“Los buenos son los de azul”: la motosierra impulsa una crisis explosiva dentro de las fuerzas represivas

Desde comienzos de este año, más de 2.200 agentes de las fuerzas represivas federales se dieron la baja voluntaria, alcanzando un récord histórico de bajas en el sector. La crisis más aguda se concentra en la policía federal, con más de 400 bajas, que se extienden a 600 si se suman médicos, enfermeras y personal administrativo. La cifra es sólo de los últimos seis meses, que contrasta con el promedio de 100 bajas anuales que se pedían anteriormente. La olla de esta crisis se destapó con el suicidio de un suboficial en el baño del hospital Churruca luego de padecer las consecuencias del vaciamiento del hospital de referencia de la policía federal. El motivo principal de las bajas es por los magros salarios y el vaciamiento de la obra social. Agrupaciones de agentes de la federal apuntan contra la gestión de la ministra Bullrich.

La crisis también se extiende a la policía bonaerense de Axel Kicillof. El diario La Nación sostiene que “la pelea entre Bullrich y Kicillof por la purga policial tuvo poco impacto en una fuerza preocupada por los salarios”. Además de las quejas salariales, explica el diario, los efectivos agregan a sus reclamos “supuestos maltratos de los oficiales jefes hacia sus subalternos, los recargos de servicio, los atrasos en los pagos de las horas adicionales y la falta de una cobertura médica”. Fuentes del sector sostienen que un porcentaje de efectivos policiales de la provincia comenzaron a trabajar, en paralelo, como choferes de aplicaciones de viajes tipo Uber. La situación salió a la luz con el caso de Daniela Fernanda Luna, agente activa de la policía bonaerense que fue asesinada en un robo mientras trabajaba para una aplicación de viajes.

El deterioro salarial generalizado de las fuerzas represivas representa un negociado para las cúpulas de las mismas: “la necesidad de muchos policías de buscar un ingreso adicional se convirtió en una fuente de recaudación ilegal de algunos jefes policiales que firman licencias por carpeta médica o las planillas de asistencia a cambio de un porcentaje del sueldo del agente que lo solicita. Esta maniobra permite a los efectivos concurrir a otro trabajo y tienen el presentismo asegurado” (La Nación, 25/7).

La motosierra libertaria ha extendido la crisis también en las Fuerzas Armadas. Otro artículo, también de La Nación, asegura que “entre el 56 % y el 60 % de los uniformados conviven con la amenaza de quedar por debajo de los niveles de pobreza”. A la cuestión salarial se le suma el quebranto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), la tercera obra social más grande del país, cuya deuda supera los $160.000 millones y decidió interrumpir en todo el país la cobertura de prestaciones de medicamentos de alto costo, suspender una gran cantidad de servicios y cerrar miles de farmacias. Según La Nación, “en diciembre de 2023, al asumir el gobierno de La Libertad Avanza, IOSFA se encontraba saneada y con superávit”. Desde el inicio de la gestión libertaria con Luis Petri en el Ministerio de Defensa, la dirección de IOSFA ha cambiado de manos varias veces, con sucesivas crisis. Su presidente anterior, Roberto Fiochi, renunció luego de pedir un préstamo por $40.000 millones al Instituto de Ayuda Financiera, con un interés anual del 52 %. La deuda de la obra social hoy crece a razón $19.000 millones por mes.

La crisis de las fuerzas represivas abarca todos los sectores. Las bajas voluntarias han crecido en Gendarmería (386), Prefectura Naval (322), Policía de Seguridad Aeroportuaria (177), el Servicio Penitenciario Federal (292), Fuerza Aérea (193) y la Armada (234). En este último caso, “las bajas afectaron la dotación de oficiales en algunas áreas técnicas claves, como el sector de máquinas, en las jerarquías de tenientes de fragata y tenientes de navío”, dijo una fuente naval a La Nación. La excepción es la Policía de la Ciudad, cuyos salarios son un 50 % más altos que los de sus pares de la federal.

Dentro de la policía federal, la agrupación “Azules por Siempre” dirigió una carta pública a la ministra de seguridad Patricia Bullrich, donde denuncian a la dirección de la Superintendencia de Bienestar, que “bajo la dirección del Comisario Mayor Fabio Adrián Fara, enfrenta denuncias por múltiples irregularidades contables, financieras y administrativas: compras sin licitación, gastos poco transparentes y presuntas maniobras dolosas que perjudican directamente a los afiliados”. La ministra, que no ha respondido ni hecho alusión a la carta, sospecha de la filiación de una cantidad importante de sectores de las fuerzas represivas con la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien el presidente Javier Milei acaba de acusar de utilizar fondos públicos para viajar con el fin de “hacer rosca” contra el propio gobierno.

Mientras el gobierno tiene su estrategia direccionada en función del alineamiento internacional de la Argentina con la guerra mundial el imperialismo y el sionismo, y con la participación del imperialismo en la represión y el espionaje internos, las propias contradicciones del gobierno se están encargando de horadar los pies de barro de la política represiva liberticida.