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Habiendo leído recientemente la carta que trabajadores de OSPLAD enviaron a carta de lectores, me siento en el compromiso de contar un poco que es lo que vivimos quienes estamos afectados como afiliados y pacientes. La obra social de los docentes de la educación privada (OSPLAD), forma parte del abanico de cajas negras con las que sectores bien definidos de la burocracia sindical de CTA cuenta para sostenerse. El constante y progresivo vaciamiento de la entidad de salud, está vinculada de manera directa y sin escrúpulos, al sostenimiento de aparatos políticos y campañas sindicales dentro de la CTA. Yasky le debe mucho, en este sentido a los fondos de la obra social docente.

En este cuadro, es que presentan la “discontinuidad” de reintegros de costos por parte de la Superintendencia de Salud, como artilugio para aplicar un ajuste estructural en la obra social, enmarcada directamente en una situación virtual de quiebra. En la misma medida que los salarios de sus trabajadores no son pagados, los servicios médicos y prestaciones para los afiliados son suspendidos y recortados.

Los afiliados, en muchos casos docentes y auxiliares de la educación privada jubilados, se encuentran frente a un panorama de desatención médica y sin el suministro de medicamentos y estudios necesarios. En mi caso, como afiliado con discapacidad crónica, desde marzo, me encuentro batallando por todos los medios legales disponibles, por garantizarme la entrega del medicamento esencial, que forma parte de mi tratamiento. Tratamiento, por otra parte, que se encuentra amparado por múltiples artículos legales y derechos constitucionales.

La discontinuidad de los tratamientos, pueden ocasionar perjuicios a la salud muy graves. Mientras tanto, una parte acusa a la superintendencia de no reintegrar los costos en tiempo y forma, y la otra recusa a OSPLAD de no cumplir con la ley al negar los medicamentos. Ambas cosas son ciertas, pero no debemos perder de vista el vínculo intimo entre las direcciones sindicales que se sostienen sobre los fondos de las obras sociales vaciadas (entre otros recursos) y el Estado; eh ahí el meollo de la cuestión.

¿La superintendencia desregulariza el reintegro a las obras sociales? Sí. Pero las obras sociales están vaciadas por el desvío de fondos hacia el sostenimiento de los aparatos sindicales burocráticos y los negocios personales.

La denuncia por el recorte, por el ajuste, por el no pago de salarios, por la incertidumbre laboral y por la no prestación de servicios o entrega de medicamentos, deben ir indudablemente ligadas a la denuncia hacia la burocracia sindical y al vínculo de esta con el Estado y los partidos patronales.

Las obras sociales, son una conquista histórica del movimiento obrero con la que se garantizaban prestaciones de salud. Sin embargo, somos los trabajadores (afiliados y empleados) quienes estamos hoy, siendo bastardeados.

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