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Argentina se encuentra envuelta hoy en un debate acerca de si el planteo económico y político del gobierno conduce a una reestructuración estratégica de las relaciones sociales prevalecientes y a una salida ascendente. O, por el contrario, a un estallido prerrevolucionario, bajos formas propias, como los que ocurrieron en ocasión del Rodrigazo (1975) o en 2001. Las principales previsiones políticas están condicionadas por estas alternativas.
Bajo el caprichoso argumento de “realinear los precios relativos”, el paquete que ha lanzado el gobierno apunta a evitar un default y a dar sustento a una deuda pública enorme en cuanto a su tamaño y sus plazos. Los aumentos de tarifas asignados a los servicios de salud, energía y transporte no guardan relación con el alineamiento de precios, porque se trata de sectores monopólicos; en ausencia de competencia hablar de precios relativos constituye un abuso. La misma devaluación reciente del peso no fue determinada tampoco por la mágica mano del mercado, sino por un Banco Central que ha mantenido el congelamiento de las importaciones y la expatriación de servicios, porque carece de reservas internacionales. Algunos consultores habían cifrado en 660 pesos el llamado tipo de cambio de equilibrio; los mismos partidarios del gobierno han reconocido que los 800 pesos asignados a la devaluación tienen el propósito de servir como ‘colchón’ frente a la expectativa de mayores presiones inflacionarias. El salario, por otro lado, que es uno de los precios relativos, el de la fuerza de trabajo, ha perdido un enorme poder adquisitivo, a pesar de una tasa de desocupación relativamente baja y por lo tanto una escasa competencia entre los obreros, y a pesar de contar con sindicatos, que en realidad trabajan para las patronales. Este plexo de medidas obedece al propósito de revalorizar la deuda pública; facilitar, de este modo, el pago de los intereses y la posibilidad de una refinanciación; y evitar un default.
La deuda pública de Argentina es una sumatoria de deudas. De una deuda bruta del Tesoro que, con vaivenes de cotización, es de alrededor de 400 mil millones de dólares, más las deudas de provincias, organismos estatales y, la muy importante del Banco Central, que entre los llamados ‘pases’ y Leliqs, añade otros 30 mil millones de dólares. Todo sumado, como la admitió Milei en forma pública, el Estado nacional debe más de 500 mil millones de dólares –algo que está por encima del producto bruto interno. En 2020/1, la imposibilidad de hacer frente a la porción extranjera de la deuda llevó al ex ministro Guzmán y a algunos gobernadores a negociar su refinanciación. Los pagos que fueron postergados han comenzado a convertirse en efectivos a partir de este mes de enero.
La alternativa de declarar un default ha sido juzgada como la más conveniente por parte de algunos voceros del capital internacional, como es el caso del Financial Times, el órgano de la City de Londres. Es que una quita de capital de esa deuda, una reducción de los intereses y un alargamiento de plazos, evitaría el ajuste sangriento que impulsa el gobierno libertario y la posibilidad de una rebelión popular. En el caso de la deuda extranjera, los acreedores ya han asimilado una pérdida relevante, como lo demuestra que los títulos en dólares cotizan al 40% de su valor. Una nueva refinanciación de esta deuda permitiría que los dólares que ingresarán este año por el incremento de las exportaciones no se disipen en el pago de intereses e incluso amortización parcial del capital. Milei, sin embargo, representa a quienes buscan lucrar con un ajuste violento que les permitiría adquirir empresas del Estado, obtener concesiones petroleras y mineras y recuperar el financiamiento internacional por medio de estos emprendimientos.
La carga de la deuda pública se ha incrementado potencialmente en forma extraordinaria en términos de pesos, como consecuencia de la devaluación. Es un ciento por ciento más elevada en la moneda nacional que recauda el Tesoro para financiar los gastos del Estado. El campeón del superávit fiscal ha dejado plantado un aumento escandaloso del déficit financiero del Estado. Para hacer frente a este precipicio impulsa los tarifazos (corte de subsidios) y, significativamente, la inflación. El crecimiento exponencial de los precios produce un incremento también excepcional de diversos impuestos, pero en especial del IVA. El gobierno reivindica, con toda impunidad, el propósito de pulverizar la base monetaria de Argentina, con plena conciencia de que esto lleva a una recesión económica excepcional.
Esta política inflacionaria agrava la dificultad de atender el servicio de la deuda pública en pesos, que se ajusta por dólar e inflación. A diferencia de una declaración de default de la deuda extranjera, el default de la deuda interna implica el colapso de la moneda y del Estado. Es así que Caputo ha anunciado el propósito de emprender un canje ‘voluntario’ de la deuda en pesos –que calculó en el equivalente a 70 mil millones de dólares (84 billones de pesos); “el 41% de toda la deuda potencialmente elegible se encuentra en manos privadas” (Infobae, 9/1).
Sin embargo, “Por la posibilidad de un canje de deuda (en pesos) cayeron fuertemente los bonos”; se pasaron de deuda CER a CCL (dólar). El 30% de esta deuda -21 mil millones de dólares- se encuentra en manos de los bancos; la zanahoria para los bancos es que el canje por nueva deuda, a precios de mercado, les reconocería el incremento del precio de los títulos por la inflación diciembre-febrero, que se calcula en un 80 por ciento. Los bancos que desistan del canje venderían sus bonos a cambio de dólares (una operación que Milei todavía no ‘liberó’, o irían al paralelo, como ha ocurrido). El famoso superávit fiscal depende del éxito del canje, pues de lo contrario el Tesoro deberá pagar la amortización de esa deuda en el curso de 2024. El gobierno se balancea en un escenario financiero que no tiene, al menos por ahora, red de seguridad. Lo que deja claro este escenario volátil y hasta explosivo, es que el gobierno de LLA está forzado a seguir una política de violento ajuste social ‘caiga quien caiga’. O sea, de confrontación con los trabajadores.
La crisis planteada explica el manotazo del proyecto de ley ómnibus contra el Fondo de Garantía del Anses. A noviembre pasado los activos del FGS redondeaban los 39 mil millones de dólares –unos 6 mil millones de dólares en acciones de un variado grupo de grandes compañías y bancos. La crisis financiera ha dejado en evidencia el carácter de la llamada deuda interestatal, por medio de la cual el resto del Estado financiaba al Tesoro. En febrero pasado, el manotazo venía de la mano de Massa y su vice Rubinstein, que querían canjear los bonos en dólares de Anses por bonos en pesos. En esta operación tenemos otro hilo de continuidad entre el gobierno anterior y el actual. Massa quería esos bonos para controlar la cotización del mercado paralelo del dólar. Milei pretende simplemente confiscarlos. Es que Anses, así como otros organismos del Estado, son independientes del Tesoro –como enseñan en Contabilidad Pública en la UBA. Forman parte de su estructura de financiación. Los activos de Anses, sean bonos o acciones, fueron comprados por las AFJP con el dinero de los aportistas en ocasión de la privatización previsional. Caputo quiere sacar esos bonos del mercado y elevar la cotización de la masa restante; es una transferencia a los acreedores privados. En cuanto a las acciones en poder del FGS, la recompra es una vieja aspiración de Rocca, Techint y la patria capitalista, lo que desatará una pulseada por su cotización. Da la impresión que el grupo de empresas que se han apropiado del gobierno de Milei procuran apresurar sus negociados, como lo hizo Bunge y Born con Menem, para reubicarse en las bambalinas frente a un gobierno con destino incierto. Es lo que también ocurre con la emisión de un bono para cancelar las deudas con los importadores que fueron autorizados a importar, al tipo de cambio oficial, sin que se les diera las divisas correspondientes. Pablo Lavigne, un libertario de la Secretaría de Comercio, señala atinadamente que cada permiso de importación “generaba una renta”. “Así nos encontramos ahora, dice, con más o menos 25 mil millones de dólares al día de hoy de deuda comercial” (Ámbito), que se reconoce al tipo de cambio actual cuando fue contraída al tipo de cambio establecido bajo el gobierno anterior.
Esta llamada “consolidación de cuentas” entre el Tesoro y empresas y organismos del Estado deja afuera al Banco Central, que tiene en sus activos 70 mil millones de dólares entre bonos y letras intransferibles de valor cero desde hace dos décadas. Una auténtica consolidación de cuentas dejaría en evidencia la quiebra irreversible del Banco Central, que ha entregado todas sus reservas internacionales a lo largo del tiempo para pagar la deuda pública a cambio de estos papeles sin valor. Milei no hace esta consolidación para seguir financiando el pago de la deuda externa por medio de emisión monetaria a cambio de letras intransferibles como lo acaba de hacer hace una semana.
El FMI le ha encargado a Milei la acumulación de 10 mil millones de dólares para reservas netas y líquidas, lo que implica sumar 20 mil millones, porque el Central tiene deudas de corto plazo por otros 10 mil millones –6.500 millones de dólares con el ‘comunista’ Xi Jinping. El FMI le ha prohibido operar con dólares en el mercado financiero y de futuros (como ya lo había hecho en 2018, que Caputo ignoró olímpicamente). El encargo del FMI constituye una receta fuertemente recesiva, porque supone una reducción fuerte de las importaciones. Ese objetivo de acumulación es, sin embargo, potencialmente inconsistente con el pago de intereses y servicios de la deuda, más allá de la transferencia de utilidades e intereses de las empresas al exterior. El saldo de las exportaciones que se esperan a partir de abril próximo quedaría absorbido por estos compromisos y por la deuda pública actual. En este punto no puede soslayarse que el crecimiento de los precios está absorbiendo la última devaluación y quitando competitividad a la exportación. Una nueva devaluación, en marzo o abril, sería explosiva. Javier Milei podría estar recorriendo el camino de su ex colega británica, la ex primer ministra Liz Truss, que voló en 45 días del cargo, luego de que pretendiera imponer un programa libertario que casi quiebra a la Bolsa de Londres.
Milei apuesta a atravesar los próximos meses de inflación hiper y llegar a un equilibrio de cuentas como consecuencia de la cosecha. Para varios observadores, un fracaso abriría la alternativa de una dolarización. La expectativa de retornar a los equilibrios gloriosos del pasado (que ubican un siglo atrás) está fuera de lugar. A nivel de la economía mundial, hace tiempo que han dejado de prosperar experiencias como las de Corea del Sur o Taiwán, en el marco de los años de ascenso de la última posguerra. La tentativa de encajar socialmente a Argentina en el mecanismo de sostener la deuda pública extraordinaria y creciente, plantea un escenario de situaciones prerrevolucionarias y revolucionarias.
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