta Pabel Muñoz, solicitó la intervención de las Fuerzas Armadas en la ciudad. El propio expresidente Rafael Correa declaró en sus redes sociales “todo el apoyo, presidente. El crimen organizado le declaró la guerra al Estado y el Estado debe salir triunfador. Es hora de la unidad nacional. La Patria triunfará. ¡Hasta la victoria siempre!”. Otra correísta, la prefecta del Guayas, declaró: “Fuerza presidente, ni un paso atrás, es ahora o nunca, debemos retomar el orden. Con toda la fuerza de la ley someta a estos terroristas que no nos someterán a 18 millones de ecuatorianos”. Algunos medios recordaron que la vicepresidenta, Verónica Abad, al ser enviada al extranjero por Noboa a poco tiempo de asumir, había denunciado “el pacto que realizó Noboa con partidos políticos en el Congreso, incluida la Revolución Ciudadana, que tiene como líder en las sombras al exiliado expresidente Rafael Correa” (La Nación 2/12).
Un asunto “continental”
Los medios no pasaron por alto el alcance que las medidas de Noboa pueden tener para toda la región. Clarín señaló que “es una medida grave, que modifica reglas importantes y que observarán con especial atención en el vecindario regional que experimenta en distintos grados el crecimiento y amenaza de estas organizaciones del crimen organizado”. En Argentina, la ministra de seguridad Patricia Bullrich se apresuró en señalar que lo que sucede en Ecuador es, en realidad, “un tema continental”. En la misma sintonía de pronunció el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien señaló que “la ola de violencia narco en Ecuador debe ser un llamado de atención” para Argentina. Bullrich aseguró que “se están construyendo tres cárceles nuevas y una de máxima seguridad” y anunció que “viajará en las próximas horas a la Triple Frontera y que coordinó con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, un plan de acción conjunto entre la Provincia y la Ciudad en torno al narcotráfico” (La Nación, 10/01).
Estados Unidos ha anunciado la intervención militar en Ecuador, en acuerdo con el gobierno de Noboa. La 'alianza estratégica' militar con el país norteamericano viene desde antes, cuando el ex presidente Guillermo Lasso firmó dos acuerdos internacionales con el Departamento de Estado: uno para habilitar la presencia de buques militares estadounidenses en aguas ecuatorianas, el otro para fijar las condiciones para la presencia de militares de Estados Unidos en Ecuador. Sin ir más lejos, hace un mes, la detención del ya mencionado Wilman Terán se produjo días después de que el embajador de Estados Unidos en Quito, Michael Fitzpatrick, afirmara que “el narcotráfico estaba buscando extender su poder e influencia en la función judicial y que ha logrado un espacio importante en ámbitos como clubes de fútbol y medios de comunicación” (Infobae, 14/12).
La intervención militar de Estados Unidos también se está llevando a cabo en otro país de la región, Guyana, frente al conflicto desatado por Venezuela por la zona del Esequibo. Estas intervenciones se dan en el marco en el que Estados Unidos se encuentra en una ofensiva para recuperar parte de la influencia geopolítica perdida en el continente, principalmente en los países del Pacífico frente a China. Ecuador fue uno de los cuatro países que firmó un tratado de libre comercio con China en mayo del 2023, año en que el país asiático desplazó a Estados Unidos como principal socio comercial no petrolero de Ecuador. El acuerdo había sido cuestionado por el presidente del Comité de Medios y Arbitrios del Congreso estadounidense, Jason Smith. Según estudio elaborado por el Centro Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), Ecuador es el país que más ayuda militar recibe de Estados Unidos en América Latina, por 172 millones de dólares, desplazando a Colombia del primer puesto. Según algunos informes, Estados Unidos intenta establecer una base militar en las Islas Galápagos, en el archipiélago ecuatoriano, para el control estratégico de una zona del Pacífico en un escenario bélico con China.
Las medidas de Noboa se producen, además, en un marco de enorme crisis política en Ecuador, desde que su predecesor, Guillermo Lasso, debió convocar el año pasado a elecciones anticipadas del gobierno y el parlamento (conocido como ´muerte cruzada´) para evitar el juicio político. Noboa, señalado como el emergente ´outsider´ de la elección, tendrá apenas un año de mandato (para completar el de Lasso) y deberán convocarse nuevamente elecciones el próximo año.
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Ecuador: el triunfo de Noboa Por El Be, 16/10/2023.
La Celac en un continente explosivo Y una guerra mundial en desarrollo. Por Jorge Altamira, 22/01/2023.
