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Con el DNU y la ley ómnibus se eliminan y modifican una importante cantidad de leyes ambientales. En general, se eliminan presupuestos mínimos de las normas de glaciares y bosques, se flexibilizan controles y se elimina la obligatoriedad de las comunidades en el acceso a la información. Como sucede con todo este paquete, existen intereses capitalistas directamente beneficiados, los cuales han sido apuntados con nombre y apellido en la reciente intervención del abogado ambientalista Enrique Viale, en el plenario de comisiones del Congreso Nacional.
En primer lugar, las modificaciones de la Ley de Bosques favorecen a los grandes terratenientes que se verían habilitados para desmontar hectáreas que eran previamente protegidas. Es el caso de Eduardo Elsztain, titular del pulpo IRSA que controla la firma Cresud para la explotación de granos, cereales, carne y caña de azúcar. En Salta, Elsztain ya desmontó 120.000 hectáreas y aguarda desmontar otras 150.000 hectáreas más que hoy están protegidas por esta ley. Se estima que ya lleva desmontadas 1 millón de hectáreas en todo el país. Elsztain es el dueño del Hotel Libertador que ofició de vivienda para Javier Milei durante su campaña.
Otros empresarios que se favorecen con la actividad de desmontes son Mauricio Macri y su empresa SOCMA, que pretende desmontar 10.000 nuevas hectáreas en Jujuy en la finca Yuto, y hasta el propio ministro de Economía, Luis Caputo, que posee hectáreas en el departamento de Copo (Santiago del Estero).
Según lapoliticaonline (22/01) habría cambios en la propuesta original sobre la ley de bosques por una "defectuosa redacción" y una "confusión evitable". Habrá que esperar la versión definitiva para saber qué alcance tiene realmente, pero el propósito de ofrecer nuevas porciones de tierra para el lucro privado es manifiesto.
En el mismo sentido están las modificaciones de la Ley de Quemas. Viale recordó que recientemente se ha prendido fuego un 12 % de la provincia de Corrientes y otro tanto ha sucedido en Rosario, con el objetivo de convertir pastizales en zonas aptas para el cultivo. Comparó lo sucedido con lo promovido por Bolsonaro en Brasil que causó un desastre manifiesto en la Amazonia. Festejan las empresas forestales y el agronegocio.
El DNU vigente hasta el momento ya derogó la ley de tierras rurales, que establece un límite del 15 % de la tierra rural para la posesión por parte de extranjeros, prohíbe que un mismo titular extranjero acumule más de 1000 hectáreas en la zona núcleo (sur de Santa Fe y Córdoba y norte de Buenos Aires) y determina que personas o empresas extranjeras no podrán adquirir territorios ribereños o que contengan cursos de agua de envergadura.
En cuanto a la Ley de Glaciares -que prohíbe la minería sobre glaciares o ambientes periglaciales-, el beneficiario directo con las nuevas modificaciones es el pulpo minero Barrick Gold, que había denunciado a esta ley por inconstitucional, perdiendo el litigio en 2019 en la Corte Suprema. La Barrick explota las minas de oro en Veladero, en San Juan, y Pascua en la Cordillera de los Andes y también exige que se recategoricen zonas protegidas. Los Kirchner han sido socios estratégicos de la Barrick y su explotación con cuantiosos beneficios fiscales. CFK se ha reunido personalmente con Peter Munk, el CEO de la multinacional, durante su presidencia y vetó una primera ley de glaciares en 2008. En el transcurso de la explotación minera, Barrick Gold ha arrojado arsénicos como el cianuro y el mercurio a los ríos. Estas modificaciones pasarían intactas en las negociaciones que se están llevando a cabo en el Congreso (ídem).
Sismos en Vaca Muerta
Además, entonces, de establecer la “libertad” para quemar, desmontar, envenenar, existe la libertad para generar sismos. El 21 y 22 de enero se produjeron dos sismos en la localidad de Añelo, en Neuquén, la ciudad cabecera más importante de la explotación de gas no convencional de Vaca Muerta. Uno de ellos tuvo una magnitud de 3,9 en la escala de Richter. Se trata de “sismos inducidos” como consecuencia de la operación del fracking. Este método consiste en perforar la roca hasta alcanzar la ubicación de los hidrocarburos, detonar la roca con explosivos y luego inyectar gigantescos volúmenes de una mezcla de agua, arena y productos químicos a presiones extremas. En 2023 se registraron 67 sismos inducidos (vacamuertanews, 22/). La población aledaña a Vaca Muerta ha sufrido deterioros en las viviendas y viven con temores constantes a los temblores.
El Observatorio de Sismicidad Inducida ha puesto en duda si YPF, una de las principales empresas que explota el yacimiento, está ejecutando sus protocolos antisísmicos. Es que los controles sobre la actividad sísmica -que ya no se niega- están enteramente a cargo de las propias empresas y están garantizados por cláusulas de confidencialidad, lo cual fue cedido de esta forma por el Estado.
La ley Ómnibus, establece entre otras cosas la liberación de precios a las empresas exportadoras de petróleo y gas en toda la cadena productiva, para su alineamiento con los precios internacionales, y mantiene un límite reducido en la obligación de volcar la producción para el abastecimiento interno. Vaca Muerta y el fracking son la nave insignia.
El medioambiente, una “propiedad” para lucrar, al menos por un tiempo
Viale mencionó en su alocución un dato importante: el desarrollo del extractivismo es proporcional al desarrollo de la pobreza. La clase obrera es extorsionada con limitadas fuentes de trabajo, extensas jornadas de trabajo, salarios de miseria, al tiempo que extensiones enteras del suelo se contaminan y transforman en verdaderos páramos. La CGT le ha dado la espalda a defender integralmente a la fuerza de trabajo y al entorno natural, por ello no reclama por estos cambios introducidos en el DNU y la ley ómnibus.
Milei se ha declarado enemigo de la llamada “agenda ambientalista” la cual, sin embargo, está lejos de ser una barrera protectora de la naturaleza. Las consecuencias están a la vista con la proliferación de sequías, inundaciones, brutales tormentas, incendios, olas de calor extremo y sismos inducidos. Al mismo tiempo, estas secuelas -muchas de ellas irreparables- establecen limites económicos; Alberto Fernández se autoconvenció que el naufragio de su gobierno fue obra de la pandemia y de la sequía. Para un sector definido del capital que apoya efusivamente a Milei, terminar con las leves restricciones que establecen las normativas ambientales significaría establecer nuevos mojones de ganancias que deben producirse rápido y a corto plazo. Con otra libertad fundamental: la de remitir utilidades a las casas matrices -como ya lo tienen la megaminería y el petróleo--.
Es por ello que el DNU y la ley ómnibus deben ser derribadas enteramente. Solo un gobierno de trabajadores que desplace del poder al capital podrá establecer las formas productivas que aseguren el cuidado sustentable del medioambiente.
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Los candidatos y la cuestión ambiental Por Patricia Urones, 11/10/2023.
