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Para el gobierno, el retiro del ´capítulo fiscal´ de la ley ómnibus es un recule que pretende cerrar, de una vez por todas, la crisis planteada por su empantanamiento en el Congreso. Pero el impasse del gobierno no es simplemente parlamentario.
Caputo retiró los puntos de la megaley relacionados al aumento de las retenciones, nuevos impuestos, el blanqueo de capitales y los cambios en la movilidad jubilatoria. La renuncia a esos ingresos implica, según los especialistas, el equivalente de un 1,5 % del PBI, la tercera parte del déficit fiscal que el gobierno se comprometió a llevar a cero ante el FMI. En la conferencia de prensa, Caputo aclaró lo evidente -que no renunciaba a ese déficit cero y que los ajustes deberán venir por el lado del gasto-. En la fila de esos recortes, aparecen en primerísimo lugar los jubilados: al dejar intacta a la “vieja” movilidad jubilatoria, el gobierno se embolsará entre 15 y 20 puntos de los haberes en el reajuste del primer trimestre de este año. Este resultado se obtiene de la diferencia entre la inflación galopante de estos meses y el índice de movilidad, que desconoce a la inflación. Para el reajuste siguiente, en marzo, estará el impacto de la devaluación que todos descuentan y que desatará otro salto inflacionario. Con la renuncia a la suba de impuestos, Caputo-Milei se aferran al “método” Massa-Cristina-Alberto para ajustar -es decir, la confiscación inflacionaria de las jubilaciones y, por la misma vía, de los gastos sociales y salarios estatales-. O sea que los apóstoles de la estabilidad monetaria han prorrogado y amplificado al régimen hiperinflacionario nacional y popular. Milei acaba de decirle a la CNN que estamos “cada vez más cerca de la dolarización”, como consecuencia de la pulverización de la moneda nacional. Para dolarizar necesitará, sin embargo, reunir reservas internacionales suficientes, lo cual está lejos de ocurrir.
Más allá de esa licuación , los ajustes de gasto deberán ir más lejos -con ese propósito, los mesadineristas Caputo y Posse asumieron el control completo de la llamada “infraestructura”. La suspensión de los impuestazos y del blanqueo deberá ser compensada, por ejemplo, con una acentuación de los tarifazos y con un plan de privatizaciones y enajenaciones, que no excluye al Fondo de Garantía del Anses. Caputo le ofrecerá a los gobernadores “coparticipar” en los recursos que aporte la liquidación del Fondo -lo mismo podría ocurrir con el producido de otras privatizaciones parciales, como la del Banco Nación-.
Crisis política
Pero nada de esto disipa a la crisis de poder que deja planteado el empantanamiento de la ley ómnibus. Ocurre que el retiro o la postergación de la suba de impuestos y el blanqueo agiganta la importancia de la delegación de poderes que los opositores dialoguistas acordaron ceder por al menos un año. A nadie escapa que, desde el punto de vista institucional, los impuestos o recortes drásticos deberán seguir ahora la vía de los decretazos. Los opositores tendrían que otorgar unas facultades especiales en materia impositiva, que servirán para ejecutar sumariamente las cuestiones que ellos objetaban en la ley -por ejemplo, la suba de retenciones-. En su “amable” conferencia de prensa, Caputo anticipó que la ausencia de un acuerdo acentúa la necesidad del régimen de decretos, sin demora alguna. Por lo pronto, la retirada fiscal de Caputo deja colgado de un pincel al “flamante” acuerdo con el FMI, sustentado en la promesa de mayores ingresos fiscales. El fracaso del acuerdo parlamentario transforma al ajuste de Caputo -Milei en la promesa de un ajuste, que dependerá de los futuros decretos y los eventuales -y por ahora improbables- acuerdos parlamentarios para la aprobación de leyes fiscales por “separado”. Ni qué decir que los “mercados” podrían recibir este nuevo escenario con un pulgar para abajo, cuando les toque abrir el lunes.
Horas antes de la conferencia de Caputo, el inefable Pichetto se había ocupado de descartar un acuerdo por la megaley, y reclamó “una coalición” (de gobierno). Pero esa coalición no es el régimen de decretos de los mesadineristas Caputo y Posse. Pichetto ha reclamado otro régimen político. Si esa tesitura domina al flamante rejunte de gobernadores, la ley ómnibus seguirá en el pantano y Caputo deberá volver a su mesa de dinero particular. La coalición que promueve Pichetto, y la “voz alzada” de los gobernadores, en nombre de los intereses pesqueros, sojeros, petroleros y mineros, insinúa un gobierno alternativo al de la enclenque experiencia libertaria. Ninguno de ellos, sin embargo, tiene una salida para la bancarrota financiera de Argentina diferente a la ultrarreaccionaria de Caputo-Milei.
La clase obrera
Los medios o voceros del kirchnerismo, de la burocracia sindical -y también del FITU, que siguen como una sombra a los anteriores- se han apresurado a atribuirle al paro del miércoles la crisis política de los días siguientes. Han celebrado al recule fiscal de Caputo como una victoria propia. Ello no puede sorprender, porque las acciones de la burocracia y el pejotismo han sido presididas por una consigna de unidad nacional –“la patria no se vende”-. En la “patria”, revistan los explotadores de la soja, el citrus, el litio o el gas, que defienden sus prerrogativas de clase, mientras apoyan la liquidación de los derechos laborales y democráticos que surge del DNU y la megaley. Es la unidad con los gobernadores y los intereses sociales que se encarnan en ellos.
Desde el punto de vista de sus consecuencias, el viraje oficial sólo ha redistribuido las fichas al interior de los explotadores. En cierto modo, Caputo-Milei han vivido su propia “125” -tuvieron que retroceder frente al capital agrario y exportador y otros intereses capitalistas similares-. Pero la ley ómnibus mantiene en pie a la criminalización de la protesta social, mientras que la reforma laboral del DNU apenas ha sido suspendida por precarias resoluciones judiciales. Mientras tanto, el gobierno y las patronales les han impuesto a trabajadores y jubilados una gigantesca confiscación inflacionaria de salarios y jubilaciones, que se agravará con los próximos tarifazos y devaluaciones. Son esos enormes “méritos” y servicios al gran capital los que podrían llevar a la oposición dialoguista y a la burguesía a rescatar a la megaley y al propio gobierno de Milei.
Es necesario considerar este escenario de conjunto para promover, con una enérgica agitación y organización, una acción general contra el gobierno usurpador. El programa que puede desarrollar esa lucha es el aumento inmediato de salarios y jubilaciones, el retiro incondicional del DNU y la megaley del Congreso, la defensa del derecho de organización, movilización y huelga, terminar con el gobierno usurpador. En cambio, la burocracia sindical tramita la defensa de sus propios privilegios y los intereses capitalistas que campean detrás de los gobernadores. El camino son las autoconvocatorias y coordinadoras y la preparación de una huelga general.
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