Detrás de las amenazas al gobernador Pullaro

Se ha reproducido durante las últimas dos semanas en todos los medios y portales que el actual gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue amenazado en distintos hechos y bajo distintas modalidades. El raid mediático del radical ha llamado la atención, porque detrás de la denuncia contra su persona se desenvuelve una política de seguridad muy concreta.

Las amenazas que recibió son endilgadas a presos de “alto perfil”, que direccionan crímenes desde sus celdas, hoy radicados en el penal de Piñero a las afueras de Rosario. Lo atribuyen al mayor control carcelario que se está disponiendo sobre los pabellones, debido a que las requisas se han multiplicado y la comunicación con el exterior se ha limitado considerablemente. Solo se permite la entrada de los abogados y familiares cercanos, siempre con un blindex de por medio. Cuando Pullaro asevera que no se dejará intimidar y seguirá a fondo con su planteamiento, está trazando un lineamiento político.

Emergencia en seguridad y ley de inteligencia

Desde que se declaró la emergencia en seguridad, el gobierno lanzó toda la policía a la calle. Hizo la convocatoria a personal retirado y suspendió las licencias a los activos durante 90 días. En la misma norma, concretó la construcción de una nueva cárcel para albergar a aproximadamente 3.000 personas. Esta hipertrofia de agentes, en nombre de la “prevención”, ha sido complementada con la adhesión a la ley de narcomenudeo. La misma implica que la provincia, con el poder judicial, se hace cargo de la investigación y los procesos vinculados a delitos menores que contiene la ley de estupefacientes. A la justicia federal, por lo tanto, se le sustrae esta competencia. Es decir que tenemos a la policía reconocida nacionalmente por sus vínculos con el narcotráfico... persiguiendo al último eslabón de este monumental negocio: "soldaditos", bunkers, consumidores, entre otros.

En la misma sintonía, fue sancionada y declarada como “vanguardista” una ley de inteligencia provincial. Única en su tipo, Pullaro ha conseguido tener su propia AFI para perseguir delitos complejos. Pasamos del “affaire Saín” -el exministro de seguridad de Perotti fue acusado de espiar dirigentes políticos, sindicales y de otra índole desde su cartera-, a otorgar un manto de legalidad a una práctica de desconocidas proporciones. El temor a los carpetazos recorre a toda la política santafesina.

Populismo punitivista

La legislatura también le aprobó una reforma en el Ministerio Público de la Acusación, a partir de la cual se centralizarán las facultades que hasta entonces le cabían a la junta de fiscales. Para no entrar en detalles, el fiscal general, autoridad jerárquica superior de la institución, ahora tendrá la facultad de tomar decisiones trascendentales sobre el resto de los fiscales –desde su sustitución en cada investigación, hasta su selección y la creación de nuevas fiscalías-. Una especie de suma del poder público, pero dentro del órgano encargado de la persecución penal.

Asimismo, ha sido aplazada la discusión de polémicos cambios en el ámbito de las defensorías públicas. Pullaro pretende la reducción a la mitad de los defensores oficiales, quienes intervienen en los casos donde el imputado no tiene recursos para un abogado particular, garantizando el debido proceso. Asimismo, junto a la reducción busca tercerizar en estudios jurídicos, abriendo un abanico de potenciales clientes. Si hace falta algo más sobre todo este cuadro, es la ley de ejecución penal provincial que también fue sancionada (algo realmente extraño, ya que es competencia del Congreso Nacional legislar sobre ejecución de pena) a fines de 2023, cuyo articulado aún se desconoce, pero aseguran que endurece las distintas etapas del tránsito intramuros. Está planteado un negocio redondo por donde se lo mire.

La “lucha contra el narcotráfico” como excusa continental

Pullaro se ha enfilado sin titubeos a la orientación que impulsa el Departamento de Estado. Las resultantes son harto conocidas: México, Ecuador y Colombia años atrás. Existe un empalme directo, triangulado desde EE. UU. con el gobierno de Milei-Bullrich y Pullaro. Ninguna palabra le ha valido a este último para criticar las reformas al código penal que legisla la Ley ómnibus; las acepta implícitamente.

Denunciamos enérgicamente esta campaña reaccionaria que se ha montado, la cual no lleva a ningún tipo de solución y se complementa con el golpe de Estado libertario de Milei y compañía.

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