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Vertiginoso aparenta el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro en la gobernación santafesina. Sucede que ha resuelto toda una serie de iniciativas en conjunto con la legislatura, prácticamente de inmediato. De esta manera, se va delineando la orientación política en una cartera en estado crítico y cuestionado. En otras palabras: ¿de qué se trata la lucha contra el delito organizado con la que hizo bandera durante las elecciones?
Ley de emergencia pública
Para ello ya se ha valido de la aprobación de la emergencia en seguridad. Tratada de forma express, la misma le confiere una serie de prerrogativas al Ejecutivo. Prácticamente la norma regula todo lo atinente al personal policial. En este sentido, la posibilidad de ejecutar mejoras en el equipamiento, como también de disponer mayores erogaciones en lo que respecta al ingreso de los oficiales. Sobre esta tesitura ya aumentó las llamadas horas OSPE que son los adicionales/horas extra, en más de un 100 %. Asimismo, se le confiere la potestad de reorganizar toda la estructura policial, a partir de las necesidades que requiera el plan de acción y un llamado a todo el personal “en retiro” para que vuelva en funciones, prometiendo ascensos extraordinarios. Por último, faculta la construcción de todos los establecimientos penitenciarios necesarios para alojar a 3.000 personas.
En síntesis: poner la mayor cantidad posible de policías en las calles, con funciones preventivas. Pero es la misma institución que forma parte en todos los hechos de narcotráfico, con distintos tipos de participación. Perotti tuvo cuatro jefes policiales distintos, uno por cada año de gobierno, por antecedentes comprometedores.
Pullaro, de esta manera, apunta a una “saturación” en los barrios, mediante una mayor cantidad de personal. El mismo tendrá nuevas competencias, ya que podrán intervenir en los “delitos menores” que contiene la Ley Nacional de Estupefacientes debido a la reciente adhesión de la provincia. La ley es famosa por haber sido catalogada como precursora de una “caja negra” en la policía bonaerense y de cuya corruptela nadie duda. El mismo Kicillof, en estos días, fundamentó derogar la ley de narcomenudeo en la provincia de Buenos Aires, ya que implicaba una actividad judicial donde solo el 10 % de las 90.000 causas en los últimos 4 años fueron resueltas.
Por lo pronto, la fecha de inauguración de la cárcel federal en Coronda aún se desconoce. Se estima que se destinaría a los presos de “alto perfil”, término que no es para nada claro. Estaría dotada de una tecnología de vanguardia para impedir que estos lleven a cabo crímenes “home office”, ordenados desde las celdas. Pero es el mismo servicio penitenciario que permite y reglamenta de hecho el delito intramuros. A las condiciones deplorables de la inmensa mayoría de los reclusos, se le sumará la liquidación formal de las garantías en la ejecución de la pena. Las teorías de la resocialización del reo carecen de comprobación empírica, más aún, sucede todo lo contrario cuando esta se incrusta en una organización social decadente. La orientación judicial y punitiva choca con sus propios límites.
Provincia y nación
La relación entre Pullaro y Bullrich se auspiciaba armoniosa. Por el momento, inició con una serie de claroscuros. Este 18/12 la ministra arribó a la ciudad de Rosario para lanzar el “Plan Bandera” junto al mandatario. La excandidata presidencial referenció que desconocía la cantidad de fuerzas federales interviniendo en la provincia, y solo atinó a prometer el involucramiento del ejército “en la logística de la lucha contra el delito”. Con este eufemismo, plantea una nueva ilegalidad -la cual debutó con su protocolo antipiquetes-, al atribuirle funciones que jurídicamente el ejército no puede desarrollar. Solo la resolución de un Comité de Crisis validaría que el ejército tome cartas en el asunto interno, utilizando el ejercicio de la violencia. Hoy en día, no hay nada de esto. Por lo tanto, de ejecutar su planteamiento, ya no hablaríamos de la ilegalidad en la que incurre la funcionaria, sino en la comisión de graves delitos.
Pullaro pretendía un comando unificado en él, monopolizando el direccionamiento de todos los agentes provinciales y federales durante un plazo determinado. Bullrich lo rechazó de plano y dilató cualquier otra precisión a futuras reuniones con el gobernador. Las dudas con respecto a la operatividad de esta estrategia invaden a la cartera provincial. Este desconcierto puede haberlo hecho cambiar de opinión a Pullaro, quien había celebrado el protocolo antipiquetes, para ahora criticarlo. Anunció que no reprimirá manifestaciones masivas. Por último, Bullrich prometió una reforma del art. 34 del código penal, donde se encuentra legislado el derecho de legítima defensa. Pretende una reforma reaccionaria, en el sentido de que contenga una enunciación que garantice la “doctrina Chocobar” y en su caso el gatillo fácil.
De esta manera, se auguran mayores crisis y cortocircuitos que sobrevendrán en una situación política excepcional.
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